Los tres días de huelga de jueces y fiscales para protestar contra las reformas legislativas impulsadas por Félix Bolaños han acabado con las posiciones todavía más alejadas. Las cinco asociaciones que la han convocado y el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes continúan enfrentados por los motivos del paro y, además, ahora discrepan sobre el seguimiento de la huelga. Desde el primer momento, los jueces y fiscales han denunciado que la independencia judicial está “bajo amenaza” por dos iniciativas legislativas que “van encaminadas a convertir al poder judicial en un poder con minúscula, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, y más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder”. En cambio, Bolaños esgrime que “ni una sola línea de las reformas de la justicia afecta ni a la independencia judicial ni al Estado de derecho”, alega que las reformas son “absolutamente imprescindibles” y asegura que los motivos de la protesta son “infundados”. “Se trata de una huelga histórica, ya que nunca antes ha habido tres días consecutivos de movilización de jueces y fiscales, ni un seguimiento tan masivo, en defensa de la independencia judicial y del Estado de derecho”, han reivindicado hoy las cinco asociaciones que la han convocado. Ha sido la sexta huelga de jueces y la cuarta de fiscales de la historia.
📝 Seguimiento masivo de la huelga contra las reformas de Bolaños: se suman el 75% de los jueces y fiscales
🔎 Jueces y fiscales inician una huelga de tres días para plantar cara a las reformas impulsadas por Bolaños
Los jueces y fiscales esgrimen que la huelga era una “medida legítima, proporcionada y responsable” y un derecho fundamental del que no se puede excluir a los jueces. Ahora bien, Félix Bolaños la ha intentado desacreditar: “Lo tendremos que llamar de otra manera, pero huelga no será. […] La eventual huelga intenta presionar al poder legislativo”, dijo el miércoles en la SER. Asimismo, en un pleno extraordinario, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) concluyó por unanimidad que el “ejercicio del derecho a huelga de jueces y magistrados carece, en el momento actual, de apoyo normativo, por lo cual no es procedente tener por anunciada la convocatoria de huelga ni fijar servicios mínimos”. Y tuvieron que ser las asociaciones convocantes las que establecieran los servicios mínimos.
El Ministerio de Justicia pidió al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado, como órganos de gobierno de los jueces y los fiscales, el nombre y apellidos de las personas que secundaran la huelga para poder descontarles los sueldos. Sin embargo, esta información no ha llegado. “El derecho a huelga conlleva un derecho, que es parar, y un deber, que es no cobrar ese día de trabajo. Para no cobrar, hay que comunicar al organismo pagador las personas que han ejercido el derecho a huelga. En este momento, el número de personas que se nos ha comunicado y, por lo tanto, les deduciremos el día de salario ha sido exactamente de cero”, esgrimió ayer Félix Bolaños en la SER. Y hoy le ha contestado la Comisión Permanente del CGPJ: “El CGPJ carece de competencia para recabar imperativamente datos de identidad de quienes participen en una huelga que el pleno tuvo por no anunciada”.
La guerra de cifras: del 70% al 29%
El primer dato sobre seguimiento de la huelga de jueces y fiscales lo aportaron las asociaciones convocantes al mediodía del primer día: el 75%. El dato se basa en el número de correos electrónicos que recibieron de parte de los jueces y fiscales que decidieron comunicarlo voluntariamente a través de la cuenta que habilitó el comité de huelga. “Cualquier parecido de esta cifra con la realidad es pura coincidencia”, contestó el ministro Félix Bolaños el día siguiente en una entrevista en la SER. El día siguiente, las asociaciones informaron de un seguimiento del 70% y hoy, del 65%. Por lo tanto, de media, la han secundado siete de cada diez jueces y fiscales. En cambio, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes rebaja mucho más las cifras. Según los datos oficiales facilitados por los secretarios de Gobierno de los tribunales superiores de justicia a partir de las incidencias que ha habido, el seguimiento el 1 de julio fue del 28,75% y el 2 de julio, del 30,84%.
Y un último dato. El Colegio de la Abogacía de Madrid cifró en un 48,8% los procedimientos suspendidos en la primera jornada de la huelga. Hubo una “afectación significativa en la actividad judicial” con “fuerte incidencia” en Madrid con un “nivel de cancelaciones” que generó un “efecto de parálisis significativa en juzgados de todos los órdenes jurisdiccionales”. Concretamente, de un total de 945 juicios señalados, fueron suspendidos 461.
Las cifras de seguimiento que facilitaron los convocantes suponen el dato más alto de la historia. En los cinco precedentes, el seguimiento de las huelgas había girado en torno al 60% (excepto la de octubre de 2009, que fue convocada únicamente por la APM y llegó al 36%). El récord lo tenía la de mayo de 2018, que fue la primera convocada por todas las asociaciones y sirvió para reclamar al ministro popular Rafael Catalá reforzar la independencia judicial y de la Fiscalía, mejorar las condiciones profesionales y modernizar la Administración de Justicia. En esas ocasiones, el CGPJ sí que facilitó datos, que oscilaron entre el 23% (en octubre de 2009) y el 55% (en mayo de 2018).
Las razones que han llevado a la huelga
La huelga la han impulsado la Asociación Profesional de la Magistratura (conservadora y mayoritaria), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, así como la Asociación de Fiscales (también conservadora y mayoritaria) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Solo se han desmarcado de ella las progresistas Juezas y Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales y la asociación catalana Àgora Judicial. El primer aviso fue el paro de 10 minutos que tuvo lugar el miércoles 11 de junio. Pocos días después, las cinco asociaciones que lo habían promovido dieron un paso más y anunciaron que irían a la huelga. Como antesala de esta nueva protesta, convocaron una concentración delante del Supremo en la que asistieron más de 1.000 jueces y fiscales y un total de entre 5.000 personas (según los convocantes) y 3.000 personas (según la delegación del Gobierno).
¿Por qué han protestado? Hay dos leyes en la diana. Sobre la que modifica el acceso a las carreras judicial y fiscal (que se está tramitando en el Congreso), critican (entre muchas otras cosas) que se conviertan a más de 3.000 jueces y fiscales sustitutos en jueces y fiscales a todos los efectos “en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”. Creen que esto crea “diferentes vías de acceso” para ser juez o fiscal: “Una, ardua y difícil, de mucho estudio, para los que no tienen contactos, y otra de más sencilla para que la transiten aquellos a quien le interese en cada momento al poder político”. Por otro lado, denuncian que la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (que todavía no ha salido del Consejo de Ministros) quiere “aumentar las competencias” del fiscal general del Estado “sin ningún tipo de filtro previo”, cosa que, sumada a la “eliminación de garantías de autonomía” de los fiscales, “incrementará todavía más el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción”.
Los jueces y fiscales progresistas, en pie de guerra contra una enmienda del PSOE a la misma ley
Las dos únicas asociaciones que se han desmarcado de la huelga (así como la catalana Àgora Judicial) han sido la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Juezas y Jueces para la Democracia (JJxD). Sin embargo, la paz entre ambas y el Gobierno empieza a resquebrajarse. Eso se debe a una enmienda que ha registrado el PSOE en la tramitación de la ley de reforma de la carrera judicial y fiscal en el Congreso con el objetivo de que los jueces y fiscales sustitutos queden adscritos al tribunal superior de justicia o a la fiscalía autonómica de su “último nombramiento como persona sustituta o suplente” o de su “residencia al tiempo de publicarse la convocatoria”. Los fiscales reclaman la “retirada inmediata” de la enmienda y amenazan con “adoptar otras medidas de conflicto que puedan surgir”, mientras que los jueces solicitan una “reunión urgente”.
Por un lado, la UPF ha mostrado su “absoluto rechazo” a la enmienda del PSOE aduciendo que “supondría un perjuicio y una absoluta injusticia” para las personas que acceden a la carrera fiscal por el turno libre de oposición y los que se ven obligados a residir fuera de su domicilio durante años porque no pueden concursar en su domicilio por falta de plazas. Los fiscales progresistas consideran que la enmienda del PSOE supone un “derecho que jamás se ha reconocido en ningún proceso de acceso a la carrera fiscal” y exigen al Ministerio de Justicia que ofrezca las 331 plazas a toda la plantilla y que sean las que queden vacantes las que se ofrezcan en el marco del procedimiento extraordinario de estabilización.
La Unión Progresista de Fiscales muestra su más absoluto
— UPFiscales (@UPFiscales) July 2, 2025
rechazo a la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista de 20/06/2024 al proyecto de reforma de la
LOPJ y el EOMF. 👇👇👇 pic.twitter.com/sAmCGNqZBh
“Con profunda preocupación vemos que, lejos de mejorar los preocupantes déficits que tiene, ahonda en ellos hasta convertirlo [el procés de estabilización] en inaceptable”, esgrime JJxD, que alega que la enmienda hace “inasumible, discriminatorio y profundamente disruptivo” el proceso de estabilización de jueces y fiscales sustitutos. Los jueces progresistas consideran que es una medida que “no tiene justificación, provoca la ruptura del principio de igualdad dentro de la carrera judicial, cercena los derechos a la movilidad profesional de los miembros que ya están en la carrera profesional y afectará al normal desarrollo de la planta judicial”.
“Se deben adoptar medidas de fomento, que aquí brillan por su ausencia, para evitar que esta entrada masiva y extraordinaria produzca efectos perjudiciales o desaliente los métodos ordinarios que suponen la garantía de un futuro que puede volverse más que sombrío con el colapso que amenaza provocar esta falta de planificación previa”, sostienen. “Volvemos a solicitar que se desgaje este proceso extraordinario de la ley de reforma. Solo con la tramitación sosegada y transparente que permita abordar con la adecuada planificación y valorando todas las opciones disponibles, podrá alcanzarse una solución a un problema complejo en beneficio de la ciudadanía y de la carrera judicial”, apostillan.