El curso judicial en el estado arranca en un momento de máxima tensión en el seno de la justicia española. El acto de apertura del año judicial, que en los últimos años se había convertido en un déjà vu permanente de los presidentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reclamando con insistencia su renovación (que se consumó hace un año) y que hace doce meses recuperó la normalidad, se ha convertido en una bomba de relojería que tensa las costuras de la relación entre la Moncloa y el poder judicial. Y lo hace por partida doble, levantando recelos de la cúpula judicial y con la ausencia de peso de Alberto Núñez Feijóo. La cita llega con el fiscal general del Estado a un paso del banquillo de los acusados por presunta revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y cuatro días después de que Pedro Sánchez acusara a algunos jueces de “hacer política”. Todo ello ha salpicado a un acto que estará presidido por el rey Felipe VI y que pondrá en evidencia frágiles equilibrios.
📝 El bloque conservador del CGPJ reclama que el fiscal del Estado no intervenga en el inicio del año judicial
📝 Jueces y fiscales conservadores piden al fiscal del Estado que no asista a la apertura del año judicial
Como punto de partida, la mitad del órgano de gobierno de los jueces no quería que Álvaro García Ortiz tomara la palabra en el acto. Su papel es presentar la memoria anual del Ministerio Fiscal, pero el bloque conservador del CGPJ ha pedido que no intervenga. Ayer expresaron su “gran preocupación” y reclamaron a la presidenta del CGPJ que, en “defensa del prestigio de la Justicia y de la ejemplaridad institucional que la ciudadanía merece”, traslade a la Fiscalía la “inconveniencia” de que intervenga. Además, las dos principales asociaciones de jueces y fiscales (que son conservadoras) y la asociación que es acusación popular en la causa del Supremo le pidieron directamente que no asista aduciendo que es un “acto de desprecio a los principios básicos del Estado de derecho y al propio jefe del Estado” y que su presencia “mina la credibilidad” de la Justicia.
La paradoja del acto es que el Álvaro García Ortiz inaugurá el año judicial en el que, con toda probabilidad, será juzgado y pronunciará su discurso, entre otros, frente a los jueces del Supremo que han participado en su causa. De hecho, estos días ha sobrevolado la posibilidad de que haya una protesta de los jueces en contra del fiscal general del Estado. Sin embargo, los magistrados consultados por ElNacional.cat enfrían esta posibilidad. “No nos lo planteamos, no es de recibo”, responde un destacado miembro de la carrera judicial. En el seno del CGPJ, tampoco creen que haya ningún plantón en un acto con el rey.
A pesar de las críticas, en la calle Fortuny garantizaron su asistencia: “Es su obligación asistir a este acto como marca la ley, no puede elegir ir o no ir”, replicaron ayer fuentes de la Fiscalía consultadas por ElNacional.cat. “Está cumpliendo la ley y no pueden pedirle que la incumpla o protestar porque la cumple”, añadieron las mismas voces. Por su parte, el sector progresista del CGPJ envió un “mensaje de tranquilidad y de normalidad institucional” y pidió alejarse de la “polaridad artificiosa que pueda empañar la ceremonia solemne”. De hecho, en los últimos días, Álvaro García Ortiz ha seguido el ritual habitual y ha visitado la Zarzuela y la Moncloa. Es tradición que el fiscal general del Estado entregue al rey y al presidente del Gobierno la memoria anual de su actividad antes de que la presente y de que se haga pública.
El Rey recibe en audiencia al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, quien le hace entrega de la Memoria Anual de la Fiscalía correspondiente al 2024.
— Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) September 3, 2025
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El presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, ha recibido al fiscal general del Estado, que le ha hecho entrega de la memoria anual.
— La Moncloa (@desdelamoncloa) September 4, 2025
En ella se recoge toda la actividad del Ministerio Fiscal correspondiente al último año judicial.https://t.co/4xVdnNN3j5 pic.twitter.com/MGNgbsNmC9
El año pasado, después de que el TSJ de Madrid remitiera al Supremo una exposición razonada solicitándole que abriera una causa contra él, Álvaro García Ortiz aprovechó su discurso para defender a la Fiscalía: “Ha actuado, actúa y actuará de forma imparcial y sometido exclusivamente al imperio de la ley”. No lo mencionó explícitamente, pero se le entendió todo. “Ejerce sus funciones con profesionalidad, responsabilidad, lealtad y escrupuloso respeto a la Constitución y a las leyes”, apostilló. Hace tres meses, después de que el Supremo lo procesara, fuentes de su entorno aseguraron que él reiteraba su “inocencia” y se reafirmaba en su “compromiso de seguir defendiendo la actuación y la integridad de la institución”. Días después, él mismo se defendió: “La Fiscalía debe ser fuerte y debe parecer fuerte, no puede ser que la mentira derrote a un fiscal general”, subrayó. Y justificó que la institución “sale reforzada” con su continuidad: “No puedo mirar ni hoy ni mañana, sino mirar un poquito más adelante”.
La ausencia de Alberto Núñez Feijóo y el debut de Andrés Martínez Arrieta
La continuidad de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado ha llevado a Alberto Núñez Feijóo a plantar el acto. Desde que llegó a Génova, el líder del PP siempre había asistido a la Plaza de la Villa de París. Sin embargo, ahora rompe la tradición de los últimos tres años para evitar “convalidar o validar” las “difamaciones” del presidente del Gobierno a determinados jueces ni que el fiscal general del Estado “se dirija en el Supremo a los magistrados que lo están investigando”. “Es una anomalía jurídica que no podemos aceptar y, por lo tanto, no podemos considerar normal lo que es excepcional”, justificó ayer. “La presencia del fiscal general del estado en el inicio del curso judicial en el que se le puede juzgar es una provocación que yo tengo que denunciar”, argumentó.
📝 Feijóo justifica plantar al fiscal del Estado: “Su presencia es una provocación que debo denunciar”
En el capítulo de las ausencias, hay dos nombres más. La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, que el año pasado asistió a la cita por primera vez, no repetirá. Su equipo no ha aclarado los motivos de este cambio. Por otro lado, el presidente del Senado, Pedro Rollán, tampoco acudirá. Ahora bien, fuentes de su entorno consultadas por ElNacional.cat señalan que su ausencia se debe a un “tema familiar fuera de Madrid”. Quien sí que estará es Andrés Martínez Arrieta, que se estrenará como presidente de la Sala Penal del Supremo. El sucesor de Manuel Marchena tomó posesión de su nuevo cargo el miércoles y hoy se sentará en los asientos de honor que presiden el acto.
¿Los aplausos al fiscal general del Estado como barómetro?
En los pasillos del Supremo, algunos de los jueces consultados por ElNacional.cat recuerdan que lo habitual en los actos judiciales de este carácter es no aplaudir nunca después de las intervenciones. Esto conlleva que el posible silencio como respuestas al discurso del fiscal general del Estado no sea indicativo, dado que hay muchos ejemplos en los que esto también ha pasado. Sin embargo, es cierto que el año pasado se rompió con la tónica que se había repetido en los cuatro años anteriores y sí que se aplaudió.
Fue una excepción. En 2023, también con Álvaro García Ortiz, el Salón de Plenos del Tribunal Supremo permaneció en silencio después de sus palabras y de las de Francisco Marín (que era presidente interino del Supremo). Previamente, en 2022 (el discurso lo hizo la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, porque Álvaro García Ortiz había dado positivo de coronavirus) y en 2021 y 2020 (con Dolores Delgado), los discursos tampoco se aplaudieron. Hace seis años, en 2019, cuando María José Segarra era fiscal general del Estado y Carlos Lesmes era presidente en funciones del CGPJ (solo llevaba diez meses con el mandato caducado), sí que se aplaudió.
En plena tensión entre la Moncloa y los jueces por las críticas de Pedro Sánchez
El otro foco de polémica y conflicto serán las críticas a los jueces que el lunes verbalizó Pedro Sánchez. Aunque el presidente español lo circunscribió a una “minoría” que hacen un “inmenso daño” a la justicia, la judicatura ha respondido poniéndose en pie de guerra. El líder socialista enmarcó la crítica en las investigaciones sobre Begoña Gómez (su mujer) y David Sánchez (su hermano), que considera que son procesos “muy defectuosos en el fondo y en la forma”. “La inmensa mayoría de jueces y fiscales hacen bien su trabajo y cumplen con la ley, [pero] con la misma rotundidad digo que hay jueces que no. Y estos son casos palmarios de que eso no es así”, expresó en una entrevista en Televisión Española. “¿Hay jueces haciendo política y hay políticos que tratan de hacer justicia? Sin duda alguna”, remachó el presidente español, que pidió una “reflexión” al CGPJ sobre “cómo poder defenderse”.
El día siguiente, la portavoz del ejecutivo español, Pilar Alegría, se expresó en la misma línea: “Este Gobierno siempre ha reconocido que la gran mayoría de jueces y fiscales hacen su trabajo con absoluta profesionalidad, dedicación e imparcialidad, pero también es cierto que hay una minoría de jueces cuyas decisiones son muy difíciles de entender”, verbalizó. “Es una opinión ampliamente compartida por una inmensa mayoría de españoles”, añadió. El día siguiente, el mismo Pedro Sánchez volvió a la carga en una entrevista en The Guardian: “Hay algunos jueces que están haciendo política. Y esta es una realidad a la que nos enfrentamos no solo en España, sino también en muchas otras democracias, especialmente cuando se trata de fuerzas o gobiernos progresistas”, manifestó.
Todo esto ha llevado a los diez vocales conservadores del CGPJ a alzar la voz. Ayer pidieron “visibilizar” su “rechazo a los ataques injustos e injustificados a los jueces” por parte del Gobierno apartando a Félix Bolaños de la posición que tradicionalmente ocupa el ministro de Justicia (que también es Notario Mayor del Reino) en los estrados al lado del rey. Con ello, querían poner de manifiesto la “separación y respeto” entre los poderes del Estado alegando que la “deslegitimación global” de jueces y tribunales “erosiona el sistema constitucional” y que las “acusaciones genéricas poniendo en duda la imparcialidad y el recto desempeño de su función” son “injustas” y “lesionan la confianza en uno de los pilares del Estado democrático de Derecho”. En cambio, como respuesta, el bloque progresista recordaba que la presencia en estrados del ministro de Justicia “responde a una costumbre constitucional consolidada” propia de su “posición institucional” y de las “altas responsabilidades que ejerce en el servicio público de la justicia”.
El año pasado, la presidenta del CGPJ pidió “evitar ataques injustificados”
La previsión es que la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, no envíe un mensaje directo al presidente del Gobierno, pero desde que llegó al cargo ha repetido en varias ocasiones la defensa de la independencia judicial y ha pedido insistentemente rebajar las críticas a los jueces. Se espera que haga una exhortación directa y explícita a los principios generales sin entrar en el intercambio dialéctico. De hecho, el año pasado, ya se expresó en un sentido que se presume que será parecido a las palabras que pronunciará hoy. En aquella ocasión, hizo un nuevo “llamamiento” a las “diferentes fuerzas políticas y a los poderes del Estado” para que “respeten el trabajo que los jueces y magistrados realizan” y reclamó “evitar ataques injustificados, que pueden llegar a socavar la legitimidad y la reputación de la Administración de Justicia o de sus integrantes”.
Las asociaciones de jueces cargan con dureza contra las palabras de Pedro Sánchez
El día siguiente a la entrevista de Pedro Sánchez, las asociaciones de jueces salieron al paso para criticar sus declaraciones. “Desconoce el respeto al Poder Judicial y los principios básicos de un Estado de derecho”, lamentó María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (mayoritaria y conservadora), a Europa Press. “Posiblemente, exprese así su desesperación porque su círculo más cercano está asediado presuntamente por la corrupción. Le cuesta entender que los jueces aplicamos la ley también cuando el presunto delincuente es de la familia del presidente del Gobierno. Es lo normal en una democracia”, añadió.
“Los jueces en España cumplen con la ley y trabajan con profesionalidad”, sostuvo Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que destacó que el Estado de derecho “exige respeto a la independencia judicial y confianza entre instituciones” y reclamó una “mayor prudencia y respeto a la justicia” en las manifestaciones del presidente del Gobierno. “Las críticas genéricas a la judicatura son inaceptables, porque generan desconfianza social y dañan nuestra democracia”, remachó.
Por su parte, Fernando Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente, calificó de “muy graves” y “populistas” las palabras de Pedro Sánchez, lo equiparó con Donald Trump y lo vinculó con una “estrategia política de deslegitimación del Poder Judicial” que es “bastante dañina” porque “cala en la sociedad”. Desde la progresista Jueces y Juezas para la Democracia, su portavoz, Edmundo Rodríguez, esgrimió que “quizá no le corresponde” al presidente del Gobierno hacer estas manifestaciones, pero reconoció que la “instrumentalización de ciertos procesos judiciales por razones partidistas” es “indudable”.