Nueva ofensiva contra la presencia del fiscal general del Estado en la apertura del año judicial. Después de que Alberto Núñez Feijóo decidiera plantar el acto para “denunciar” lo que considera que es una “provocación” y de que la asociación mayoritaria de jueces y dos asociaciones de fiscales hayan reclamado que Álvaro García Ortiz no asista, los diez vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (que fueron propuestos por el Partido Popular) mueven ficha. Han enviado una carta a la presidenta del órgano de gobierno de los jueces, Isabel Perelló, expresándole la “inconveniencia” de que el fiscal general del estado intervenga en el acto. En la misiva, a la que ha tenido acceso ElNacional.cat, le piden que traslade este mensaje al máximo responsable del Ministerio Fiscal en “defensa del prestigio de la Justicia y de la ejemplaridad institucional que la ciudadanía merece”.
El bloque conservador del CGPJ muestra su “gran preocupación” por la circunstancia de que el actual fiscal general del Estado, “sometido a un procedimiento penal en fase de enjuiciamiento”, tenga previsto “ocupar un lugar en estrados y dirigirse públicamente” al rey, a los “magistrados que han de juzgarle” y al conjunto de asistentes. El papel del fiscal general del Estado en el acto, según fija la Ley Orgánica del Poder Judicial, es presentar la memoria anual sobre la actividad del Ministerio Fiscal. El año pasado, después de que el TSJ de Madrid remitiera al Supremo una exposición razonada solicitándole que abriera una causa contra él, aprovechó su discurso para defender a la Fiscalía: “Ha actuado, actúa y actuará de forma imparcial y sometido exclusivamente al imperio de la ley”.
Ahora, los conservadores creen que el hecho de que Álvaro García Ortiz esté procesado e intervenga en un “acto de la más alta relevancia constitucional” no es “apropiado” y “compromete, inevitablemente, la serenidad que el acto demanda”, dado que “hasta el último de sus subordinados se vería privado automáticamente del ejercicio de sus funciones”. “Resulta difícilmente comprensible que esta situación se tolere”, destacan. “La consecuencia es una innecesaria tensión para la Fiscalía General del Estado, para el Poder Judicial y, en última instancia, para el propio jefe del Estado, que preside el acto”, apostillan. Y niegan que esto signifique que pongan en duda el “derecho a la presunción de inocencia que asiste a todo ciudadano” o que estén queriendo “prejuzgar el fondo del proceso en curso”.
También quieren apartar a Félix Bolaños por los “ataques injustos e injustificados” de Pedro Sánchez a los jueces
Por otro lado, los vocales esgrimen que es necesario que mañana “se visibilice” su “rechazo a los ataques injustos e injustificados a los jueces” por parte del Gobierno “evitando que el ministro de Justicia ocupe un lugar en estrados, significando con ello la separación y el respeto entre los poderes del Estado”. Esta demanda de apartar a Félix Bolaños llega cuatro días después de que Pedro Sánchez dijera en una entrevista en Televisión Española que “hay jueces haciendo política”, en alusión a Juan Carlos Peinado (el juez que investiga a Begoña Gómez) y Beatriz Biedma (la jueza de Badajoz que ha instruido la causa del hermano del presidente español), y les reprochara que “no cumplen la ley” y hacen un “inmenso daño” a la justicia. Ayer insistió en ello en una entrevista en The Guardian.
“Las críticas a resoluciones concretas son legítimas, pero la deslegitimación global de jueces y tribunales erosiona el sistema constitucional mismo”, señalan los vocales conservadores. En la carta, denuncian un “contexto político de extraordinaria tensión” y reprueban las declaraciones del presidente español en las que “se vertían acusaciones genéricas contra jueces y magistrados […] poniendo en duda la imparcialidad y el recto desempeño de su función”. “Tales afirmaciones no solo resultan injustas, sino que lesionan la confianza en uno de los pilares del Estado democrático de Derecho”, recalcan. Finalmente, reiteran su “plena lealtad” a la Constitución y a las instituciones del Estado, su “respeto” al fiscal general del Estado y su “compromiso firme” con la “dignidad de los actos solemnes que simbolizan la vigencia del Estado de derecho”.
Los vocales progresistas se alejan de cualquier “polaridad artificiosa” que “pueda empañar” el acto
Dos horas después de conocerse la carta del bloque conservador, se han pronunciado los vocales progresistas para enviar un “mensaje de tranquilidad y de normalidad institucional” que esté “alejado de cualquier forma de polaridad artificiosa que pueda empañar la ceremonia solemne”. En un comunicado, al que ha tenido acceso ElNacional.cat, piden a “todos los poderes, instituciones y personas” que participan en el acto que “respeten la lealtad constitucional que les es exigible” y esgrimen que la “confianza en los pilares del Estado Democrático de Derecho se construye garantizando escrupulosamente el principio de legalidad y el de presunción de inocencia”. Asimismo, recuerdan que la presencia en estrados del ministro de Justicia (que a la vez es Notario Mayor del Reino) “responde a una costumbre constitucional consolidada” propia de su “posición institucional” y de las “altas responsabilidades que ejerce en el servicio público de la justicia”.
La asistencia del fiscal general del Estado no está en cuestión: “No puede elegir ir o no ir”
Fuentes de la Fiscalía General del Estado consultadas por ElNacional.cat contestan que la asistencia de Álvaro García Ortiz en el acto “no está en cuestión”. “Es su obligación asistir a este acto como marca la ley, no puede elegir ir o no ir”, argumentan. “Está cumpliendo la ley y no pueden pedirle que la incumpla o protestar porque la cumple”, añaden. Se trata del artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que al “inicio del año judicial se celebrará un acto solemne” en el Tribunal Supremo en el que el fiscal general del Estado “leerá la memoria anual sobre su actividad”. Así pues, las mismas voces del Ministerio Fiscal subrayan a este medio que, “desde el momento que sigue siendo” fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz “debe cumplir con las obligaciones y responsabilidades del cargo”. “Se supone que los jueces y los fiscales conocen perfectamente las obligaciones institucionales y regladas que conlleva el cargo”, remachan.
Jueces y fiscales conservadores piden que el fiscal del Estado no acuda: “Es un acto de desprecio al Estado de derecho”
A primera hora, han sido los jueces y fiscales conservadores los que han pedido que el fiscal general del Estado no acuda a la apertura del año judicial. “Constituye un acto de desprecio a los principios básicos del Estado de derecho y al propio jefe del Estado”, lamentaban en un comunicado. “Queremos solicitar al fiscal general del Estado que, por respeto al rey y a quienes integramos las carreras judicial y fiscal, se abstenga de asistir al acto”, manifestaban. Son la Asociación Profesional de la Magistratura (la mayoritaria y conservadora), junto con la Asociación de Fiscales (también mayoritaria y conservadora) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (que es una de las acusaciones populares en la causa del Supremo en la que se investiga a Álvaro García Ortiz). Consideran que la presencia del fiscal general del Estado “mina la credibilidad” de la Justicia y “afecta a todos los jueces, magistrados y fiscales” que cada día desempeñan su función desde la “absoluta independencia y con escrupuloso respeto al principio de legalidad”.