El caso sobre la vulneración de derechos lingüísticos que la exconsellera Gemma Geis sufrió en la Universitat de Girona (UdG) ha abierto, según parece, un nuevo episodio. El conflicto se remonta a octubre de 2022, cuando la exconsellera y vicealcaldesa de Girona participó en un proceso para estabilizar su plaza de profesora en esta universidad. Geis reclamó utilizar el catalán, aunque había tres miembros de la comisión evaluadora que eran de fuera de Catalunya, lo cual obligó a la UdG a habilitar un sistema de traducción simultánea. Esta situación no gustó a algunos miembros del tribunal, y durante el proceso de evaluación, que se hizo en un acto público, la exconsellera tuvo que escuchar reproches de dos de los examinadores. La profesora de la UdG Mercè Darnaculleta reprochó a Geis su exigencia y sentenció que "la opción lingüística de la candidata contradice abiertamente dos principios básicos de la ética universitaria, como son los de neutralidad y los de la universalidad". Por su parte, el profesor de la Universidad Complutense de Madrid Luis Medina, entre otros comentarios, lamentó que Geis no hubiera usado un idioma común, que "podía haber sido el inglés".
Geis denunció estos hechos ante la síndica de greuges, Esther Giménez Salinas, y subrayó la "pasividad" de la UdG. En octubre del año pasado, Salinas exigió una disculpa de la Universidad a la exconsellera, pero no lo consiguió. En dos ocasiones, la síndica instó formalmente al rector, Quim Salvi, a intervenir en el caso para apoyar a Geis y actuar como mediador entre la exconsellera y la comisión evaluadora para conseguir esta disculpa, pero este se negó. "El rector insiste, una vez más, en la absoluta independencia y autonomía de la que goza este órgano", argumentó la síndica este mes de agosto, después del segundo intento con el que dio carpetazo al expediente.
Consejo de Europa
La falta de respuesta del rector incluso provocó una nota de protesta del Consejo de Estudiantes de la UdG que el pasado 22 de septiembre expresó el "firme y rotundo apoyo" a Geis, además de denunciar que este caso constituye una vulneración "grave e intolerable de los derechos lingüísticos" y lamentar que la Universidad "haya renunciado a defender un principio fundamental recogido en sus propios Estatutos: el catalán como lengua de desarrollo universitario y como elemento vertebrador de la vida académica".
Por su parte, la exconsellera anunció este mes de septiembre que ante la falta de resultados de su queja ante la síndica, llevará al Consejo de Europa su denuncia contra la Universidad de Girona por la vulneración de derechos lingüísticos.
"Geis se sintió ofendida"
En este contexto, ya sea por el aviso de la consejera de acudir a Europa con su denuncia de vulneración de derechos lingüísticos o bien porque la Universitat de Girona se encuentra en pleno proceso electoral para renovar el equipo de gobierno, el rector Salvi parece haber cambiado de opinión en relación con este tema. Así se desprende, cuando menos, de una entrevista que ha publicado este viernes El Punt Avui en la que insiste en que la UdG actuó correctamente y propició que la prueba se pudiera hacer en catalán. En sus declaraciones asegura lamentar que dos personas del tribunal, en referencia a la profesora de la UdG Mercè Darnaculleta y el profesor de la Complutense Luis Medina, "hicieran unas declaraciones por las cuales Geis se sintió ofendida", pero se excusa asegurando que no han sido designadas por él sino por un "proceso de selección".
Salvi explica que la síndica hizo dos recomendaciones para este tema que la UdG "está tramitando". En este sentido, concreta que la Universidad "ha instruido" una acción de mediación, "de manera que ahora hay una persona de la UdG que tiene que mediar entre Geis y las personas del tribunal para que se puedan encontrar y pueda haber una restitución del daño". "Me parece muy acertado este proceso", asegura, a pesar de los informes de la síndica sobre su reiterada oposición a este punto.
La segunda cuestión que reclamó la síndica, para que se registren las sesiones de los tribunales, Salvi asegura que no es una práctica habitual en ninguna universidad catalana y que no considera que sea adecuado hacerlo.
A preguntas de ElNacional.cat sobre este cambio de actitud de Salvi, desde el rectorado de la UdG se asegura que "la Universidad se ajusta a los procedimientos establecidos" y que "una vez cerrado el expediente de la síndica de Greuges, la Universidad ha iniciado un procedimiento de mediación, siguiendo las recomendaciones de la propia síndica". No obstante, no ha podido facilitar más información sobre en qué estado se encuentra este proceso de una vulneración de derechos lingüísticos que se produjo en octubre de 2022, ni la persona que ha sido encargada de asumir este papel.
Preguntada por este medio, Geis ha asegurado que no dispone de ninguna información sobre la existencia de este procedimiento de mediación.