La exconsellera Gemma Geis retomó sus clases en la Universitat de Girona (UdG) después de abandonar el Govern de la Generalitat en octubre de 2022, y a principios del presente curso superó un proceso de estabilización de su plaza de profesora agregada de Derecho Administrativo. Este hecho formaría parte de la rutina de la vida universitaria, si no fuera porque fue acompañado de un rosario de reclamaciones, que incluían, según ha podido saber ElNacional.cat, la recusación de miembros del tribunal por falta de imparcialidad y una petición de medidas cautelares al juzgado de Girona para parar el procedimiento. Entre las cuestiones en conflicto, figuraba la reivindicación de la exconsellera de poder utilizar la lengua catalana en las pruebas aunque más de la mitad de miembros del tribunal que la tenía que examinar eran de fuera de Catalunya. Finalmente, Geis hizo las pruebas en catalán, mediante un servicio de traducción simultánea habilitado por primera vez en cinco años en la UdG, pero tuvo que escuchar los reproches de dos de los examinadores que a la hora de evaluarla le echaron en cara que no utilizara una lengua "común", lo cual consideraron una muestra de falta de respeto a la ética universitaria. Todo ha acabado en manos de la Sindicatura de Greuges, que ha abierto un expediente.
Geis, que ha sido diputada de Junts per Catalunya en el Parlament, encabezó la conselleria de Recerca i Universitats desde mayo de 2021 hasta octubre de 2022. Al romperse la coalición de gobierno con ERC, anunció su reincorporación a la Universitat de Girona, donde ya había sido vicerrectora entre el 2013 y el 2017, y desde las últimas municipales compagina las clases con la vicealcaldía y primera tenencia de alcaldía de promoción económica en el Ayuntamiento de la ciudad. Un año después de volver a su plaza como profesora agregada de Derecho Administrativo, que ocupaba desde 2015, se convocó el concurso de estabilización de esta posición, que hasta entonces había mantenido en régimen de interinato.
Tribunal
El 13 de julio se publicaron los criterios de selección para los aspirantes fijados por el departamento de derecho administrativo. Cuatro días después, la exconsellera presentó recurso ante la UdG para denunciar lo que describe como "hechos discriminatorios", entre los cuales señala el conflicto de interés en que incurrían diferentes miembros del tribunal por la relación académica que mantienen con el otro candidato que optaba a su plaza. Geis subrayó, además, la sorpresa por el hecho que de los cinco miembros del tribunal que tenían que valorar su idoneidad como profesora en Girona, tres eran de fuera de Catalunya —una catedrática de la Universidad de Sevilla y dos miembros de la Complutense de Madrid—. Las dos profesoras restantes que integraban el tribunal eran una catedrática de la Universitat de Barcelona y la única representante de la Universitat de Girona, la profesora titular de Derecho Administrativo Maria Mercè Darnaculleta.
Ante la advertencia de la exconsellera que las bases del proceso no aportaban información sobre el uso de la lengua, la Universidad respondió garantizando que proporcionaría los medios de traducción necesarios para preservar los derechos lingüísticos de los candidatos y que el Servicio de Lenguas de la UdG se encargaría de las traducciones.
Uso inapropiado de los recursos
Finalmente, las recusaciones contra miembros del tribunal no fueron aceptadas. La consellera hizo su ejercicio ante los evaluadores que había recusado y en catalán con traducción simultánea. La polémica por la lengua, sin embargo, no acabó aquí. Fue precisamente la profesora gerundense, Maria Mercè Darnaculleta, que es además miembro de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat, quien al evaluar la última prueba reprochó a Geis falta de respeto a los valores de la ética universitaria, según ha podido constatar ElNacional.cat con la grabación del acto. Darnaculleta lamentó que se hubieran tenido que dedicar 4.000 euros de los recursos de la universidad para pagar la traducción; tildó este uso de recursos públicos de "inapropiado", y denunció que "la opción lingüística de la candidata contradice abiertamente dos principios básicos de la ética universitaria como son los de neutralidad y los de la universalidad". "No puedo sino manifestar mi preocupación por las consecuencias que este procedimiento pueda suponer", remachó.
También opinó al respecto el profesor Luis Medina, de la Universidad Complutense de Madrid. Lo hizo en la valoración de la primera de las tres pruebas que tuvo que superar Geis: se felicitó de que muchos de los componentes del tribunal ni fueran catalanes ni hablaran catalán, lo cual muestra, según su opinión, "qué es universidad", dado que "el día que eso no sea así dejará de ser universidad y será algo mucho más local y, por lo tanto, no universitario". Medina lamentó que no se hubiera utilizado para la prueba "un idioma común que podía haber sido el inglés", dado que aseguraba estar acostumbrado a prescindir "del idioma propio, que es el español". Después de felicitar a las responsables de la traducción simultánea por el trabajo que habían realizado, admitió que podría haber entendido la intervención de la candidata sin utilizar el pinganillo. "Los que sabemos idiomas no nos cuesta hacerlo, sin embargo, en fin, traslado este lamento porque es verdad que el día que se normalice el uso de esto para hablar entre nosotros creo que seremos menos universidad", remachó este profesor de la Complutense, que figura entre los firmantes de uno de los manifiestos de juristas que se han posicionado contra la ley de amnistía.
Por su parte, Geis en su última intervención, una vez superadas las tres pruebas, reivindicó su derecho a utilizar el catalán, la misma lengua con que imparte su asignatura sin que eso haya sido nunca "un problema sino una oportunidad". Con posterioridad, desde la UdG se informó de que el coste de la traducción de sus pruebas fue de 3.619,90 euros, y que esta fue la primera vez en cinco años que se habían encontrado con unas pruebas de selección con traducción simultánea.
Reclamación de disculpa
Durante la evaluación, Geis tuvo que escuchar también referencias al hecho de que hubiera impugnado a algunos de los miembros del tribunal y que hubiera denunciado que las pruebas no cumplían los criterios de la AQU (la Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Catalunya). De nuevo, Darnaculleta protagonizó la intervención más contundente, asegurando que quería expresar una disculpa que había echado de menos en la intervención de la candidata por lo que describió como "una falta de respeto" a los miembros del tribunal por haberse puesto en duda su imparcialidad y haber despreciado su capacidad evaluadora.
La responsabilidad de la organización de las pruebas recae en el responsable del área de derecho administrativo de la UdG, Joan Manuel Trayter. Pero las gestiones de la exconsellera para garantizar un proceso de selección ecuánime no se limitaron a los recursos dentro del sistema universitario. Ante el rechazo a las recusaciones que había presentado, Geis entró un escrito al juzgado de Girona reclamando medidas cautelares, con la suspensión del proceso de selección, y se presentó al examen acompañada de su abogado. La tensión no pasó desapercibida tampoco para los responsables de la Universidad, hasta el punto de que, para comprobar el correcto funcionamiento y la pulcritud de todo el procedimiento, asistió a la prueba la secretaria general de la Universitat de Girona, Cristina Sànchez.
Finalmente, y a la vista de la forma como se desarrolló el proceso, la exconsellera ha presentado una queja ante la Sindicatura de Greuges, por la composición, funcionamiento y desarrollo de las pruebas, por lo cual se ha abierto un expediente sobre la actuación de la Universitat de Girona. Geis es doctora en Derecho Urbanístico con mención europea y premio extraordinario, e incluye en su currículum estancias en las universidades de la Sorbona de París, la de Florencia y Harvard de los Estados Unidos.