El PP está dispuesto y comprometido a intentar frenar a Pedro Sánchez por tierra, mar y aire. Y una de las vías que los populares han emprendido con más fuerza en los últimos meses es intentar desactivar (de momento, sin éxito) los acuerdos entre el PSOE y el independentismo. Son los pactos, con la ley de amnistía como joya de la corona, que han llevado a Junts y ERC a apoyar al presidente español y, en el caso de los republicanos, también a Salvador Illa. Por un lado, los socialistas y los juntaires cerraron en marzo la delegación de competencias en inmigración (un compromiso que habían adquirido más de un año antes) y un reparto de menores migrantes que limita el número que se destinará a Catalunya. Con ERC, el PSOE se comprometió en noviembre de 2023 a condonar la deuda autonómica y en julio de 2024 a una financiación singular para Catalunya. Aunque los cinco acuerdos han experimentado una implementación y ejecución desigual (la mayoría todavía no se han consumado), comparten una misma realidad: la ofensiva judicial que han emprendido (o emprenderán en el futuro) las comunidades gobernadas por el PP.
Amnistía: el PP quiere paralizar la sentencia de su recurso, que guiará el resto de decisiones
La principal batalla jurídica de la legislatura es, sin duda, la ley de amnistía. Todos los barones del PP presentaron recursos de inconstitucionalidad contra la norma del olvido penal. De hecho, incluso hubo tres parlamentos autonómicos que también dieron el paso. El TC, después de plantear un debate en su seno sobre la competencia de las comunidades autónomas para recurrir una norma penal, los admitió a trámite todos y los tiene encima de la mesa, al lado del recurso que impulsó el PP como partido y de las cuestiones de inconstitucionalidad que han promovido algunos tribunales.
En esta carpeta, ha habido dos novedades esta semana: el TC ha confirmado que debatirá si avala la ley en un pleno monográfico entre el 24 y el 26 de junio del que saldrá un pronunciamiento sobre el recurso del PP y los populares han maniobrado para frenar la deliberación pidiendo a Cándido Conde-Pumpido que pare la tramitación hasta que se haya pronunciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es una estrategia condenada al fracaso, después de que tres magistrados conservadores lo intentaran y se encontraran con la negativa del presidente del TC. El recurso del PP será el de cabecera. Y, a partir de esta sentencia, el TC irá resolviendo el resto de recursos que tiene encima de la mesa, también los catorce instigados por los territorios del PP y el de Emiliano García-Page.
Reparto de menores migrantes: el TC ha aceptado el recurso de Ayuso, admitirá ahora tres más y hay cinco de pendientes
La segunda gran pugna es el reparto de menores migrantes que el PSOE pactó con Junts. El decreto que lo regulaba fue convalidado por el Congreso hace un mes y medio, pero se ha encontrado una fuerte oposición judicial por parte del PP, que ha denunciado que vulnera competencias exclusivas de las comunidades en asistencia social y menores, así como el principio de cooperación y lealtad y la autonomía financiera. Quien marcó el paso fue Isabel Díaz Ayuso, que acudió al TC a finales de marzo aduciendo que el texto “vulnera” derechos fundamentales del menor y “multiplica los problemas de la inmigración ilegal”. Un mes más tarde, el Constitucional admitió a trámite el recurso. Y hará lo mismo en el próximo pleno, que se celebra esta semana, con los que presentaron Aragón, Cantabria y Extremadura.
De momento, estos son los cuatro que han pasado por la mesa del Constitucional. Pero cinco comunidades más también anunciaron que seguirían el mismo camino. Andalucía consideró que el decreto “no solo podría ir” contra la Constitución, sino también contra su Estatuto de Autonomía. “Se produce un desequilibrio. Esta distribución colapsa y revienta el sistema”, denunció la portavoz del gobierno andaluz, Carolina España. Asimismo, también han alzado las espadas los gobiernos de Murcia, que catalogó el acuerdo de “sectario, injusto, indigno e insolidario”, y de Castilla y León.
Más movimientos. El pasado martes, 20 de mayo, dio el paso el gobierno del País Valencià: “No solo es jurídicamente cuestionable, sino que impone cargas a las comunidades sin ofrecer ni diálogo ni recursos, […] sin negociar, sin coordinar, sin acordar, sin hablar con las Administraciones que tienen la competencia”, denunció la portavoz del gobierno valenciano, Susana Camarero. También esta semana, el Consell Consultiu de las Illes Balears lo ha avalado. Ahora bien, el informe recibió cuatro votos discrepantes que consideraron que el bienestar y dignidad de los menores extranjeros y el principio fundamental de solidaridad entre territorios justifican un nuevo marco jurídico que llegue a imponer mecanismos obligatorios para las comunidades. De momento, no hay constancia de que Galicia y La Rioja, también gobernadas por el PP, hayan recurrido el decreto al Constitucional.
Condonación de la deuda: Ayuso la ha llevado a la Audiencia Nacional y Mañueco irá al Constitucional cuando se apruebe
No solo el Constitucional tendrá trabajo. Hace quince días, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso presentó un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional contra el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre la condonación de la deuda de las comunidades autónomas, que beneficia tanto a Catalunya como al resto de territorios. En total, una condonación de 83.000 millones. Su principal argumento fue que la votación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera no es válida porque no participaron las comunidades del PP y no había cuórum suficiente. Fue el día que todos los consejeros de Economía y Hacienda del PP plantaron a María Jesús Montero y se levantaron precipitadamente de la reunión en señal de protesta. Sin embargo, la condonación recibió luz verde con el aval del Ministerio de Hacienda y de los gobiernos catalán, asturiano y castellano-manchego.
Otro barón que ha puesto la condonación de la deuda en el punto de mira judicial ha sido Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, que anunció que la llevaría al TC si el Congreso la avala. “Daremos con contundencia la batalla política y en los tribunales. Si esta ley llega al final y se aprueba, Castilla y León recurrirá ante el Tribunal Constitucional, porque es una ley que atenta contra la Constitución y la igualdad de los españoles”, anunció a finales de febrero. El presidente castellano-leonés calificó el acuerdo de “desleal, inmoral e injusto” y reprobó que Pedro Sánchez “premia el despilfarro y castiga la buena gestión”.
Financiación singular: el Senado marca el camino a las comunidades autónomas
En pleno verano, después de que ERC y el PSOE pactaran un sistema de financiación singular para Catalunya que tiene que permitir a la Generalitat encargarse de “la gestión, la recaudación, la liquidación, la inspección y la disponibilidad de todos los impuestos”, los barones del PP salieron en tromba a arremeter contra el acuerdo y anticipar que lo llevarían a los tribunales. “No nos quedaremos quietos”, avisó Isabel Díaz Ayuso. “Responderemos en defensa de la igualdad entre españoles”, advirtió Juanma Moreno. “Daremos todos los pasos hacia adelante legales, sociales, políticos e institucionales que estén a nuestro alcance”, insistió Carlos Mazón. “Haremos todo lo que jurídicamente esté en nuestra mano para impedir semejante atropello a la Constitución y a la igualdad de los españoles”, subrayó Jorge Azcón. Y tres voces más. “Nosotros tampoco lo vamos a permitir”, se sumó Alfonso Rueda. “Iremos a los tribunales e impugnaremos el acuerdo ante el Tribunal Constitucional”, verbalizó Alfonso Fernández Mañueco. “Utilizaremos todas las herramientas posibles para evitar la desigualdad que nos quieren imponer”, remachó Fernando López Miras.
A esta ofensiva se sumó la Fundación FAES, el think tank de José María Aznar, que también saltó a la yugular del acuerdo: “No es admisible bajo ningún punto de vista. No habrá letra pequeña que atenúe la asunción del principio de concierto que carece de legitimación constitucional y de soporte estatutario”, esgrimió en un comunicado a finales de julio. Semanas después, Alberto Núñez Feijóo consideró que supone una “mutación constitucional” que lleva a la “derogación” de la Constitución. Quien planteó una amenaza explícita fue María José Catalá, la alcaldesa de Valencia, que consideró que el acuerdo supone una “puñalada al municipalismo” y apostó por presentar un conflicto en defensa de la autonomía local frente al Constitucional cuando reciba luz verde.
De momento, el PP ha aprovechado su mayoría absoluta en el Senado para argumentar lo que se podría convertir en un futuro recurso de inconstitucionalidad. “Cualquier acuerdo que priorice la bilateralidad sobre la multilateralidad, en particular si compromete el reparto equitativo de recursos, se estima claramente inconstitucional”, sostenía el informe que se aprobó en la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Y argumentaba que el pacto supone “riesgos potenciales relacionados con los principios de solidaridad, suficiencia financiera y equidad, que son principios básicos que forman parte de la Constitución y que, en cambio, se ven seriamente afectados”.
Delegación de competencias en inmigración: amenazas de Génova, junto con Madrid, Aragón, Andalucía y Murcia
En el caso de las competencias en inmigración, la norma no se ha sometido ni a su primer examen parlamentario porque la negativa de Podemos a avalarla la haría descarrilar. Aunque desde el primer día los gobiernos autonómicos del PP mostraron su total oposición, es cierto que la ofensiva judicial todavía no se ha desplegado con toda su intensidad. De momento, solo hay cuatro comunidades autónomas que hayan mostrado abiertamente su voluntad de recurrir la futura ley al Constitucional: Madrid, Aragón, Andalucía y Murcia. Su principal argumento es que la gestión de la inmigración es una competencia exclusiva del Estado.
La madrileña Isabel Díaz Ayuso consideró que el PSOE pactaba “al margen de la ley”, que estaba siendo “retorcida”, y consideró que los socialistas y los independentistas querían “fabricar con el dinero de todos una nueva nación”. El aragonés Jorge Azcón sostuvo que el “contenido” de un futuro recurso serían las “palabras” de Pedro Sánchez, de Pilar Alegría (portavoz del Gobierno) y de Fernando Grande-Marlaska (ministro del Interior) “antes de que tuvieran que pagar un precio político”. “Dijeron que eran competencias indelegables”, recordó. De hecho, a finales de marzo, las Cortes de Aragón dieron luz verde a una iniciativa del PP para avalar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad.
Desde Andalucía, la portavoz Carolina España lamentó que “las cesiones, los chantajes y los privilegios que se le están dando permanentemente al independentismo pasan todas las líneas rojas”, denunció que se estaban “saltando” la Constitución y “todos los pilares” de la democracia y reconoció que, aunque era “pronto”, el gobierno de Juanma Moreno Bonilla estaba “estudiando” como frenarlo. Finalmente, en Murcia, el portavoz Marcos Ortuño consideró que era “otro paso más que agranda la brecha de desigualdad entre los españoles” y lamentó que Sánchez se hubiera hecho “experto en convertir en legal, por exigencia de los independentistas, lo que antes era ilegal”. “[El Gobierno] vuelve a pasar por encima de la Constitución, es inadmisible que haya españoles de primera y españoles de segunda”, remachó.
Quien también puso en marcha sus equipos jurídicos fue Génova. “Nuestros servicios jurídicos ya están analizando todo aquello que se vaya a registrar para tomar las decisiones que sean oportunas para defender un Estado con unas competencias que tiene que ejercer”, aseguró la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, doce horas después que se hiciera público el acuerdo. “Vulnera nuestro marco constitucional, no se puede transferir una competencia que tiene que ser exclusiva del Estado”, argumentó. “Vulnera competencias exclusivas del Estado que no pueden ser delegadas en ningún caso”, añadió el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, que adelantó que los populares trabajarían “desde todas las instituciones” para “impedir un nuevo ataque al Estado de derecho”.