Más palos en las ruedas en el camino de la ley amnistía. Tres magistrados del Tribunal Constitucional han solicitado al pleno, presidido por Cándido Conde-Pumpido, que el TC eleve una cuestión prejudicial sobre la norma del olvido penal al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o paralice la tramitación y resolución del recurso de inconstitucionalidad que presentó el Partido Popular hasta que el TJUE resuelva las consultas que han planteado otros tribunales. Según ha adelantado El Mundo y confirman fuentes jurídicas a ElNacional.cat, los magistrados conservadores César Tolosa, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel han registrado hoy al mediodía un escrito con esta petición alegando que la amnistía puede contravenir el derecho de la Unión Europea y que se han presentado cuestiones prejudiciales con un contenido muy parecido al recurso del PP. Las más relevantes que se han registrado son las que han impulsado el Tribunal de Cuentas para el 1-O y la promoción de Catalunya en el exterior, el TSJC en el caso de Josep Maria Jové, Lluís Salvadó y Natàlia Garriga y la Audiencia Nacional en el caso de los CDR de la operación Judas. Esta semana se celebra un pleno del Constitucional en el que los magistrados podrían debatir esta cuestión.

La intención de Cándido Conde-Pumpido es que el Constitucional pueda dictar la primera sentencia sobre la amnistía, que será relativa al recurso del PP, antes del verano, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley. “El estudio está muy avanzado y, de acuerdo con intentar hacer un tribunal ágil porque la justicia lenta y tardía no es justicia, tenemos la idea de poder resolverlo antes del verano, pero tampoco podemos precisar más”, verbalizó el presidente del TC en un desayuno organizado en el Ateneo de Madrid hace un mes. La sentencia, con la ponencia de la progresista Inmaculada Montalbán, será el primer paso para poder resolver el resto de cuestiones que el TC tiene encima de la mesa. “Hemos hecho un ingente trabajo en estos meses para llegar al momento actual, en el que la mayor parte de los procedimientos se están tramitando, se ha escogido un recurso de cabecera para ponernos de acuerdo sobre una serie de temas que se aplicarán a los otros procedimientos”, relató Conde-Pumpido.

En concreto, el TC está estudiando una treintena de recursos: el presentado por el PP, los quince de los gobiernos y parlamentos autonómicos, las seis cuestiones de inconstitucionalidad del Supremo, del TSJC y de la Audiencia Provincial de Madrid y los ocho recursos de amparo impulsados por “ciudadanos que invocan sus garantías constitucionales” porque no se les ha aplicado la amnistía (por ejemplo, los recursos de Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa fueron admitidos a trámite en febrero y el de Jordi Turull, a finales de abril). “Para poder resolver los recursos de amparo, primero tendremos que resolver si la ley es constitucional”, subrayó Pumpido.

📝 El presidente del TC confía en poder dictar la primera sentencia sobre la amnistía antes del verano

 

Las principales cuestiones prejudiciales que se han presentado: el Tribunal de Cuentas, el TSJC y la Audiencia Nacional

La primera consulta sobre la amnistía que llegó al Tribunal de Justicia de la Unió Europea fueron las ocho cuestiones prejudiciales que elevó el Tribunal de Cuentas, con la oposición de la Fiscalía y las defensas y el único aval de Sociedad Civil Catalana. La consejera del tribunal, Elena Hernáez, que juzgó a los presidents Artur Mas y Carles Puigdemont y al exvicepresident Oriol Junqueras, junto con una treintena de excargos, acusados de hacer un gasto de 3,4 millones de euros para la organización del 1-O y para la promoción de Catalunya al exterior, suspendió la sentencia hasta que el TJUE responda. Eso sí, mantuvo las medidas cautelares consistentes en conservar en el Tribunal de Cuentas los 5,4 millones de fianza, una parte de los cuales fueron aportados por la Caixa de Solidaritat y otros con avales del Institut Català de Finances.

Al día siguiente, quien dio el paso fue el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que suspendió el juicio a Josep Maria Jové, Lluís Salvadó y Natàlia Garriga para preguntar si amnistiar la malversación del 1-O choca con la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la UE a través del Derecho Penal. El TSJC argumentó que la maniobra estaba justificada porque los intereses financieros de la UE “pueden verse expuestos o en peligro cuando un estado miembro de la UE incumpla el mandato de adoptar las medidas necesarias para garantizar que no quede impune ninguna malversación intencionada de fondos públicos”. “A la UE, no debe serle indiferente que, actuando de común acuerdo con los autores convictos o simplemente presuntos de la malversación a cambio de un favor político, se otorgue la impunidad a dicha conducta, aunque recaiga solo sobre fondos nacionales del estado miembro”, apostilló.

📝 El TJUE registra la prejudicial del Tribunal de Cuentas por la amnistía y la bautiza “Sociedad Civil Catalana”

📝 El TJUE registra la consulta de la Audiencia por los CDR y le pone el nombre de una entidad de víctimas de terrorismo

 

Finalmente, la Audiencia Nacional frenó la amnistía a los 12 CDR de la operación Judas acusados de terrorismo y pidió al TJUE que se pronuncie sobre si la aplicación de la amnistía en este caso contraviene el Derecho comunitario y garantiza la impunidad de los delitos. La Fiscalía y las defensas reclamaron que se les amnistiara porque sus acciones no fueron ejecutadas y no hubo personas heridas. Sin embargo, los tres jueces concluyeron que aplicarles la norma del olvido penal supondría “enviar un mensaje hacia el futuro en el sentido que los delitos de terrorismo pueden ser perdonados cuando la intencionalidad de los mismos esté en línea con los intereses políticos de quien dicta la ley de amnistía”.

La amenaza del Supremo al Constitucional hace diez meses

La posibilidad de que una consulta en el TJUE obstaculice la aplicación de la amnistía no es nueva. En julio, la Sala de lo Penal del Supremo presidida por Manuel Marchena aprovechó la providencia en la que reiteraba la negativa a amnistiar a los condenados al juicio del procés para lanzar una amenaza implícita y directa al Constitucional: si le impone amnistiar la malversación, recurrirá al TJUE. “Una interpretación que estimara que el delito de malversación es amnistiable nos obligaría en el futuro a suscitar la cuestión prejudicial delante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, avisaba el Supremo. En otras palabras: si el TC considera que la ley establece que hay que amnistiar la malversación del 1-O y se lo impone al Supremo, la Sala de lo Penal irá a Luxemburgo. “En su momento y a la vista la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional, la Sala decidirá lo que resulte pertinente”, remachaba el Alto Tribunal.