Isabel Díaz Ayuso vuelve a la carga. Contra la Moncloa y contra Catalunya. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido recurrir a la Audiencia Nacional el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre la condonación de la deuda de las comunidades autónomas, que beneficia tanto a Catalunya como al resto de territorios. En total, una condonación de 83.000 millones para el conjunto de las comunidades autónomas. Fue uno de los compromisos que incluía el acuerdo entre ERC y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. El ejecutivo madrileño ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo, según ha anunciado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, alegando que el acuerdo no es válido y es contrario al principio de igualdad porque es un “peaje intolerable a los partidos independentistas sin contar con las comunidades autónomas”.
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Miguel Ángel García se ha escudado en tres motivos para recurrir la decisión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y evitar que “todos los españoles tengan que pagar la fiesta independentista”. En primer lugar, ha justificado que, “desde el punto de vista formal”, el acuerdo “no es válido porque no participaron las comunidades autónomas gobernadas por el PP y no había cuórum suficiente para adoptar la medida”. En segundo lugar, ha denunciado que “discrimina entre regiones y favorece a aquellas más endeudadas, primando la irresponsabilidad fiscal y violando la neutralidad exigible al Gobierno ante el ejercicio por parte de las comunidades de la autonomía fiscal”. “La irresponsabilidad no solo queda impune, sino que se vería recompensada”, ha lamentado. Finalmente, ha esgrimido que “supone un perjuicio para los madrileños”: la deuda generada “no se va a evaporar” y los ciudadanos de Madrid tendrán “500 euros más de deuda” por la “irresponsabilidad de algunos y la necesidad que tiene Pedro Sánchez de comprar los votos que lo mantengan en el Palacio de la Moncloa”.
Fue a finales de febrero cuando el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó, con el apoyo del Ministerio de Hacienda, de los consejeros socialistas y de la catalana Alícia Romero, la condonación de la deuda autonómica. Fue el día que todos los consejeros de Economía y Hacienda de las comunidades gobernadas por el PP plantaron a María Jesús Montero y se levantaron precipitadamente de la reunión en señal de protesta contra la decisión de la Moncloa de pactar bilateralmente esta cuestión con ERC y pedirles a ellos posteriormente que lo avalaran. Sin embargo, el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó la condonación de 17.300 millones de euros de la deuda de la Generalitat de Catalunya y una condonación total de 83.000 millones para el conjunto de las comunidades autónomas: el Gobierno tenía la mitad de los votos y, con el beneplácito de los gobiernos catalán, asturiano y castellano-manchego, consiguió que saliera adelante.
“Es una tomadura de pelo que nos lleven para aprobar las cuestiones que previamente han acordado con los independentistas”
“No seguiremos aceptando que se nos lleven temas aprobados para que seamos simplemente una comparsa que se dedica a ratificar estos acuerdos o nos dediquemos a discutir de forma estéril entre nosotros una cosa que ya está acordada en otros foros”, denunció el consejero gallego de Hacienda y Administración Pública, Miguel Corgos. “El orden del día del Consejo de Política Fiscal y Financiera no lo ha fijado la ministra de Hacienda, lo ha fijado Esquerra Republicana. Todas las comunidades autónomas tenemos derecho a decidir todos los asuntos que se tratan, no encontrarnos ya hechos los acuerdos con que se plantean”, añadió. “Es una tomadura de pelo que nos lleven para aprobar las cuestiones que previamente han acordado con los independentistas”, insistió Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de Andalucía.
Las comunidades gobernadas por el PP siguen reclamando que el Gobierno impulse una reforma integral del sistema de financiación autonómica. En cambio, lejos de esto, la consejera madrileña de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, denunció que solo recibieron “cuestiones parciales que a los únicos que interesan son a los independentistas catalanes”. “Se olvidan del resto de las comunidades autónomas”, añadió. “¿Para qué nos quieren si no nos tienen en cuenta? ¿Para refrendar su mentira y sus acuerdos con el independentismo catalán, olvidándose del resto de las regiones, que estamos cumpliendo con lo que establece la Constitución? Ese juego no lo vamos a hacer”, concluyó.