El acuerdo que han cerrado PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez incluye el traspaso de, como mínimo, parte de las líneas R-1, R-2 y R-3 de Rodalies, para lo que se creará una empresa, bajo el nombre de Rodalies Catalunya, que contará con un consejo de administración paritario integrado por el Estado y la Generalitat, pero con un presidente nombrado por el Govern. Asimismo, en la carpeta de financiación, se ha acordado facilitar que la Generalitat pueda volver a financiarse en los mercados, gracias a un mecanismo por el que el Estado asume parte de la deuda autonómica y que será "extensible a otras comunidades autónomas".

Estos son algunos de los puntos del acuerdo que han cerrado PSOE y ERC y que esta tarde ha anunciado el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, y el primer secretario del PSC, Salvador Illa, en la sede del PSC. Previamente, Bolaños ha firmado el acuerdo con el presidente de ERC, Oriol Junqueras.

Por lo que respecta a la amnistía, Bolaños ha advertido que se trata de una "negociación en curso", en referencia a las conversaciones con Junts, por lo cual ha evitado entrar a detallar los términos en los que se está negociando. El partido de Carles Puigdemont ha dejado claro que no se han solucionado los flecos pendientes, por lo que aún no se ha cerrado el pacto que garantice el apoyo de los 7 diputados de Junts a la investidura de Pedro Sánchez.

 

Rodalies figura en el Anexo 1 del acuerdo, donde se fijan compromisos y plazos para el traspaso gradual de, como mínimo, parte de las líneas R-1, R-2 y R-3. Bolaños ha subrayado que este acuerdo no es más que la culminación del proceso que se puso en marcha en 2009 y 2010. Aunque el consejo de administración de la nueva empresa que se encargará del traspaso será paritario, la presidencia quedará en manos de uno de los representantes de la Generalitat, que tendrá voto de calidad. No obstante, los acuerdos que se consideren estratégicos en relación con este servicio deberán adoptarse con una mayoría cualificada del consejo.

Financiación

Con respecto a la mejora de la financiación, según el texto acordado, se tramitará "una modificación legal de alcance general para todas las comunidades autónomas de régimen común que permita la asunción por parte del Estado de parte de la deuda autonómica con este, originado por el impacto negativo del ciclo económico". El acuerdo especifica que deberá determinarse qué parte del incremento de la deuda obedece a este impacto del ciclo económico y no limita el acuerdo al FLA, dado que deja claro que también existirá la posibilidad de acogerse a transferencias para la cancelación de la deuda en el caso de endeudamiento con terceros distintos del Estado. Esto no ha impedido que algunas comunidades autónomas ya hayan puesto el grito en el cielo.

"Esta operación supondrá la asunción del entorno del 20% de la deuda viva en el momento de ejecución de este acuerdo, adoptado por la Generalitat de Catalunya con la Administración del Estado en los mecanismos de liquidez estatal", se especifica. Eso equivaldría a unos 15.000 millones de euros de la deuda de Catalunya y supondrá un ahorro de 1.300 millones en intereses.

El acuerdo incluye también cuestiones singulares, como la financiación de la ampliación de los Mossos, en concreto de los 3.739 efectivos nuevos acordado en el 2021, que se han añadido a los 18.267 existentes, lo cual representará unos 1.600 millones de euros. Asimismo, contempla la gestión de la jubilación de 1.397 funcionarios de prisiones hasta el 2030 o la creación de una comisión de inversiones entre la Generalitat y el Estado "para acordar la priorización y planificación de la actividad inversora y su seguimiento y ejecución".