Suenan tambores de bloqueo en Madrid. En los próximos meses, el PP y el PSOE tendrán que abordar una nueva renovación de un órgano crucial en la arquitectura del estado: el Tribunal Constitucional. Un año después de desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que llevaba cinco años y medio con el mandato caducado, llega el momento de que el Senado elija a cuatro nuevos magistrados del TC. Uno de los que tendrá que ser sustituido es su presidente, Cándido Conde-Pumpido, que en los últimos meses ha estado en la diana de los populares por el aval que ha acabado dando el Constitucional a la ley de amnistía. De hecho, este proceso de renovación se acerca en un momento en el que todas las miradas vuelven a estar en el Constitucional: tiene encima de la mesa los recursos de amparo de todos los líderes del procés contra las decisiones del Supremo de no amnistiar la malversación y las medidas cautelares solicitadas por Carles Puigdemont para levantar la orden de detención que Pablo Llarena mantiene en vigor desoyendo la norma del olvido penal.
Eso sí, a corto plazo, no se prevé que la renovación del TC conlleve un cambio en la mayoría progresista que ahora opera. Ahora mismo, entre los cuatro magistrados que hay que renovar en el Senado, dos son progresistas y dos son conservadores y, a pesar de que el PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta, hará falta un acuerdo con el PSOE para alcanzar las tres quintas partes necesarias. Y es impensable que los socialistas accedan a una renovación que no reedite el equilibrio de fuerzas que hay ahora en el marcador del Senat. Otra cosa es que el PP opte por el bloqueo a la espera de un escenario más propicio para salir ganando. Si el PP eligiera a tres de los nombres, el equilibrio de fuerzas se igualaría y progresistas y conservadores empatarían a seis, cosa que daría un papel de preponderancia al voto de calidad del presidente y que podría conducir a un bloqueo en el seno del Constitucional en la elección del sucesor de Conde-Pumpido. Si se renueva con dos magistrados de cada bloque, se mantendría la ecuación actual y habría vía libre para que el Constitucional acabara instando al Supremo a amnistiar la malversación. Ahora bien, para que esto llegue, tiene que haber sinergias entre Ferraz y Génova.
Y todo el mundo sabe que llevar la negociación a buen puerto no será fácil. La relación entre el Gobierno y el principal partido de la oposición pasa, seguramente, por el peor momento de la legislatura (y de los últimos años) y el entendimiento se avista lejano. ¿Las constantes apelaciones a presentarse como partidos de Estado conducirán a un acuerdo? La dialéctica del PP, que hace semanas que reclama elecciones con mucha contundencia (“que el capo y sus secuaces salgan con las manos en alto y se entreguen”, escribió Miguel Tellado a finales de mayo en X) hace difícil vislumbrar una encajada de manos como la que Félix Bolaños y Esteban González Pons protagonizaron en junio de 2024.
“No vamos a callar ante sus atropellos y no vamos a picar sus anzuelos”, verbalizó Alberto Núñez Feijóo a finales de julio frente a la plana mayor del partido. “Con este Gobierno no es posible mejorar la vida de los españoles, lo que vamos a hacer es limitar el daño que pueda hacer a la democracia”, añadió. ¿Esta declaración de intenciones impedirá que prospere un acuerdo que deriva de un mandato de la Constitución? El PP tendrá un dilema con incentivos contrapuestos: pactar con el PSOE un reparto dos-dos (que mantendría la mayoría progresiva) y conseguir sustituir a Cándido Conde-Pumpido (visto con malos ojos por Génova desde que fue elegido) o bloquear el acuerdo a la búsqueda de un tres-uno (o un lejano cuatro-cero) para poner fin a la mayoría progresista en el Constitucional aunque esto suponga que Conde-Pumpido alargue su mandato (porque el PSOE no lo aceptaría).
De hecho, el escenario de un bloqueo no sería nuevo. En la última renovación, que llevaron a cabo el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial, los nuevos magistrados tomaron posesión con siete meses de retraso. Fue entonces cuando se dio el vuelco en la composición del TC, que pasó a tener una mayoría progresista. Pero el caso más parecido sería el que se dio en 2010, cuando el Senado renovó sus cuatro magistrados dos años y medio más después de que acabaran el mandato. En esa ocasión, las fricciones llegaron por los nombres que se propusieren. Y esa fue la causa por la que cuatro de los once magistrados que participaron en la sentencia del Estatut de Catalunya tenían el mandato caducado.
¿Qué condiciones impondrá el PP?
El PP todavía no ha verbalizado cuáles serán sus condiciones para pactar la renovación del TC. Pero en los últimos meses, hay una idea que Alberto Núñez Feijóo ha repetido en múltiples ocasiones y que se podría convertir en el nudo gordiano de la negociación: elegir personas que lleven cinco años fuera de la política. Es una cláusula que se incluyó en el pacto entre el PP y el PSOE para renovar el CGPJ y que desde entonces se aplica, por ley, a los vocales del Poder Judicial y al fiscal general del Estado. Esto incluye, entre otros, ministros o diputados, que ahora tienen que esperar cinco años para dar el salto al CGPJ. Pero no se extendió al Constitucional y el PP podría situar ahora esto como una línea roja.
La única voz del PP o del PSOE que se ha pronunciado en los últimos días ha sido de las filas populares. Preguntado por esta cuestión, el vicesecretario de Igualdad del partido, Jaime de los Santos, defendió que el PP quiere y “España necesita” que el TC “recupere la senda de respeto a las instituciones y a la justicia” y deje de tener un presidente que está “única y exclusivamente pendiente de lo que se le ordena en la Moncloa”. Esto parecería entrever una voluntad de entendimiento. Pero todavía es muy pronto.
¿Es viable que el PP llegue a las tres quintas partes sin necesitar el PSOE?
La realidad es que el escenario de bloqueo es plausible. En el caso de que el PP y el PSOE no se pongan de acuerdo en los cuatro nombres (como pasó, por ejemplo, en 2010), los cuatro magistrados continuarán en el Constitucional con plenas facultadas. El incentivo del PP para torpedear la renovación podría ser conseguir llegar en solitario a los tres quintos en unas futuras elecciones. ¿Sería posible? No es inviable, pero es difícil de imaginar. Esto, claro está, permitiría al PP prescindir del PSOE y, por lo tanto, podría nombrar los cuatro magistrados del Senado, un escenario inédito que cambiaría de nuevo la mayoría en el Constitucional, que volvería a estar controlado por los conservadores. Parece improbable.
Ahora mismo, el Senado está formado por 265 senadores, lo que sitúa la mayoría necesaria para renovar el TC en 159 parlamentarios. El PP tiene 144 y Vox, tres. Si los populares quisieran llevarlo a cabo en solitario, les faltarían quince escaños. Mirando los resultados electorales del 23J, tendrían que repetir los resultados en todas las provincias y mejorarlos en once (València, Sevilla, Ibiza-Formentera, Huelva, Badajoz, Cáceres, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuenlabrada y La Palma) para llevarse senadores que consiguió el PSOE. Así sumaría doce escaños más. Le faltarían todavía tres, que podría obtener de Vox, si se prestara a facilitar la renovación para prescindir de los socialistas, o a través de los que designan los parlamentos autonómicos, que dependen de la composición de las cámaras territoriales.
Los precedentes históricos también alejan el horizonte de un PP superando la barrera de los tres quintos. En toda la historia, solo el PSOE de Felipe Gonzáles en 1982 y en 1986 alcanzó la barrera por si solo. Ni tan siquiera José María Aznar en el año 2000 o Mariano Rajoy en 2011 llevaron al PP a esa barrera. Eso sí, en ambos casos hubieran podido renovar el TC solo con el beneplácito de CiU. Hay que recordar que el sistema electoral en el Senado es mayoritario: cada provincia elige a cuatro senadores y cada partido presenta tres nombres. De esta forma, lo habitual es que el partido más votado se lleve a tres de ellos, mientras que el segundo consiga el último.
La consecuencia que tendría el bloqueo es que sus sucesores tendrían un mandato más corto, dado que se les recortaría los meses de retraso en la renovación. Esta cláusula se introdujo, precisamente, en 2010 para evitar que coincidieran las renovaciones del Senado y del Congreso, dado que la Constitución estipula meridianamente claro que el TC se tiene que renovar por tercios cada tres años. En aquel momento, CiU quería modificar la ley para que pasados seis meses del fin del mandato, en caso de que no haya acuerdo para su renovación, sean cesados automáticamente para forzar su renovación.
Un bloqueo de tres años en el Senado hasta la sentencia contra el Estatut
La renovación parcial por parte del Senado estuvo en el ojo del huracán en los últimos años de la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. El mandato de los cuatro magistrados elegidos por la Cámara Alta caducó en diciembre de 2007, pero no fue hasta septiembre de 2010 que el PP y el PSOE se pusieron de acuerdo. Las fechas no son baladí. En junio de 2010, con cuatro magistrados con el mandato caducado, el Constitucional recortó el Estatut d’Autonomia de Catalunya. Llevaban treinta meses de prórroga. Y solo tres meses después, se dio luz verde a la renovación.
El escollo del acuerdo fue la insistencia del PP en situar a Enrique López como candidato, un nombre que el PSOE no aceptaba. No fue hasta que los populares renunciaron a él que se consiguió sellar la renovación. La elección del PP para sustituirlo fue Francisco Pérez de los Cobos, el hermano del coronel Pérez de los Cobos, que coordinó la actuación policial durante el referéndum del 1 de octubre. Enrique López era un perfil próximo al PP y que, según los servicios jurídicos del Senado, no cumplía el requisito de llevar quince años en el ejercicio activo de la carrera como exige la ley (el PP alegaba que también había que contabilizar el tiempo que fue vocal de CGPJ). Sea como fuere, el precedente del 2010 evidencia que el nombre de uno de los candidatos puede ser suficiente para frenar la renovación.
El PP quiso recuperarlo en la renovación del Congreso, pero el PSOE lo volvió a impedir. Finalmente, fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que lo eligió en 2013. Ahora bien, un año más tarde, en junio de 2014, fue interceptado conduciendo su moto borracho y acabó dimitiendo. Por cierto, Enrique López formó parte del tribunal que condenó a Valtonyc a tres años y medio de cárcel por la letra de sus canciones y fue consejero de Justicia e Interior (y parcialmente de la Presidencia) de Isabel Díaz Ayuso sus dos primeros mandatos (de 2019 a 2023).
Un año antes de la fumata blanca, ERC apresó a Zapatero a mover ficha. “Le exigimos un tribunal renovado y no un tribunal interino, en precario y groseramente politizado”, le reclamó Joan Ridao en una sesión de control. “En caso de una sentencia adversa [sobre el Estatut], se producirá un choque de legitimidades entre un tribunal caducado y politizado y la voluntad expresada por el pueblo de Catalunya”, verbalizó. Por su parte, el presidente español expresó que la situación era un “manifiestamente inconveniente”, pidió “lealtad institucional” y se comprometió a “redoblar los esfuerzos para intentar llegar al consenso”.
La última renovación: siete meses de bloqueo que retrasaron la mayoría progresista
Hace tres años y medio el Tribunal Constitucional vivió otro episodio de bloqueo. En aquel caso, por el choque entre el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial. El enfrentamiento provocó que cuatro magistrados del TC fueran relevados siete meses después de que acabara su mandato y estallara una crisis constitucional sin precedentes en las Cortes Generales. La cronología empezó en junio de 2022, cuando expiró el mandato de cuatro miembros del TC (los dos elegidos por la Moncloa y los dos propuestos por el CGPJ). En aquel momento, el CGPJ seguía en funciones por la incapacidad del PP y el PSOE de pactar su renovación.
En ese contexto, el Gobierno había impulsado una ley para impedir que el CGPJ hiciera nombramientos con el mandato caducado. Y eso obligó a los socialistas a modificar la ley de nuevo para devolver al Poder Judicial la capacidad de hacer los nombramientos, pero solo en el Constitucional. La renovación del TC que depende del Gobierno y del CGPJ se tiene que hacer a la vez, así que estaba atascada hasta que se pudiera renovar el CGPJ. Y con la reforma de la ley se pretendía superar este escollo.
Después de esta primera pantalla, el CGPJ fue incapaz de ponerse de acuerdo con los nuevos nombres. De hecho, la nueva ley fijaba un plazo que venció sin que el Poder Judicial eligiera sus dos candidatos. ¿Qué consecuencias tenía esto? Que se retrasaba el cambio de la mayoría conservadora a progresista: los dos conservadores elegidos por el Gobierno de Mariano Rajoy serían sustituidos por dos progresistas nombrados por Pedro Sánchez. Y se daría la vuelta a la mayoría.
Después de una batería de reuniones infructuosas en el seno del Poder Judicial, a finales de noviembre, el Gobierno designó a sus dos magistrados sin esperar al CGPJ: Juan Carlos Campo (el ministro de Justicia que firmó los indultos a los presos políticos) y Laura Díez (que fue directora general de Asuntos Constitucionales de la Moncloa y fue asesora del Govern para la reforma del Estatut). Un par de semanas después, el PSOE y Unidas Podemos registraron dos enmiendas a la reforma del Código Penal que derogaba el delito de sedición para modificar el sistema de elección de los magistrados del TC: para eliminar la obligatoriedad de los tres quintos en el CGPJ (con el nuevo sistema, se nombraría a los dos magistrados con más votos) y eliminar la obligación de la elección simultánea de los dos candidatos del ejecutivo y los dos del Poder Judicial.
Sin embargo, el PP emprendió una batalla judicial para parar los pies al Gobierno y presentó un recurso de amparo al Constitucional con medidas cautelares para frenar la votación. Después de que la ley y las enmiendas recibieran luz verde en el Congreso, el TC frenó la tramitación de las dos enmiendas en el Senado: seis votos de los conservadores frente a cinco votos progresistas. Era la primera vez en la historia del Congreso y el Senado que al TC intervenía en una tramitación parlamentaria. El Parlament de Catalunya ya había sido testigo de ello.
Finalmente, después del fracaso de los conservadores intentando imponer sus dos candidatos, el 27 de diciembre, el pleno del CGPJ llegó a un acuerdo por unanimidad para designar al conservador César Tolosa y a la progresista María Luisa Segoviano como magistrados del Constitucional. La solución fue la cesión de los vocales progresistas, que aceptaron que los dos nombres fueran a propuesta de los conservadores. Segoviano había estado en la mesa del bloque progresista, pero había quedado fuera de las votaciones internas. Y los conservadores la recuperaron para acabar con el bloqueo. Aunque es progresista, no es quien había elegido ese bloque. El 9 de enero de 2023 los cuatro nuevos magistrados tomaron posesión y ratificaron el vuelco de la mayoría en favor de los progresistas.