Excepcional. Aunque ya lo había hecho en Catalunya, el Tribunal Constitucional ha consumado este lunes por primera vez su intromisión dentro de un procedimiento del Congreso de los Diputados y el Senado. El TC ha decidido hacer realidad su desafío a Pedro Sánchez y admitir las medidas cautelarísimas exigidas por el PP para detener la reforma del poder judicial, además de rechazar las recusaciones a los dos magistrados que tienen el mandato caducado. Es decir, la mayoría conservadora del tribunal de garantías (seis votos a favor y cinco en contra) ha decidido paralizar una reforma que intentaba desbloquear la renovación de este mismo tribunal cuando todavía no había acabado su vía parlamentaria.
Vamos por partes. En primer lugar, los magistrados del Tribunal Constitucional han decidido admitir a trámite el recurso de los populares. Posteriormente, han rechazado abordar las recusaciones solicitadas por PSOE y Unidas Podemos al presidente del TC, Pedro González-Trevijano, y el también conservador Antonio Narváez; lo que se convierte en un rechazo de facto a las recusaciones. De hecho, los dos magistrados han participado en esta votación, que ha acabado por seis votos a favor (conservadores) y cinco en contra (progresistas). El pleno sí que ha aceptado la personación de los socialistas y los morados a la causa, sin embargo, aunque fuentes del Constitucional señalan que los progresistas han intentado alargar el pleno para aplazar cualquier decisión, ha acabado aceptando las medidas cautelarísimas que pedía el partido de Alberto Núñez-Feijóo.
¿En qué se traduce eso? Ahora el Senado tiene que parar el procedimiento parlamentario que hubiera acabado con una reforma del poder judicial. No se suspende el pleno, pero sí que se insta a la cámara alta a frenar la votación de las dos enmiendas que reformar el poder judicial. Aunque el portavoz de Unidas Podemos Pablo Echenique haya pedido este lunes desobedecer al tribunal de garantías y desbloquear la renovación judicial, todo indica que la cámara alta acatará el pronunciamiento del TC y pondrá en 'stand by' esta reforma. Solo hay que recordar que la semana pasada la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, aseguró que el Congreso tiene que obedecer los pronunciamientos del TC. Sería una sorpresa que su homólogo en el Senado, el socialista Ander Gil, hiciera lo contrario. Hará falta ahora ver si para toda la modificación del Código Penal —que incluye la reforma de la sedición y la malversación— o si, con el fin de aprobar todas las otras cuestiones, se presentan enmiendas que recorten solo todo lo que hace referencia al CGPJ y el TC.
A las puertas de una reunión del CGPJ
La decisión del Tribunal Constitucional ha llegado cuando quedaban menos de 24 horas para que el Consejo General del Poder Judicial se reúna para, precisamente, votar el nombramiento de los dos magistrados del TC que le corresponde designar. Se trata de un encuentro suplicado por el bando conservador de la cúpula judicial española con el fin de intentar convencer al resto de vocales de enviar al tribunal de garantías al progresista Pablo Lucas, ya que el favorito del PSOE es José Manuel Bandrés. Si el encuentro acaba con un acuerdo, el Tribunal Constitucional se renovará. En otras palabras: El TC ha deliberado este lunes sobre un recurso del PP con mayoría conservadora cuando es posible que en los próximos días haya una mayoría progresista.
Un debate con los magistrados divididos
Los once magistrados del TC han empezado su reunión este lunes cuando pasaban escasos minutos de las diez de la mañana. Ha durado más de nueve horas. Encima de la mesa había varias cuestiones a resolver: dos recursos del PSOE, en los cuales presentaba alegaciones y pedía personarse en el proceso; y dos más de Unidas Podemos para que el tribunal de garantías elevara a la justicia europea la recusación de dos magistrados por mandato caducado, y para que el PP agote todas las vías parlamentarias antes de recurrir a la justicia española. Además, este lunes el diputado socialista Felipe Sicilia ha presentado otro recurso que se añadía a la larga documentación que tenían que analizar a los magistrados.
El PSOE señalaba en su recurso que en caso de que el Constitucional diera la razón al PP, el tribunal de garantías estaría vulnerando las funciones parlamentarias de los diputados y senadores españoles, ya que la reforma judicial todavía se encuentra en trámite parlamentario. Es decir, ya se ha aprobado en el Congreso, y todavía tiene que pasar por el Senado, de manera que todavía no se ha convertido en ley. En opinión de los socialistas, todavía no se ha causado ningún daño irreversible. Un motivo más para defender que el Tribunal Constitucional no puede parar el procedimiento parlamentario antes que este haya acabado.
Unidas Podemos ha presentado este mismo lunes por la mañana un escrito en el cual señalaba que "existe una profunda falta de imparcialidad" porque Trevijano y Narváez tienen un interés directo por detener esta reforma del Gobierno. Este hecho, según la formación de Jaume Asens, choca con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ya que en el artículo 47 queda recogido el derecho a un juez imparcial, cosa que en este caso no se cumpliría.