El 28 de junio del 2010 es, para mucha gente, el día que empezó el procés de independencia de Catalunya. Aquella jornada, el Tribunal Constitucional emitió la sentencia del Estatut de Autonomía, cinco años más tarde que la reforma fuera aprobada en el Parlament en el 2005 y después de que en el 2006, con pacto previo entre Artur Mas y José Luis Rodríguez Zapatero, quedara también avalada por las Cortes españolas. Meses después, el 18 de junio del 2006, los catalanes dieron su visto bueno al texto, con una participación de poco más del 49% y con el PP y ERC pidiendo el voto en contra, aunque por motivos radicalmente diferentes. Ahora que se cumplen 15 años de aquella sentencia que abrió una gran herida entre el Estado y Catalunya, ElNacional.cat habla con cuatro protagonistas de los partidos que centraron el debate en aquel momento: José Montilla, entonces president de la Generalitat; Artur Mas, jefe de la oposición, que meses después asumiría la presidencia de la Generalitat; Joan Ridao, secretario general de ERC, portavoz del partido en el Congreso y uno de los redactores del Estatuto; y Santi Rodríguez, diputado en el Parlament por el PP y muy próximo a quién fue el líder de la formación en Catalunya y poniente del Estatut, Josep Piqué.
Los antecedentes
El president Pasqual Maragall, al frente del tripartito de izquierdas que llegó a la Generalitat después de las elecciones del 2003, se comprometió en su discurso de investidura en el Parlament de Catalunya a reformar el Estatut. Un año después, convocó los grupos parlamentarios en Miravet, en la orilla del Ebro, donde se consensuaron las bases con un acuerdo de mínimos. Por este motivo, hay quien habla del Estatut de Miravet. De aquella reunión salió el compromiso que el texto estuviera listo antes de julio del 2005. Finalmente, después de un periodo largo y complejo, la propuesta de la reforma del Estatut se aprobó el 30 de septiembre de aquel año, con el único voto en contra del PP. 120 diputados de 135, tal como anunció el president de la cámara, Ernest Benach. El texto que se aprobó aquella jornada en el Parlament tenía como punto primero del primer artículo que "Catalunya es una nación". Entonces era el turno de Madrid, ya que el texto se tenía que aprobar también por las Cortes españolas: en el Congreso y en el Senado.
El Estatut llega a Madrid
De esta manera, todos los ojos estaban puestos sobre el entonces presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, que, antes de ganar las elecciones españolas del 2004, el 13 de noviembre del 2003, desde el Palau Sant Jordi de Barcelona y todo haciendo campaña por Pasqual Maragall durante las elecciones en el Parlament pronunció una frase breve y concisa que quedaría bien grabada en el cerebro de muchos catalanes: "Apoyaré a la reforma del Estatut de Catalunya que apruebe el Parlament de Catalunya", dijo entre los fuertes aplausos de las 20.000 personas que se habían reunido en el recinto. El periplo en Madrid fue largo y en algunos momentos pareció imposible de resolverse. El PP español rechazaba totalmente el texto que se había enviado desde el Parlament y, coincidiendo con el día de la Constitución, convocaron una manifestación para reivindicar España como una "única nación", a la cual asistió Josep Piqué.
Todo ello dio un vuelco el 21 de enero del 2006, el sábado en que Zapatero y Mas pactaron, por fín, el Estatut después de una maratoniana reunión. Este pacto chocó con el rechazo de pleno de ERC, que se distanció y votó en contra del texto en el Congreso, como el PP -dos años antes, ERC (8) votó favorablemente a la investidura del líder socialista, mientras CIU (10) se abstuvo-. Así y todo, el Congreso aprobó el Estatut el 30 de marzo del 2006. Seguro que al cabreo de ERC no ayudó al hecho que Alfonso Guerra, entonces presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, exmano derecha del expresidente español Felipe González y siempre enérgico contra las aspiraciones soberanistas de Catalunya, dijera en abril de aquel año que la cámara española se cepilló como un carpintero el texto, entre aplausos en un acto de las juventudes socialistas. Todo ello hizo subir la tensión en el Govern, con reproches cruzados entre Pasqual Maragall y los republicanos. Después de que estos acordaran pedir el "no" de los catalanes en el Estatut al referéndum, Maragall destituyó a los seis consellers de Esquerra. Concluyó que no había sido buena idea emprender una tarea titánica como la reforma del Estatut con un "experimento" como era el Tripartito -previamente, ya había cesado el líder republicano, Carod-Rovira, como Conseller en Cap por reunirse con ETA. Meses más tarde, sin embargo, después de las elecciones del 2006 se repitió la fórmula que tendría el nombre de la montaña rusa del momento de PortAventura por sus idas y venidas: Dragon Khan.
El 18 de junio el texto quedó aprobado con el apoyo de los catalanes, pero el 31 de julio, la entonces responsable de política autonómica del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, y el exministro popular Federico Trillo se presentaron delante del Constitucional para presentar un recurso contra el Estatut. Los dos hablaban del nuevo Estatut como una "Constitución paralela". No era la primera vez que intentaban presentar el recurso, ya que lo habían intentado en noviembre del 2005, cuando empezó la tramitación en el Congreso, pero el TC rechazó la admisión a trámite. Paralelamente, empezó una recogida de firmas encabezada por el entonces líder popular y jefe de la oposición español, Mariano Rajoy, para pedir que hubiera un referéndum por todo el estado sobre el Estatut. Los populares no fueron los únicos que recurrieron a la sentencia del Estatut: también lo hicieron el defensor del pueblo español, que era ni más ni menos que el socialista y exministro, Enrique Múgica, y hasta seis comunidades autónomas.
La sentencia: tijeretazo a la lengua y justicia y una nación sin "eficacia jurídica"
Entre que se presentó el recurso y se produjo la sentencia pasaron cuatro años de una deliberación larga y tortuosa. Quedaba en manos de un tribunal politizado, con el mandato agotado de una parte de sus miembros y una imposible renovación por el bloqueo de los partidos. PP y PSOE se repartían a partes iguales los miembros de los tribunales, seis cada uno, y con el voto de calidad de su presidenta, Maria Emília Casas, que era progresista. Durante los cuatro años, además que había 1/3 parte de magistrados con el mandato caducado, hubo un miembro progresista recusado (Pablo Pérez Tremps), mientras que un conservador moría de un ataque cardiaco, Roberto García Calvo. Además, otro progresista se alineó con las tesis conservadoras, poniendo en su punto de mira el concepto de Catalunya como nación.
Pero todo hacía pensar que la estocada del Tribunal Constitucional sería muy dura, tal como acabó sucediendo. Se votó en cuatro bloques y, en el segundo, una mayoría de ocho a dos, declaró inconstitucionales 14 artículos. Eso supuso recortar aspectos básicos que hacían referencia a la lengua, la financiación y la justicia. Aunque el preámbulo sobrevivió a la decapitación, también se resolvió que la idea de "Catalunya como nación" que este recogía no tenía eficacia jurídica interpretativa. Además, el Constitucional también fijaba criterio interpretativo sobre un buen número de artículos, en un texto de más de 800 páginas.
El golpe a la lengua también fue duro, ya que se declaró inconstitucional que el catalán fuera la lengua "preferente" de las administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos. El Constitucional también pasó la tijera en el papel del defensor del pueblo catalán, a quien le sacó la exclusividad de supervisar la actividad de la Generalitat, tal como reclamaba el Defensor del Pueblo espanyol, que también recurrió la constitucionalidad del Estatut. La sentencia anuló a su vez la mayoría de los preceptos que hacían referencia a la justicia, como el artículo 97 donde se creaba el Consejo de Justicia de Catalunya.
No sin el debate y las disputas habituales entre los partidos, el 10 de julio se celebró una multitudinaria manifestación en la capital del país, organizada por Òmnium Cultural, bajo el lema "somos una nación, nosotros decidimos". Esta reunió, según la entidad, 1,5 millones de personas en el paseo de Gràcia de Barcelona, donde quedó patente tanto el rechazo como el enfado de buena parte de Catalunya con el recorte que había sufrido el texto que ellos mismos habían votado (a favor o en contra) años atrás.
Montilla, el president de la Sentencia
Aquel 10 de julio del 2010, entre las personas que encabezaban la manifestación había José Montilla, entonces president de la Generalitat, a quien le quedaban pocos meses en el cargo por el porrazo electoral que recibieron los socialistas. Estaba acompañado del presidente del Parlament, Ernest Benach y de sus predecesores en el cargo, Jordi Pujol y Pasqual Maragall. El día que se hizo pública la decisión del tribunal, Montilla compareció desde Palau. Preguntado quince años después por ElNacional.cat sobre cómo vivió aquella jornada, el expresident recuerda que "a medida que iba pasando el tiempo, íbamos tomando conciencia que la sentencia no acabaría bien", aunque destaca el trabajo hecho de todo el país por evitar que acabara sucediendo, cosa que parecía "inevitable". "Hice una comparecencia para dejar muy claro el rechazo al contenido de la sentencia y también el error político que implicaba", afirma el president, subrayando que el texto que se cuestionaba había sido avalado por el Parlament, por las Cortes españolas y por la ciudadanía de Catalunya en un referéndum. Cuestionado por si considera que el país estuvo a la altura de las circunstancias aquel verano del 2010, con la gran movilización, está convencido que sí: "Se vio que lo que supone la sentencia era una herida importante en el grosor de la sociedad catalana, porque se ponía en cuestión el autogobierno del cual nos habíamos dotado".
"No fue la única, pero una de ellas seguro", reflexiona en declaraciones en este diario, poniendo como ejemplo de su tesis que las manifestaciones del 11 de septiembre de aquel año y del siguiente no fueron multitudinarias. Por eso, fecha el inicio del procés en el 2012: "La sentencia contribuyó, pero no creo que sea el elemento determinado, único y exclusivo". Hay que recordar que el president ya advirtió antes de la sentencia (7 de noviembre del 2007) que en Catalunya "estaba creciendo la desafección emocional hacia España". Mirando hacia atrás, Montilla considera que la decisión del Constitucional supuso una "cierta fractura que con el procés se amplificó muchísimo", pero reclama mirar hacia el futuro y no hacia el pasado, celebrando que, según su opinión, desde hace meses se vuelven a abordar mejoras del autogobierno, como son las competencias en inmigración, el traspaso de Rodalies o la madre de los huevos, la financiación singular.
Artur Mas, clave en las negociaciones con Zapatero
El president Mas, que entonces era jefe de la oposición, fue clave en la redacción del Estatut, sobre todo del texto que salió en el 2006 acordado con el gobierno liderado por José Luis Rodríguez Zapatero. "A nosotros, aunque no nos tendría que haber tocado, lo negociamos con el PSOE. Salimos, aunque no como tendríamos que haber querido porque tuvimos que recortar parte de lo que había salido del Parlament de Catalunya y aquello fue doloroso", explica Mas, que, en declaraciones en El Nacional.cat, acusa a Zapatero "de incumplir" lo que dijo en campaña de dar apoyo al Estatut que saliera de la cámara catalana. Mas asegura que cogió aquella negociación con un "exceso de sentido de responsabilidad" y asegura que los socialistas los pusieron en un callejón sin salida porque "no querían a Maragall como interlocutor".
Artura Mas define como "misil que caía en la línea de flotación del barco que se llamaba del Estatuto de Autonomía" la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut. "Nosotros no podíamos hacer nada en la cuestión del TC, que estaba peleado internamente, había plazas vacantes y miembros recusados", reflexiona Mas, que considera que era un tribunal "muy deslegitimado" y "teóricamente" con mayoría progresista. Mas hace autocrítica en cómo se gestionó el pacto del Estatut en Madrid, ya que, "como siempre", hubo una competencia entre los partidos catalanes para ver quien negociaba mejor, en vez de hacerlo todos juntos.
Con todo, el exlíder de CIU explica que "se intentó mucho" incluir el PP catalán en el pacto del Estatut. "Soy testigo directísimo. Hablé muchísimo con Josep Piqué", subraya el president, que cree que el PP, "sobre todo el español, tenía otros intereses". "Identificaron que era una piedra en el zapato para Zapatero. Como pasa ahora, su objetivo era únicamente sacar a los socialistas de la Moncloa a cualquier precio", afirma Mas, que cree que utilizaron el Estatut como herramienta y recuerda como Zapatero ganó las elecciones posteriores al 15-M. "No digirieron bien aquella derrota y, entonces, ponen a todas las baterías en contra para sacar a Zapatero de la Moncloa", reflexiona Mas, que recuerda que hay artículos del Estatut "idénticos" a los de Andalucía o València. Asimismo, el president cree que sin esta sentencia "no habría existido la mayoría social en Catalunya para empezar un camino hacia la independencia". "En el momento en el cual se lo cargan, provoca una reacción ciudadana de gran intensidad, como son las grandes manifestaciones", recuerda Mas, que cree que es uno de los principales factores que provoca el procés.
Ridao lamenta la falta de autocrítica
Uno de los protagonistas, sin duda, de la redacción del "nuevo Estatut" fue Joan Ridao, quien fue poniente. Cuando se hizo pública la sentencia era portavoz de la formación en Madrid y secretario general del partido, que estaba a punto de sufrir un gran porrazo y de hacer el relevo pacífico hacia Oriol Junqueras y Marta Rovira. Para él, la sentencia del Constitucional no fue una sorpresa, sino al contrario, por la cantidad de filtraciones que se habían producido durante los cuatro años que duró la deliberación desde que el PP había presentado el recurso. Ridao, sin embargo, también lamenta "el exceso de cálculo egoísta por parte de algunas fuerzas políticas y también del Estado, tanto por la hostilidad de la derecha política, pero también por la inhibición de algunos sectores progresistas y liberales". "No fue un cuadro bonito al final del proceso. La sentencia fue un varapalo y el punto final, pero el Estatut venía muy lastrado y acondicionado por la parte catalana y por parte de los pactos con el PSOE", reflexiona, en referencia al acuerdo de enero del 2006 entre Mas y Zapatero. Por eso, reprocha que, aunque era lógico cargar todas las culpas sobre "un tribunal politizado, con una configuración obsoleta y contaminado", considera que faltó autocrítica desde Catalunya.
Lo que sí que supuso la sentencia, en opinión de Ridao, es el inicio del procés de independencia, que a partir de la manifestación del 10 de julio se empezó a acelerar y los acontecimientos se sucedieron rápidamente uno tras el otro hasta octubre del 2017. "No fue el único, pero sí que fue lo más importante", indica, haciendo referencia también a otros factores que hacían que hubiera una "situación de cabreo colectivo", como la crisis económica que ya empezaba a hacer estragos. "Fue la prueba del algodón federal", argumenta Ridao, ya que con la sentencia del Constitucional se quedó demostrado en que no había posibilidad de reformar el Estado. "Reformar la Constitución era imposible y decidimos reformar el Estatut. Si eso fracasaba, era obvio que se volaban todas las vías", sentencia en declaraciones este diario.
Las diferencias entre el PP de Rajoy y el PP catalán de Piqué
El Partido Popular, entonces encabezado por Mariano Rajoy, hizo una campaña muy dura contra el Estatut de Miravet, hasta el punto que fue quien llevó el recurso al Tribunal Constitucional -junto con el entonces defensor del pueblo español, el socialista y exministro, Enrique Múgica-. De hecho, incluso recogió un total de 4 millones de firmas contra la norma aprobada por el Parlament de Catalunya y el Congreso de los Diputados en el año 2006. Sin embargo, lo entonces Partido Popular catalán, liderado por Josep Piqué, lo tuvo que hacer todo ello de mala gana. Piqué, que estaba intentando impulsar un PP vinculado al catalanismo, formó parte de la ponencia del Estatut en la cámara catalana, junto con el también traspasado Francesc Vendrell.
Los populares catalanes, en un claro choque con la dirección estatal de Mariano Rajoy, intentaron marcar perfil, hasta el punto que el voto en contra en el Estatut que salió del Parlament de Catalunya supuso un fracaso personal para Piqué, que, durante los 19 meses que se alargó el proceso de tramitación del proyecto, intentó sin éxito que se redactara en términos que le permitieran abstenerse y que sus jefes en Madrid no lo interpretaran como una deslealtad. De hecho, un ejemplo claro de esta tensión es cuando el entonces secretario general del PP, Ángel Acebes, aseguró que ETA "tutelaba" el Estatut. Un pronunciamiento que contestó Josep Piqué, afirmando que estaba "convencido de que el proceso estatutario en Catalunya, que nosotros criticamos, tiene una dinámica propia completamente independiente y separada del proceso vasco, afortunadamente."
"El Estatut sobrepasaba la Constitución"
Una de las personas que conocía muy de cerca a Josep Piqué es el actual secretario general del PP catalán, Santi Rodríguez -los dos comparten lugar de nacimiento: Vilanova i la Geltrú-. Rodríguez, que ahora es diputado en el Congreso y es uno de los hombres de confianza de Núñez Feijóo, admite que con la recogida de firmas "se quiso llevar a la calle un debate que no necesariamente tenía que ser en la calle". "No se gestionó acertadamente", admite Rodríguez en declaraciones en El Nacional.cat, desde donde reconoce que no tuvo ningún efecto práctico positivo. Ahora bien, Rodríguez subraya que la recogida de firmas "no era contra Catalunya" y asegura que desde el PP se consideraba que el Estatut "sobrepasaba la Constitución". "Cambiamos un Estatut de consenso por un Estatut de parte y eso no es nunca positivo", opina el dirigente popular, que lo compara con la Constitución del 78' que sí que fue de "consenso".
Rodríguez explica que vivió la sentencia del Constitucional de ahora hace 15 años con "normalidad" y "naturalidad" y asegura que ya desde un buen comienzo del Estatut "no se iba por el buen camino". "Empezamos mal con el pacto por el Tinell que era excluir el primer partido de España. El Estatut se tramitó sin escuchar al PP en el Congreso ni en Catalunya", reflexiona Rodríguez, que insiste en que se impulsaron propuestas que estaban "fuera de la Constitución". Sobre el impacto que la sentencia tuvo en el procés independentista, el dirigente popular discierne de la tesis de los nacionalistas catalanes y considera que su inicio fue durante el Pacto del Tinell (el primer tripartito) y el día que el president Mas llegó al Parlament en helicóptero a raíz del 15-M. "En el 2011 y el 2012 Mas aprueba los presupuestos con el PP y, entonces, con la situación económica de crisis que había, tuvo que afrontar con las consecuencias. Y entonces tira adelante con el concierto económico" opina Rodríguez, que insiste en lamentar que se pasara de un Estatut con el apoyo del 90% de la sociedad catalana al del 35%. "Provocó una división importante de la sociedad", concluye.
Para el décimo aniversario de la sentencia del Estatut, El Nacional.cat pudo entrevistar al exdiputado del PP catalán Francesc Vendrell, quien, durante la tramitación del Estatut, fue la mano derecha de Piqué y uno de los ponentes del redactado. Vendrell aseguraba que la responsable de política autonómica del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, que con los años sería vicepresidenta del Gobierno, argumentó que el enfrentamiento con el Estatut daba al PP votos en España. De hecho, Vendrell acusó a Santamaría de ordenar que no quedara rastro de la intervención del PP en la ponencia. "Gracias a los letrados del Parlament hicimos una trampa, consta que participamos. Y seguimos estando, a pesar de las órdenes. Por suerte, el PP tenía un presidente (Rajoy) un poco pasota y eso daba un cierto margen de maniobra", ironizaba. Ahora bien, tampoco hizo una valoración negativa de la sentencia del Estatut, ya que creía que el error fue recurrir la nueva normativa salida del Congreso. Faltó la voluntad política", lamentaba.