Llega el momento de renovar parcialmente el Tribunal Constitucional. En cuatro meses y medio, en diciembre, finaliza el mandato de cuatro magistrados (de los doce) del TC y su presidente ha movido ficha para poner en marcha el engranaje que tiene que conducir a su sustitución. Será el Senado el que tendrá que aprobar los nuevos nombres por una mayoría de 3/5 partes (que requerirá el acuerdo imprescindible entre el PP y el PSOE). Y Cándido Conde-Pumpido ha enviado una carta a la Cámara Alta recordándoselo, según ha avanzado La Razón y ha podido confirmar ElNacional.cat. Las fuentes consultadas por este medio señalan que es el “protocolo habitual cuando se acerca el vencimiento del mandato” y subrayan que “se hace siempre” de la misma manera. Así pues, la carta, a la que ha tenido acceso este medio, tiene fecha de 22 de julio y da curso a lo previsto en la Ley orgánica del TC, que fija que “antes de los cuatro meses previos a la fecha de expiración de los nombramientos” el presidente del TC solicitará a los presidentes de los órganos que han de hacer las propuestas para la designación que “inicien el procedimiento para ello”.
El Constitucional se renueva por tercios cada tres años: cuatro magistrados los elige el Senado, cuatro los escoge el Congreso y los otros cuatro quedan en manos del Gobierno (dos) y del Consell General del Poder Judicial (dos). Aparte de Cándido Conde-Pumpido, los otros tres magistrados que acaban el mandato son la progresista María Luisa Balaguer y los conservadores Ricardo Enríquez y José María Macías. Ahora bien, Macías, que fue apartado de los debates sobre la ley de amnistía por haber formado parte del CGPJ cuando se pronunció por partida doble sobre la norma del olvido penal, podrá repetir y extender su mandato nueve años más porque tomó posesión del cargo en julio del año pasado fruto del pacto entre el PP y el PSOE para renovar el CGPJ. Sustituyó a Alfredo Montoya, que renunció por motivos de salud en julio de 2022, y su mandato finalizará cuando habría acabado el suyo.
Ahora, populares y socialistas se tendrán que volver a poner de acuerdo para elegir a los nuevos magistrados. El PP, que tiene mayoría absoluta en el Senado, tiene 144 senadores, que no llegan a los 159 escaños necesarios para aprobar la renovación del Constitucional. Y esto obliga a pactar con el PSOE. Actualmente, el bloque progresista es el mayoritario (por 7 a 5) y, si se repite el reparto de la última renovación (dos conservadores y dos progresistas), que fue en 2016, se mantendría el mismo equilibrio. Ahora bien, si el PP consiguiera tres magistrados conservadores, se igualaría el peso: progresistas y conservadores empatarían a seis. Y en un escenario en el que los populares propusieran los cuatro nombres (algo inédito), se daría un vuelco y los conservadores pasarían a controlar el Constitucional. Ahora mismo, esto parece impensable, pero un escenario de bloqueo en la renovación hasta las próximas elecciones podría abrir la puerta, en función de los resultados electorales, a que el PP y Vox superaran la barrera de las tres quintas partes para renovar el TC en solitario sin tener que contar con el aval del PSOE. Pero eso es avanzar muchas pantallas de golpe.
¿Qué pasa si el Senado no aprueba los nombramientos a tiempo?
Así pues, una de las incógnitas es si el PP y el PSOE se pondrán de acuerdo para elegir a los cuatro nuevos magistrados, a la vista de los últimos precedentes que han evidenciado las dificultades de entendimiento entre ambas formaciones. Si el Senado no logra aprobar los nombres, fuentes del TC consultadas por ElNacional.cat señalan que los cuatro magistrados cuyo mandato expira en diciembre continuarían en sus cargos con plenitud de funciones, una situación que ya se ha producido en el pasado. “Los magistrados del Tribunal Constitucional continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado posesión quienes hubieren de sucederles”, deja claro el artículo 17 de la ley que regula su funcionamiento.
Así que el TC continuaría funcionando con los doce magistrados que hay actualmente hasta que la Cámara Alta logre dar luz verde a sus relevos. Del mismo modo, Cándido Conde-Pumpido continuará como presidente de la institución. En 2010, por ejemplo, con José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa y Mariano Rajoy como jefe de la oposición, el Senado nombró a los nuevos magistrados del Constitucional con tres años de retraso fruto de la falta de acuerdo entre el PSOE y el PP.
Se tendrá que elegir a un nuevo presidente
Cuando Cándido Conde-Pumpido sea relevado (sea cuando sea), se tendrá que elegir a un nuevo presidente del Constitucional. Conde-Pumpido fue nombrado en enero de 2023 para sustituir a Pedro González-Trevijano después de imponerse en la votación a la también progresista María Luisa Balaguer por un solo voto: seis a cinco. Los progresistas votaron en bloque a favor de Pumpido, mientras que los conservadores y Balaguer votaron a la otra candidata. El bloque conservador consideró que Pumpido era próximo al PSOE porque fue fiscal general del Estado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Además, la progresista Inmaculada Montalbán, que fue la ponente de la sentencia sobre la amnistía, fue elegida vicepresidenta, cosa que rompió la norma no escrita que se había aplicado durante los últimos años según la que la presidencia correspondía al sector mayoritario y la vicepresidencia recaía en el minoritario.