El fiscal anticorrupción Fernando Bermejo ha admitido que la investigación contra la familia Pujol Ferrusola se inició con la denuncia de la expareja del primogénito, Vicky Álvarez, primero a la policía española y después en el juzgado, en 2013, a partir de la cual Hacienda (Seplac) investigó la situación tributaria de Jordi Pujol Ferrusola. A pesar de este reconocimiento, en la tercera sesión del juicio contra los Pujol, este miércoles, el fiscal Bermejo ha negado que fuera una “investigación prospectiva”, denunciada por las defensas de los Pujol y de los empresarios acusados, y también ha defendido la actuación de los agentes de la Udef, de la policía española.
Sin embargo, el fiscal no ha citado a Álvarez como testigo clave en este juicio, seguramente para evitar que certifique que cobró fondos reservados del Estado español por esta declaración, según desveló el comisario jubilado José Manuel Villarejo, integrante de la policía patriótica del PP, en la operación Catalunya. "Nadie obligó a Victoria a ir a declarar", ha llegado a afirmar el fiscal, que ha negado que haya indicios "manipulados" o de "índole política" en la causa contra los Pujol, e incluso ha citado la sentencia del procés. Álvarez solo ha sido citada en el juicio por la defensa de Mercè Gironès, la exmujer de Pujol Júnior, y, en el último momento, podría renunciar.
El juicio se reanuda el 10 de diciembre
Acabada la intervención del fiscal y de los dos abogados del Estado, el juicio se retomará el próximo 10 de diciembre, donde el tribunal de la Audiencia Nacional tendrá que resolver las cuestiones previas solicitadas por las defensas, que piden la nulidad de las principales pruebas incriminatorias sobre la fortuna oculta en Andorra. Y seguramente, ya se citarán los primeros testigos del total de 254 aprobados.
"No hay revelación de secretos"
Por su parte, el abogado del Estado José Ignacio Ocio, de forma sorprendente, ha asegurado que la publicación por parte del diario El Mundo, el 7 de julio de 2014, del pantallazo de cuentas en Andorra de los Pujol "no es una revelación de secretos porque es una información veraz", de la cual -ha añadido- se enmarca "es el derecho a informar a la ciudadanía" y que también fue usada por los investigadores. La defensa de Josep Pujol Ferrusola, ejercida por el abogado Jaime Campaner, denunció que esta publicación al revelar secretos bancarios vulneró sus derechos y, por lo tanto, la investigación posterior tiene que ser declarada nula. Además, Ocio -que defendió al fiscal general del Estado por revelación de secretos- ha manifestado que la "confesión barroca" del president Pujol, que la familia tenía dinero oculto en Andorra, el 25 de julio de 2014, también valida esta investigación, y que la noticia era "veraz".
El representante del Estado ha asegurado además, que no se vulneró la Comisión Rogatoria Internacional (CRI) con Andorra porque los datos sobre las cuentas de los Pujol se extrajeron de otro lado: en el registro de la casa del asesor fiscal de la familia Pujol, Joan Antón Sánchez Carreté, el 2015, donde en un lápiz de memoria había los movimientos bancarios de la familia en Andorra desde el año 1995 al 2014.
Sin prescripción, según el fiscal
En la vista, el fiscal Bermejo también ha negado la prescripción de los delitos de blanqueo y de falsificación documental, y ha detallado que son "hechos conexos" y que se tiene que aplicar el plazo del delito más grave, el blanqueo, que son diez años"En este caso, se empieza a blanquear el 1992 y no se para hasta el 2011", ha declarado Bermejo, que ha añadido que los hechos prescriben cuando se descubren y paran, y que "la imputación de la mayoría fue el 2015" y, por lo tanto, no se ha superado el límite". Sin embargo, no ha aclarado el delito origen o precedente al de blanqueo, como exigían las defensas: "Ya se demostrará en el juicio o serán absueltos", ha afirmado. También ha defendido la competencia de la Audiencia Nacional en juzgar al presidente Pujol, a sus siete hijos y a diez empresarios, en asegurar que una parte de los hechos pasan en el extranjero.
El representante del Ministerio Fiscal ha insistido que la investigación fue correcta y bajo la tutela judicial, y ha asegurado: "No quiero hablar de Villarejo."
Por todo ello, Bermejo ha reclamado al tribunal que el juicio continúe porque no se han vulnerado derechos, como han denunciado las defensas. Anticorrupción reclama de 8 a 29 años de prisión para los 19 acusados.