El PP se ha impuesto en el Poder Judicial y ha desbloqueado la renovación de dos magistrados del TC, después de una segunda votación. Los vocales de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han escogido por unanimidad los dos nombres: el magistrado del Tribunal Supremo César Tolosa y la magistrada jubilada del Tribunal Supremo María Luisa Segoviano. Los dos han sido propuestos por la rama conservadora del órgano de gobierno de los jueces, mientras que los progresistas han tenido que renunciar a su candidato: José Manuel Bandrés. La elección se ha producido antes de que saque adelante la proposición de ley con la cual La Moncloa quería contraatacar al Constitucional y renovarlo. Sea como sea, el ejecutivo estatal ha celebrado la noticia.

❓ Quién es María Luisa Segoviano, la figura clave para renovar el Tribunal Constitucional

Hay que recordar que el tribunal de garantías está formado por doce magistrados: cuatro que escoge el Congreso de los Diputados, cuatro que escoge el Senado, dos que escoge el Gobierno y dos que escoge el Poder Judicial. Hace unos cuatro meses que el CGPJ mantiene sin renovar a sus dos magistrados, ya que el acuerdo era imposible por el equilibrio de fuerzas actual — ocho vocales progresistas y diez conservadores. El sistema actual impone una mayoría de tres quintas partes (11 votos) para enviar a los candidatos al Constitucional, además de permitir que cada vocal proponga y vote a dos aspirantes. Hasta ahora, los vocales habían votado en bloque y ninguno se había descolgado para cambiar el equilibrio. Pero este martes el PP se ha impuesto y los progresistas han cedido ante las propuestas de los conservadores. Es decir, Tolosa y Segoviano serán los dos magistrados del Poder Judicial; Laura Díez y Juan Carlos Campo, los del Gobierno. El mismo TC tendrá que validarlos ahora en un pleno extraordinario.

Sortear la reforma del Gobierno

En la primera votación del 20 de diciembre, los conservadores fracasaron en el intento de imponer a sus magistrados: el mencionado Tolosa y Pablo Lucas, que obtuvieron 10 votos. El candidato de los progresistas, el mencionado Bandrés, solo consiguió 7 votos — porque Enrique Lucas se abstuvo. En esta segunda votación, los nombres de Tolosa y Bandrés continuaban sobre la mesa. La novedad ha sido Segoviano, que ya había figurado en la lista inicial de los progresistas. Ha sido a petición de los conservadores, que a toda costa querían sortear la proposición de ley del Gobierno y evitar el nombramiento de Bandrés — a principios de mes ya maniobraron contra la reforma de La Moncloa. El sector progresista ha cedido, ha renunciado a Bandrés y ha aceptado Segoviano.

Entre otros cambios, la reforma que el Gobierno pretendía sacar adelante tenía que reducir las mayorías necesarias para los nombramientos. De esta manera, se desbloquearía la renovación del tribunal de garantías y cada sector escogería a su candidato: los progresistas se asegurarían enviar Bandrés al Constitucional. La medida fastidió mucho a la derecha y el PP recurrió al mismo TC, que suspendió la votación de las enmiendas que incluían esta reforma. Entonces, La Moncloa anunció que impulsaría una proposición de ley con el mismo contenido de las enmiendas. Es en este contexto que los conservadores han acelerado el procedimiento y se ha desbloqueado finalmente la renovación del Constitucional.

¿Qué pasa con la reforma del Gobierno?

Al fin y al cabo, el objetivo de la reforma del Gobierno era desbloquear la renovación del Constitucional. Sánchez y sus socios tienen interés en recuperar la mayoría progresista en el TC para evitar que se tumben varias medidas de carácter social, sobre todo cuando el 2023 es año electoral. No ha sido Bandrés, pero ha sido otra progresista como Segoviano la que irá finalmente al tribunal de garantías y con el cual se ha desbloqueado la situación. Entonces, el trabajo está hecho y el futuro de la reforma está en el aire. Medios próximos al ejecutivo estatal como El País auguran la caída de la proposición de ley, ya que el propósito de renovar el Constitucional se ha cumplido. Ahora el reto que queda es la renovación del mismo CGPJ, que hace cuatro años que está en funciones.

De hecho, la renovación del Poder Judicial es urgente para el buen funcionamiento de la justicia española. El bloqueo del PP a su renovación hace que hoy por hoy haya una sesentena de cargos vacantes en diferentes tribunales de todo el Estado. De hecho, ahora se añade un nuevo cargo vacante: lo que ha ocupado hasta ahora Tolosa. La salida de Tolosa del Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo afecta al funcionamiento de la sala, que ya tiene un déficit de diez magistrados. Es decir, que solo tiene 23 de los 33 magistrados que tendría que tener. El año que viene la situación empeorará, ya que en marzo se jubilará Inés Huerta.

Tolosa y Segoviano: ¿quién es quién?

Desde 2014 que César Tolosa es en el Tribunal Supremo y actualmente preside la Sala Contenciosa Administrativa del alto tribunal. Propuesto de inicio por los conservadores, nació el año 1957 en Santa María la Real de Nieva (Segovia) e ingresó en la carrera judicial el año 1982. Su primer destino fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Molina de Aragón (Guadalajara) y el año 1984 ascendió a magistrado, destinado al Juzgado de Instrucción número 5 de Palma. Aquel año ingresó en el Cuerpo de Magistrados de Trabajo y ejerció en la Magistratura número 1 de Santander hasta 1990. Después fue a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Desde 1993, presidente de la Sala Contenciosa Administrativa de este mismo órgano judicial. Fue el año 2004 cuando Tolosa fue elegida presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, donde permaneció hasta su nombramiento para el Supremo.

María Luisa Segoviano dejó la presidencia al frente de la Sala Cuarta del Supremo en octubre de este año porque se jubiló y fue la primera mujer a ser presidenta de sala del alto tribunal. Si bien ha sido propuesta por los conservadores, figuraba a la lista inicial de los progresistas. Ingresó en la judicatura el año 1987 y su primer destino fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Bilbao. Dos años después, fue destinada al Juzgado de lo Social número 1 de Valladolid y permaneció hasta 1996. Entonces fue nombrada presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. El año 2006 fue nombrada magistrada de la Sala Cuarta del Supremo, hasta que en el 2020 tomó posesión del cargo de presidenta de esta sala.