Movimientos en el Tribunal Supremo. Los abogados de Antxon Alonso, el dueño de Servinabar (una de las empresas señaladas en la investigación sobre el caso Koldo) y que tiene una “fuerte relación de amistad” con Santos Cerdán, han renunciado a ejercer su defensa en la causa del Tribunal Supremo. “Mediante el presente escrito ponemos en conocimiento de la Sala que los letrados y procuradora que lo suscriben renuncian a la defensa y representación del Sr. Alonso Egurrola en la presente causa”, señalan en un documento al que ha tenido acceso ElNacional.cat. Consecuentemente, solicitan al Supremo que requiera a Antxon Alonso para que “designe nuevos letrado y procurador que lo defiendan y representen”. Los abogados son Martín Zudaire Polo, Myriam Ayerra Eusa y Blanca Sardina Rovira. Hace un mes, cuando declaró en el Supremo, Santos Cerdán presentó a Antxon Alonso como un “amigo personal desde hace años” (incluso compartieron piso en Madrid) y verbalizó que fue la persona que le ayudó a ponerse en contacto con la dirección del PNV en 2018 para la moción de censura contra Mariano Rajoy. Además, Arnaldo Otegi admitió que Alonso le presentó a Cerdán para que el PSOE dialogara con Bildu y que así naciera la “vía de comunicación” entre socialistas y abertzales.
📝 Antxon Alonso niega haber pagado comisiones ilegales y no da validez al contrato de Servinabar
👤 Quién es Antxon Alonso, el empresario clave en la trama Cerdán que declara este lunes en el Supremo
Hace un mes, el empresario declaró como investigado en el Tribunal Supremo: negó ante el juez Leopoldo Puente que pagara comisiones ilegales a cambio de obras públicas y afirmó que el documento privado que firmó Santos Cerdán para adquirir el 45% de las acciones de Servinabar no tiene valor jurídico. Sobre este documento, relató que lo firmaron en 2015, en un momento que el dirigente socialista se planteó abandonar la política, pero se lo acabó repensando: Cerdán rompió su copia, pero Antxon la guardó en un trastero donde tiene documentos de veinte años, que es donde lo encontró la Guardia Civil. Por otra parte, reconoció que dio 4.500 euros a Fiadelso, la fundación de José Luis Ábalos. Fue una donación “aislada” que “desgrava fiscalmente”, igual que Servinabar hace donaciones a muchas fundaciones por “compromiso social”. Después de su declaración, el instructor le prohibió salir de España y fijó su obligación de comparecer cada quince días en sede judicial.
Sobre su relación con Cerdán, Antxon Alonso aseguró que han tenido una “relación de amistad”. ¿Cómo se conocieron? “Cuando él estaba en la oposición en Milagro, fui a presentar un proyecto de viviendas. Ese proyecto quedó en nada y el grupo hizo quiebra. A los tres meses, coincidimos en un salón inmobiliario y nos intercambiamos los teléfonos”, relató delante del juez. Por su parte, el exdirigente socialista, también en el Supremo, fechó el inicio de su relación en los años 2012 y 2013, cuando coincidieron en Pamplona. “Comenzamos a tener una relación que, con el paso del tiempo, se convierte en una fuerte relación de amistad, hablamos mucho de política porque él es un enamorado de la política y yo también, y manteníamos debates constantemente”, señaló. “Hay relación con las familias, cenamos y pasamos tiempo juntos”, añadió. Eso sí, se desvinculó por completo de Servinabar: “Nada tengo que ver con la constitución de Servinabar ni de Noran Coop, que son sus empresas, ni participé, ni participo, en ningún momento he tenido poder de decisión sobre ellas”, recalcó.
Mantuvo el silencio en la comisión de investigación del Senado
Hace dos semanas, Antxon Alonso se negó a responder en la comisión de investigación sobre el caso Koldo del Senado. Justo al inicio de su comparecencia, tomó la palabra para leer una declaración escrita de un minuto y medio para justificar su negativa a declarar: “Comparezco ante esta cámara tras haber recibido el pertinente requerimiento cumpliendo con mi deber de comparecencia establecido legalmente”, expresó inicialmente. La ley deja claro que “todos los ciudadanos están obligados a comparecer personalmente para informar a requerimiento de las comisiones de investigación” y el Código Penal prevé penas que pueden ir de los seis meses a los dos años en prisión en caso de incomparecencia. “Sin embargo, respetuosamente, me acojo a mi derecho a no declarar”, anunció. “Dado que el objeto de la presente comisión de investigación es igual o similar al de la causa penal seguida frente a mí en el Tribunal Supremo, tengo derecho a no declarar en este acto”, remachó.