La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha informado al Tribunal Supremo de que el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, adquirió el 45% de la empresa Servinabar 2000 SL por 6.000 euros. Según consta en un oficio remitido el lunes y registrado el martes en el alto tribunal, los investigadores han entregado al magistrado instructor, Leopoldo Puente, el contrato privado de compraventa que acredita esta operación. El documento, fue firmado por Cerdán y por el empresario Joseba Antxón Alonso Egurrola, presunto cerebro de una de las tramas que se investigan en el caso Koldo. La Guardia Civil localizó el escrito durante un cacheo en el domicilio de Alonso Egurrola, el pasado 10 de junio. Los agentes detallan que el contrato consta de cuatro páginas firmadas por ambas partes y sellado con el emblema de la sociedad. Cerdán figuraría como propietario de 1.350 participaciones del total de la empresa, equivaliendo al 45% del capital.
En el documento aportado por la UCO se detalla tanto la cantidad abonada como su recepción por parte de Alonso Egurrola. El texto especifica: “Joseba Antxón Alonso Egurrola, vende y transmite 1.350 participaciones sociales, números 1.650 a 3.000, ambos inclusive, de la sociedad mercantil Servinabar 2000 S.L., a Santos Cerdán León, que las compra y adquiere, libres de cargas, por el precio de 6.000 euros, que el vendedor declara recibido, dando la más completa y eficaz carta de pago”. Esta compraventa quedaría formalizada, según el documento, el 1 de junio de 2016.
Así pues, el hallazgo de la Guardia Civil implicaría que Cerdán era propietario de casi la mitad de Servinabar cuando esta empresa, en UTE con Acciona, logró varias adjudicaciones públicas del gobierno de María Chivite en Navarra. En su último informe, la UCO cita específicamente el proyecto de Mina Muga —una explotación minera de potasa ahora mismo paralizada por orden judicial—, aunque la mercantil vinculada a Cerdán resultó beneficiaria de contratos públicos de mayor envergadura. Entre ellos destaca el de los túneles de Belate, adjudicado en enero de 2024 por importe superior a los 60 millones de euros.
Fuentes de la defensa de Cerdán han asegurado en unas declaraciones a las que ha tenido acceso ElNacional.cat que han recibido el documento localizado por la UCO y que, aunque en el atestado policial se hace referencia como una "escritura", a su juicio se trata de un simple contrato privado "que no se elevó a público" y que "no tuvo ni ha tenido ningún efecto jurídico". "En definitiva, se confirma lo que ya comunicó Servinabar hace unos días a los medios de comunicación: Santos Cerdán nunca ha formado parte de esta empresa ni ha cobrado ninguna cantidad derivada de su actividad", añaden. Además, puntualizan que el objeto social de Servinabar en 2016 —cuando se firmó el documento— "no era el mismo que el que tiene en la actualidad".
El PSOE pide la expurgación de informaciones ajenas
Paralelamente, el PSOE ha registrado un escrito ante el mismo juez en que pide la expurgación y exclusión de todas las comunicaciones de Cerdán que no tengan relación con los hechos investigados. En concreto, la formación solicita que quede excluido cualquier intercambio vinculado a la organización interna, la estrategia electoral o la línea política del PSOE, con el argumento que son informaciones ajenas a la causa y que tienen que quedar "preservadas" del proceso penal.