Mismas respuestas que Santos Cerdán. El empresario Joseba Antxon Alonso, administrador único de Servinabar (la empresa situada en el epicentro de la presunta trama de corrupción que habría urdido Santos Cerdán), ha negado ante el juez del Tribunal Supremo que pagara comisiones ilegales a cambio de obras públicas y que el documento privado que firmó Cerdán para adquirir el 45% de las acciones de la compañía tenga valor jurídico, según indican fuentes jurídicas a ElNacional.cat. Es un relato calcado a lo que expresó el exsecretario de Organización del PSOE hace exactamente una semana. El documento lo firmaron en 2015, en un momento que el dirigente socialista se planteó abandonar la política, pero se lo acabó repensando: Cerdán rompió su copia del documento, pero Antxon la guardó en un trastero donde tiene documentos de veinte años, que está donde lo encontró la Guardia Civil. Por otra parte, ha reconocido que dio 4.500 euros a Fiadelso, la fundación de José Luis Ábalos: fue una donación “aislada” que “desgrava fiscalmente”, igual que Servinabar hace donaciones a muchas fundaciones por “compromiso social”. Antes ha declarado Fernando Merino, exdirectivo de Acciona en Navarra, que también ha negado haber pagado comisiones ilegales. El juez les ha impuesto la comparecencia quincenal en sede judicial y la prohibición de salir de España.

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El pasado 10 de junio, la Guardia Civil registró la casa de Antxon Alonso y encontró un contrato privado de compraventa en el que constaba que Santos Cerdán adquiriría el 45% de Servinabar (unas 1.350 participaciones) por 6.000 euros. Igual que hizo Santos Cerdán ante el juez, Alonso ha negado que el documento tenga validez jurídica y lo ha enmarcado en un momento en el que Cerdán se planteó abandonar la política después de los malos resultados del Partido Socialista de Navarra en el 2015 en el parlamento autonómico (perdió 6.000 votos y pasó de ser la segunda fuerza a ser la quinta). “Yo le comento que estoy con el proyecto de la Mina y que es una oportunidad”, ha indicado. “Él se lo planteó y se hizo un borrador de escritura que establece las condiciones de futuro si va adelante”, ha añadido. Ahora bien, Cerdán se acabó echando atrás después de hablar con su mujer, que le pidió que continuara en política y el documento no se llegó a materializar. “No fuimos al notario, él no me pagó 6.000 euros y, por lo tanto, no continuó”, ha remachado Alonso. Posteriormente, tampoco: “Siempre he sido socio único y administrador único”, ha dejado claro.

Las explicaciones han sido las mismas que en las últimas semanas. Primero, en un comunicado, Antxon Alonso replicó que Santos Cerdán “no ha sido nunca, ni es socio de Servinabar 2000” y que “no existe ninguna escritura en la que haya adquirido participaciones sociales de la empresa”. Asimismo, el abogado de Cerdán respondió que no se trata de una escritura, sino de un “mero contrato privado” que “no se llegó a elevar a público” y que “no tuvo ni ha tenido ningún efecto jurídico”. Cuando declaró en el Supremo, Cerdán volvió a descartar que el documento tenga validez, aseguró que no llegó a hacer el pago por las participaciones y lo enmarcó en un momento que pensó “abandonar la política”.

El juez no se cree la versión de Antxon Alonso y Santos Cerdán: “No parece una simple manifestación”

Sin embargo, las explicaciones no han convencido al juez Leopoldo Puente. “Los indicios no pueden considerarse desvirtuados como resultado de la declaración prestada en el día de hoy”, esgrime en el auto en el que acuerda las medidas cautelares. “No impresiona el documento privado como una simple manifestación, más o menos improvisada, de voluntad de la que después las partes se separaran transcurrido apenas un fin de semana”, considera en relación con el documento firmado por ambos. “En cualquier caso, no se explica tampoco fácilmente el motivo por el cual Antxon, buen amigo de Santos, conservaba el documento privado, tantos años después, en su propio domicilio”, añade. Sobre el modus operandi de la trama, esgrime que Antxon Alonso “podría haberse beneficiado, a cambio de un precio, en colaboración con Santos Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos, de la adjudicación de obras en beneficio de los intereses que promovía, hechos que podrían considerarse como constitutivos de delitos de integración en organización criminal y de cohecho activo”.

 

¿Quién es Antxon Alonso?

Antxon Alonso es un empresario navarro que ganó siete concursos públicos en Navarra con una UTE con Acciona y supuestamente pagaba a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García. Es el administrador único y propietario de Servinabar 2000, una empresa con sede en Pamplona fundada en 2015. Inicialmente, la compañía estaba orientada a los servicios administrativos y organización de acontecimientos, pero más adelante se reorientó hacia la construcción, la edificación y la prevención de riesgos laborales, especializándose en obras públicas. Además, en 2015, él y Koldo García fundaron una cooperativa dedicada a la gestión inmobiliaria y mantuvieron una cuenta bancaria conjunta hasta el 2020. Además, al sumario del caso consta que Servinabar transfirió 3.000 euros a Koldo García y a su mujer, Patricia Úriz.

Tres empresarios investigados negaron haber pagado comisiones y quedan en libertad

El magistrado investiga a varios empresarios desde el mismo momento que puso el foco en Santos Cerdán porque consideró que “habrían podido intervenir en la indebida adjudicación” de obras públicas a favor de sus empresas. Y el viernes pasado declararon los primeros: José Ruz, vinculado a Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), y los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, de Obras Públicas y Regadíos (OPR). Los tres negaron haber pagado comisiones en tres interrogatorios que se centraron en los mensajes de WhatsApp entre ellos y Koldo García y en los que no se les preguntó por Santos Cerdán. El juez les impuso que comparezcan quincenalmente en sede judicial y en Ruz le sumó la prohibición de salir del país (una petición de la Fiscalía Anticorrupción en la cual se sumó la acusación popular).