El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha ordenado al PSOE que facilite a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el acceso a la sede del partido en la calle Ferraz para clonar el correo corporativo del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán, y la del exministro José Luis Ábalos en Fomento. Después de que Cerdán haya solicitado el aplazamiento de su declaración, el Supremo lo ha imputado y lo ha citado al lunes 30 de junio. El juez también ha citado como investigados a cinco empresarios para indagar en la adjudicación de obras públicas a cambio de precio, y también autoriza investigar cuentas suyas y de sus empresas.

Los empresarios investigados

Aparte de los dirigentes del PSOE, en la nueva ramificación del caso Koldo también hay citados a declarar cinco empresarios. Se trata de los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, Fernando Agustín Merino Vera, José Ruz Martínez y Joseba Antxon Alonso Egurrola, que están citados a declarar como personas, que, "en su condición, al menos, de administradores de hecho de determinadas entidades mercantiles, habrían podido intervenir en la indebida adjudicación en favor de estas de concretas obras públicas a cambio de precio". Con respecto a ellos, el juez también accede a la petición de la UCO de requerir la información bancaria en relación con las cuentas o productos que aparezcan a nombre de cualquiera de los investigados o al de las empresas, ACCIONA, L.I.C, O.P.R. y SERVINABAR 2000, en cuyo beneficio podrían haber actuado, así como a nombre de FIADELSO, fundación estrechamente vinculada a Santos Cerdán.

Antonio y Daniel Fernández Menéndez

Antonio Fernández Menéndez era coordinador del actual delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, hasta octubre del 2022, y lo señalan como una pieza clave en la trama de comisiones pagadas presuntamente por Acciona a cambio de adjudicaciones de obras públicas durante la etapa de Ábalos en el ministerio de transportes. En total, los agentes confiscaron 107 documentos, entre los cuales también figura "una tarjeta de visita de Koldo García Izaguirre con anotaciones manuscritas en la parte posterior". Antonio es hermano Daniel Fernández Menéndez, dueño de la constructora Obras Públicas y Regadíos (OPR), a la cual entre 2018 y 2021 se le adjudicaron once contratos. Desde el 2022, Antonio pasó a dirigir OPR. En total, fueron cuatro contratos de Adif y siete de la Dirección General de Carreteras, cuyo titular era Javier Herrero. La constructora está investigada después de que la Guardia Civil localizara mensajes de los dos hermanos con Koldo García. Los WhatsApp muestran cómo Daniel Fernández recurrió a Koldo García para que ejerciera su influencia con Ángel Contreras, presidente de Adif entonces y cesado por Óscar Puente, en una licitación de emergencia.

Según la UCO, desde principios del 2019, los encuentros entre los hermanos Fernández y Koldo fueron constantes. El primer presunto tejemaneje fue la adjudicación de una obra en Asturias por 7,3 millones de euros, y la segunda en Úbeda (Jaén). El último intento, de los identificados por la UCO acabó frustrado, y era una obra en Montorte, Lugo.

Fernando Agustín Merino Vera

Merino es el empresario que trabajaba para Acciona como director del departamento de Navarra y La Rioja, al cual la UCO identifica como "interlocutor" de Koldo García "defendiendo los intereses" de OPR para favorecer a la constructora con el supuesto tejemaneje relacionado con la provincia de Jaén. Además, es cuñado de los hermanos Fernández Menéndez, y fue quien los puso en contacto con Koldo. El primer contacto entre García y Merino, del cual tiene constancia la Guardia Civil, se produjo el 10 de septiembre de 2015, vía e-mail. Según el informe de la UCO, el empresario le expuso "una serie de dudas sobre un pliegue y un futuro contrato relacionado con lo que denominó 'la matriz de geoalcali'. Desde este momento, Merino "le habría señalado a García obras que resultarían de interés para Acciona, lo que después generó contraprestaciones en los investigados". 

Después del estallido del caso y las informaciones que apuntaban a una vinculación con Acciona, la compañía aclaró que Merino fue despedido el 12 de abril de 2021 y no tiene ninguna relación con la compañía.

José Ruz Martínez

José Ruz es un constructor valenciano accionista de Levantina Ingeniería y Construcción, LIC, y señalado por Víctor de Aldama ante el Tribunal Supremo para adjudicarse licitaciones públicas por valor de 128 millones de euros en la etapa de Ábalos en el ministerio de Transportes. Ruz se reunió con Koldo, en al menos dos ocasiones, y aparte de las adjudicaciones, también recibió dos ingresos —uno de 70.000 euros y otro de 7.500— procedentes de Aldama. En total, se benefició con 16,1 millones desde abril de 2020 a noviembre de 2023. Son de la Generalitat Valenciana, pero sobre todo el Ministerio de Economía Comercio y Empresa los principales suministradores de ayudas a Levantina. El sumario de la causa señala cuatro adjudicaciones en las empresas de Ruz.

En 2020 consiguió una obra ferroviaria en Asturias. Posteriormente, se concedió otra adjudicación para obras del AVE Madrid-Barcelona-Saragossa, y otra de la cual fue la Autoridad Portuaria de Melilla. En total, fueron 5,3 millones. Además, se tienen que añadir los 6,5 millones de la adjudicación del gobierno canario.

Joseba Antxon Alonso Egurrola

Antxon Alonso es un empresario navarro, y presumiblemente amigo íntimo de Santos Cerdán. Parece que el origen de la trama sobre las adjudicaciones que acosa al PSOE tiene su origen en Navarra. El informe de la UCO ha rastreado información hasta el 2015 y en ella aparecen Koldo García, Cerdán y este empresario, que ganó siete concursos públicos con Navarra, en UTE con Acciona y supuestamente pagaba tanto a Koldo García y a Ábalos como al mismo Cerdán. Alonso es el único administrador y propietario de Servinabar 2000 S.L., una empresa con sede en Pamplona con pocos trabajadores fundada en 2015. Inicialmente, la empresa estaba orientada a los servicios administrativos y organización de acontecimientos, la compañía fue reorientada hacia la construcción, edificación y la prevención de riesgos laborales, especializándose en obras públicas.

Entre los contratos más destacados de Servinabar consta la adjudicación, la ampliación del túnel de Belate en Navarra, un proyecto valorado en más de 76 millones de euros y financiado en parte por fondos europeos Next Generation EU. En el Registro Mercantil figura o ha figurado como administrador o socio de hasta una decena de sociedades, entre ellas, inmobiliarias, renovables, una mina, e incluso, una pastelería. Además, la relación entre Alonso y Koldo García va más allá del ámbito profesional. En 2015 fundaron una cooperativa dedicada a la gestión inmobiliaria, y mantuvieron una cuenta bancaria conjunta hasta el 2020, donde García figuraba como titular real y Alonso como apoderado. Al sumario del caso, también consta que Servinabar transfirió 3.000 euros en las cuentas de García y de quién era su mujer, Patricia Úriz.