Vladímir Putin tiene previsto aterrizar el viernes 15 de agosto en Alaska para mantener unas conversaciones potencialmente decisivas sobre la guerra de Ucrania con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El encuentro, que podría marcar un punto de inflexión en el conflicto, se celebrará aunque existe una orden de detención del Tribunal Penal Internacional (TPI) contra el líder del Kremlin desde marzo de 2023. La corte, con sede en La Haya, acusa al líder del Kremlin de crímenes de guerra por su presunta responsabilidad en la deportación ilegal de niños ucranianos durante el conflicto desencadenado por la invasión de Moscú a su país vecino, y ha pedido su captura si viaja a cualquier estado miembro. La orden no ha impedido a Putin visitar países como China o Corea del Norte, que no reconocen la autoridad del TPI, pero el viaje a Alaska, que sería la primera vez en una década que pisa suelo norteamericano, plantea, de nuevo, una gran duda jurídica: ¿podría ser arrestado el presidente ruso tan pronto como ponga un pie en Estados Unidos?
La elección de Alaska como escenario del encuentro no es casual y responde, sobre todo, a criterios de seguridad jurídica y logística. Estados Unidos tampoco forma parte del TPI y, por lo tanto, no reconoce ni está obligado a aplicar la orden de detención emitida contra Putin. Eso significa que la presencia del líder ruso en territorio norteamericano no vulneraría ningún compromiso internacional asumido por Washington ni podría derivar en una detención por esta causa. Además, la proximidad geográfica con Rusia —con una ruta directa a través del estrecho de Bering— reduce riesgos y complica cualquier intento de sabotaje. De esta manera, a pesar del peso simbólico y político de la orden de arresto del TPI, Putin se asegura que podrá asistir a la cumbre sin temor a ser privado de libertad, una circunstancia que no tendría garantizada en ningún estado miembro de la corte internacional.
El TPI, creado en el 2002, tiene la misión de juzgar a los responsables de los crímenes más graves a escala global: genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y agresión. Su marco legal se fundamenta en el Estatuto de Roma, firmado por 125 países, pero grandes potencias como Estados Unidos, Rusia o China rechazan la jurisdicción. De hecho, tanto Washington como Moscú mantienen una oposición abierta a la institución, argumentando que podría vulnerar su soberanía y ser utilizada con finalidades políticas. El TPI solo puede intervenir cuando los estados implicados no son capaces o no quieren perseguir judicialmente estos delitos. Ucrania, que se adhirió formalmente al tribunal el enero pasado, es el miembro más reciente y ha impulsado varias causas contra altos cargos rusos a raíz de la invasión de 2022.
El precedente de Mongolia
El viaje de Putin a Alaska tiene un precedente reciente que ayuda a entender la estrategia del Kremlin ante la orden de detención del TPI: su visita a Mongolia el 3 de septiembre de 2024. En aquella ocasión, el presidente ruso pisó territorio de un estado miembro del tribunal de La Haya, que teóricamente estaba obligado a detenerlo. Sin embargo, las autoridades mongolas ignoraron el mandato, priorizando la relación bilateral y la proximidad histórica con Moscú. Putin había sido invitado por el presidente del país para conmemorar el 85.º aniversario de la victoria conjunta de las fuerzas soviéticas y mongolas sobre Japón, y el Kremlin dejó claro desde el primer momento que no había "ninguna preocupación" sobre una posible detención, asegurando que mantenían "un diálogo excelente" con Ulán Bator. Este episodio contrastaba con su ausencia en cumbres de los BRICS en Sudáfrica y en Brasil, donde había declinado asistir para evitar posibles implicaciones legales.
Otro precedente que ilustra hasta qué punto las órdenes de detención del TPI dependen de la voluntad política de los Estados miembros es el caso de Benjamin Netanyahu. En noviembre, el tribunal emitió una orden de arresto contra el primer ministro israelí por supuestos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad vinculados a la guerra en Gaza. La acusación lo señala de haber utilizado el "hambre como método de guerra" restringiendo la ayuda humanitaria y haber atacado deliberadamente a civiles en el marco de la campaña contra Hamás; cargos que los responsables israelíes rechazan. Era la primera vez que un líder en ejercicio de una potencia occidental era acusado por una corte internacional de estas prácticas, convirtiendo a Netanyahu en un sospechoso buscado y en riesgo de detención fuera de Israel. A pesar de eso, durante una visita a Hungría —estado miembro del TPI— el primer ministro no fue arrestado. Budapest lo justificó al argumentar que su legislación interna no permitía la detención y que el mandatario hebreo estaba protegido por la inmunidad estatal, dado que Israel no forma parte del Estatuto de Roma.
Guerra abierta Trump-TPI
La relación entre Trump y el TPI ha estado marcada por un enfrentamiento abierto. Desde las elecciones presidenciales de 2024, se ha asumido que la Casa Blanca reanudaría las medidas para limitar la acción de la corte internacional, una estrategia que ya había cogido fuerza al final del primer mandato de Trump. El magnate ha impuesto sanciones contra el actual fiscal jefe, Karim Khan, después de firmar una orden ejecutiva que acusaba al tribunal de llevar a cabo "acciones ilegítimas y sin fundamento" contra Estados Unidos e Israel. La tensión ha escalado con la orden de arresto emitida por el TPI contra Netanyahu por presuntos crímenes de guerra en Gaza. Trump ya había sancionado a la predecesora de Khan, Fatou Bensouda, medidas que la administración Biden revirtió. Rusia, igualmente hostil al tribunal, ha llegado incluso a dictar una orden de detención contra Kan y el juez que firmó el llamamiento a arrestar a Putin.