El acceso a la vivienda es la principal preocupación de la ciudadanía, según la última encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió. Un total del 23% de los ciudadanos señalaban la vivienda como principal problema de Catalunya y, tanto es así, que esta legislatura ya se ha hecho notar en el Parlament de Catalunya. El precio medio de alquiler durante el primer trimestre de este año ha sido de 827,81 euros, mientras que el precio medio de una vivienda se sitúa alrededor de los 2.600 €/m². Ante esta situación, que afecta sobre todo a los jóvenes que se quieren emancipar, los partidos políticos con representación en el Parlament de Catalunya intentan ponerle solución, pero con propuestas bien diferentes. Mientras que Junts, PP, Vox y Aliança Catalana apuestan por incentivar la oferta y construir más viviendas de protección oficial, ERC, Comuns y CUP son más próximos a eliminar la vivienda como bien de mercado e intervenir en ella en todos los aspectos. Mientras tanto, el PSC hace equilibrios entre unos y otros, a pesar de que ERC y Comuns son socios de investidura y acostumbra a aproximarse a sus postulados.
El Govern apuesta por aumentar la oferta
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha querido centrar sus dos primeros debates de política general en la vivienda. En octubre de 2024 prometió la construcción de 50.000 viviendas públicas en Catalunya hasta 2030, con una inversión de 4.400 millones de euros (el Govern asegura que 31.000 ya están en marcha). El plan incluye reservar suelo público, acelerar la tramitación urbanística y destinar una parte a jóvenes y grupos vulnerables. Un año después, el presidente elevó la apuesta y anunció la movilización de suelo para permitir la construcción de 210.000 viviendas en toda Catalunya, de las cuales entre un 40% y un 50% serían de protección oficial. El Govern quiere incentivar la colaboración público-privada y con el tercer sector, así como activar la industrialización del sector de la construcción. El objetivo es aumentar la oferta ante el incremento de la demanda de los últimos años. Según las leyes del mercado, si la curva de la oferta crece y la de la demanda va disminuyendo, los precios irán bajando.
A pesar de que el segundo plan fue tumbado por el Parlament de Catalunya durante el debate de política general, el ejecutivo continuará adelante en su implementación. Además, el Govern de la Generalitat ha impulsado otras medidas, como ayudas en el pago del alquiler (en el año 2024 se destinaron un total de 186 millones de euros), así como préstamos para la emancipación juvenil a través del Institut Català de Finances para pagar la entrada de una vivienda. Además, la Generalitat y el Gobierno también han acordado que Catalunya pueda gestionar las 13.000 viviendas y más de 300 solares de la Sareb.
Ahora bien, los partidos a la izquierda del PSC consideran que con incrementar la oferta no es suficiente para bajar el precio de acceso a la vivienda. Por ello, de la mano del PSC, han impulsado diversas medidas, como el tope del alquiler en zonas tensionadas, que ya se aprobó durante la pasada legislatura. Los partidos a la derecha del PSC, por ello, alertan de que esta medida hace reducir la oferta. De hecho, un ejemplo es la demarcación de Barcelona, donde ha subido un 3,1% el precio del alquiler respecto a hace un año y las proyecciones apuntan a que esta provincia perderá 7.330 inmuebles respecto a 2024. Relacionado con el tope de los alquileres, el Govern y los Comuns acordaron un régimen sancionador para aquellos que incumplen la ley. De hecho, los de Albiach advierten de que no se sentarán a negociar nuevos presupuestos hasta que el ejecutivo de Illa no sancione los incumplimientos de topes de alquiler, con 30 expedientes abiertos.
Comuns y CUP quieren prohibir la venta especulativa de la vivienda
Los Comuns y la CUP, sin embargo, quieren presionar aún más al ejecutivo de Illa en esta cuestión y han puesto sobre la mesa una medida sin precedentes: la prohibición de la compra especulativa de viviendas. En una cuestión parlamentaria en la sesión de control al president hace dos semanas, los cupaires preguntaron a Illa sobre un informe de la AMB sobre esta cuestión. "Lo estudiaremos", dijo el president de la Generalitat, que no descartaba aplicar esta medida. De hecho, los Comuns ya han advertido de que esta cuestión será clave para la negociación de presupuestos del 2026 y ya han registrado una ley, que piden que se tramite por la vía de urgencia, que pretende modificar la Ley catalana de urbanismo para introducir en el artículo 9 la prohibición de comprar viviendas en áreas declaradas como zonas de mercado tensionado, excepto si se utilizan como residencia habitual en un plazo máximo de doce meses después de la compra, con algunas excepciones.
Para que esta medida sea efectiva, habría que reformar también otros artículos de la ley para permitir a los ayuntamientos aprobar planes urbanísticos especiales que hagan posible aplicar la restricción. Además, tanto las asociaciones privadas como otras entidades podrían llevar esta iniciativa a los plenos municipales para que sea debatida. Esta limitación a la compra de viviendas no destinadas a residencia habitual prevé cuatro excepciones: la adquisición para familiares de primer o segundo grado (padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos), la compra de una única segunda residencia fuera del municipio donde se vive habitualmente, las herencias y la compra completa de edificios. En este último caso, los pisos que no sean de residencia propia deberían alquilarse con precios limitados según el índice de referencia, sin poder destinarlos a uso turístico o de temporada, y si ya hay inquilinos, los contratos se alargarían entre cinco y siete años más. Asimismo, las personas jurídicas no podrían comprar viviendas en estas zonas tensionadas, y el incumplimiento de la norma sería considerado una infracción urbanística muy grave, sancionable con multas de hasta 1,5 millones de euros.
¿Qué dice el informe?
El estudio del AMB, elaborado por el jurista Pablo Feu, concluye que es legalmente viable, a pesar de algunas advertencias de inconstitucionalidad. El estudio afirma que la medida sería constitucional si se formula como excepcional, territorializada, haciendo referencia a las zonas tensionadas, y temporal. El objetivo es que la compra de vivienda vaya destinada al uso habitual y permanente del comprador y evitar la reventa rápida, el alquiler turístico o la acumulación de pisos por parte de fondos de inversión. Como en la ley de los Comuns, prevé excepciones, como la compra de un edificio entero siempre que esté destinado al alquiler habitual con contratos de cierta duración o la compra de una segunda residencia en un municipio diferente. El informe, además, cita modelos como el de la ciudad de Ámsterdam, como referencia. El presidente Illa ya ha advertido que no será fácil desde el punto de vista jurídico, ya que harán falta modificaciones legislativas y de las ordenanzas municipales. Además, para el Govern los cambios legislativos no tendrían incidencia directa en los presupuestos de la Generalitat.
El alquiler de temporada y de habitaciones, otra cuestión a debate
Una minoría de los propietarios utilizan el alquiler de temporada y de habitaciones para esquivar la regulación del alquiler. Por ello, esta semana se debía votar de forma definitiva su regulación, como pacto entre PSC, ERC, Comuns y CUP. La medida incluye que tengan el mismo tope que los arrendamientos de vivienda permanente, la prórroga obligatoria de la calificación de vivienda de protección oficial (VPO) en zonas de mercado residencial consideradas “tensionadas” mientras se mantenga esta situación y el registro de grandes tenedores. La ley redefine qué se entiende por vivienda permanente para evitar prácticas que esquiven el tope de los alquileres y lo define como cualquier inmueble destinado a satisfacer la necesidad de vivienda, independientemente de la duración del contrato. Solo quedan excluidos aquellos que tengan una finalidad exclusivamente recreativa, de vacaciones o de ocio, que deberá constar explícitamente en el contrato. Además, la ley fija que la suma de los alquileres de habitaciones dentro de una misma vivienda no podrá superar la renta máxima establecida para el conjunto del inmueble
Aun así, esta semana no se ha acabado votando porque Junts per Catalunya y el PP lo han llevado al Consell de Garanties Estatutàries, que necesita un mes para estudiar el caso. Las razones por las cuales lo han llevado al Consell de Garanties Estatutàries, sin embargo, son bien diferentes. El PP considera la ley "antiestatutaria y anticonstitucional", mientras que Junts considera que la creación de nuevos tipos de contratos no debería hacerse a través de una ley ordinaria, sino a través de modificar el Código Civil Catalán. Los juntaires, sin embargo, ya habían llevado su propia ley para regularizar el alquiler de temporada y habitaciones para que se tramitara, pero quedó rechazada por el Parlament.
Las ocupaciones delictivas, también a debate
Las ocupaciones delictivas también son una cuestión vinculada a la vivienda y que está a la orden del día de la política catalana. De hecho, Junts per Catalunya tiene registrada una ley, que está en tramitación y ha superado el debate a la totalidad, en la cual se modifica el Código Civil y la ley de vivienda de 2023 para que los vecinos puedan pedir desahuciar pisos ocupados cuando "alteren la convivencia, el orden público o se ponga en peligro la seguridad o la integridad del inmueble". La iniciativa habilitaría la solicitud de medidas cautelares, incluido el desahucio.
Los juntaires, además, también tienen registrada en el Congreso de los Diputados una ley, avalada por el Colegio de Abogados, para hacer frente a la ocupación delictiva, que incluye que las ocupaciones delictivas se puedan desalojar cautelarmente por la policía en 48 horas si lo ordena el juzgado. Otro cambio que propone dentro de la Lecrim es que para seguir en un inmueble ocupado se necesite presentar un título jurídico como un contrato de alquiler o unas escrituras de propiedad, además de que se habilita a la policía para echar a los ocupas delictivos de las viviendas. En caso de que los ocupas sean vulnerables, el partido de Carles Puigdemont quiere que sea la misma administración quien se haga cargo de estas personas. De hecho, en el Parlament también la tienen registrada para que, si la legislatura española decae, se pueda volver a llevar, desde la cámara catalana, al Congreso.
Las propuestas de Junts y ERC: más oferta y más rehabilitación
Los juntaires presentaron, además, un paquete de 25 medidas en diciembre del año pasado, entre las cuales hay subir a al menos 1.000 millones de euros de fondos propios el presupuesto de la Generalitat destinado a la vivienda y movilizar entre 750 y 1.000 millones más de otras fuentes; incrementar hasta 2.500 millones de euros anuales el Plan Vivienda actual y distribuirlos territorialmente en función de las necesidades; también aumentar los fondos estatales a políticas de vivienda del 0,23% al 0,45% del PIB, hasta los 6.500 millones de euros, que instan a destinar a ayudas directas y ayudas plurianuales para promover precios asequibles. En cuanto a financiación, también proponen una financiación para poder rehabilitar unas 25.000 viviendas al año y así poner en el mercado las que ahora estén cerradas —y reducir el IVA de la rehabilitación al 10%—.
Por parte de ERC, los de Oriol Junqueras también quieren centrarse en la rehabilitación de viviendas en aquellas que tienen más de 50 años. De hecho, el Parlament aprobó su plan durante el debate de política general, en el cual incluye la creación de un programa de actuaciones hasta 2030, con una dotación total de 2.600 millones de euros para la financiación. También apuestan por rediseñar el IBI para hacer frente a la especulación inmobiliaria con el objetivo de que no solo se tenga en cuenta el valor catastral sino también la acumulación de inmuebles.
Los Comuns, por otra parte, también acordaron a finales de octubre con el Govern la creación de una unidad antideshaucios y activar el registro de grandes tenedores de vivienda. Esta unidad tiene como objetivo que la Generalitat "adquiera un papel proactivo" ante la crisis de la vivienda e intervenga antes de que lo hagan los juzgados o los Mossos d'Esquadra.