Los neonicotinoides son insecticidas que actúan directamente sobre el sistema nervioso central de los insectos y que, por ello, son especialmente útiles para proteger cultivos como el de la remolacha, imprescindible para la producción de la mayoría del azúcar que consumimos en Europa y las restricciones a su uso han puesto en pie de guerra a los agricultores. Sectores enteros como el de la remolacha exigen soluciones.
Un problema serio
Para los vertebrados, en principio, los neonicotinoides son prácticamente inocuos, pero existen estudios que demuestran que tienen un efecto muy negativo sobre las abejas melíferas, a las que desorientan o matan directamente. Por ello, desde la UE se limitó su uso prohibiendo expresamente la comercialización y el uso de semillas tratadas con estos pesticidas que eran muy apreciadas por los agricultores ya que eran inmunes a gran número de plagas. Desde diferentes estados miembros, se establecieron excepciones a esa prohibición y, ahora, el Tribunal de Justicia de la UE ha dictaminado que proceder de tal modo ya no es posible. Tal decisión ha soliviantado a los agricultores, que se manifiestan por toda Europa y reclaman soluciones alternativas. Desde la UE se habla ya de compensaciones, ya que las semillas tratadas con neonicotinoides sólo se puede usar en cultivos que se desarrollan dentro de invernaderos. Incluso en España se autorizó de manera excepcional el uso de estos insecticidas durante la campaña de siembra de la remolacha de 2022.
¿Qué exige el sector?
Los remolacheros y la industria azucarera de la Unión Europea reclaman “soluciones rápidas y eficaces para que los productores de remolacha eviten pérdidas sustanciales de rendimientos por la incidencia de plagas y enfermedades” tras la decisión del TJUE. Entidades como la Asociación Europea de Fabricantes de Azúcar (CEFS), la Confederación Internacional de Productores Europeos de Remolacha (CIBE) y el COPA-COGECA (organizaciones y cooperativas agrarias de la UE) recuerdan que no usar neonicotinoides en 2022 generó en Francia rendimientos un 30% inferiores a los habituales. Denuncian, además, un “divorcio” entre las interpretaciones legales y la realidad agrícola. ¿Cómo nos afectará a los ciudadanos? Pues muy fácil: con nuevas subidas del azúcar.