29 personas. Son las que, según ha informado el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes han “comunicado oficialmente” su participación en la huelga de jueces y fiscales que se convocó del 1 al 3 de julio para protestar contra las leyes impulsadas por Félix Bolaños para reformar las carreras judiciales y fiscales y modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Se trata de un juez que informó directamente las gerencias territoriales del ministerio y 28 fiscales, que lo hicieron en la Fiscalía General del Estado. Un segundo juez informó de que también secundaría el paro, pero se acabó declarando en servicios mínimos. A ellos se les practicará la “correspondiente deducción salarial”. Son un juez de un total de 6.259 (un 0,01%) y 28 fiscales de un total de 3.185 (un 0,87%). Diecinueve de ellos secundaron la huelga los tres días, uno la secundó dos días y ocho la secundaron solo un día.

🔎 Acaba la huelga de jueces y fiscales contra Bolaños: posiciones enrocadas, guerra de cifras y sin pérdida de sueldo

 

Estas cifras llegan cuatro semanas después de que tanto el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes como las asociaciones convocantes compartieran otros datos de seguimiento. La primera la aportaron las asociaciones el mediodía del primer día: el 75%. El dato se basó en el número de correos electrónicos que recibieron de parte de los jueces y fiscales que decidieron comunicarlo voluntariamente a través de la cuenta que habilitó el comité de huelga. “Cualquier semejanza de esta cifra con la realidad es pura coincidencia”, contestó el ministro Félix Bolaños al día siguiente en una entrevista en la SER. El segundo día, las asociaciones informaron de un seguimiento del 70% y el tercero, de un 65%. Por lo tanto, de media, siete de cada diez jueces y fiscales. En cambio, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes rebajó mucho estas cifras: según los datos oficiales facilitados por los secretarios de gobierno de los tribunales superiores de justicia a partir de las incidencias que hubo, el seguimiento el 1 de julio fue del 28,75%, el 2 de julio, del 30,84% y el 3 de julio, del 33,55%. De media, un 31,04%.

Ahora, el Ministerio de Justicia recuerda que el derecho a huelga “implica algunos deberes para cualquier persona trabajadora” y subraya que uno de ellos es “comunicar que se secunda la protesta al organismo pagador, ya que la huelga supone la suspensión de la relación laboral, por lo que no se percibe salario ni se cotiza en la Seguridad Social durante este periodo”. Eso llevó al ministerio a solicitar al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado, días antes de la huelga, que se le informara de los jueces y fiscales que no acudían a su puesto de trabajo con la finalidad de conocer el seguimiento de la huelga y restar el salario de los que la secundaran. “Una comunicación imprescindible, además, para asegurar el buen uso de los fondos públicos, ya que el ministerio es el organismo pagador de sus nóminas”, justifican.

La comparativa histórica

Las cifras de seguimiento que facilitaron los convocantes suponen el dato más alto de la historia. En los cinco precedentes, el seguimiento de las huelgas había girado en torno al 60% (excepto la de octubre de 2009, que fue convocada únicamente por la APM y llegó al 36%). El récord lo tenía la de mayo de 2018, que fue la primera convocada por todas las asociaciones y sirvió para reclamar al ministro popular Rafael Catalá reforzar la independencia judicial y de la Fiscalía, mejorar las condiciones profesionales y modernizar la Administración de Justicia. En esas ocasiones, el CGPJ sí que facilitó datos, que oscilaron entre el 23% (en octubre de 2009) y el 55% (en mayo de 2018).

Las razones que han llevado a la huelga

La huelga la han impulsado la Asociación Profesional de la Magistratura (conservadora y mayoritaria), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, así como la Asociación de Fiscales (también conservadora y mayoritaria) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Solo se han desmarcado de ella las progresistas Juezas y Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales y la asociación catalana Àgora Judicial. El primer aviso fue el paro de 10 minutos que tuvo lugar el miércoles 11 de junio. Pocos días después, las cinco asociaciones que lo habían promovido dieron un paso más y anunciaron que irían a la huelga. Como antesala de esta nueva protesta, convocaron una concentración delante del Supremo en la que asistieron más de 1.000 jueces y fiscales y un total de entre 5.000 personas (según los convocantes) y 3.000 personas (según la delegación del Gobierno).

¿Por qué protestaron? Hay dos leyes en la diana. Sobre la que modifica el acceso a las carreras judicial y fiscal (que se está tramitando en el Congreso), critican (entre muchas otras cosas) que se conviertan a más de 3.000 jueces y fiscales sustitutos en jueces y fiscales a todos los efectos “en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”. Creen que esto crea “diferentes vías de acceso” para ser juez o fiscal: “Una, ardua y difícil, de mucho estudio, para los que no tienen contactos, y otra de más sencilla para que la transiten aquellos a quien le interese en cada momento al poder político”. Por otro lado, denuncian que la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (que todavía no ha salido del Consejo de Ministros) quiere “aumentar las competencias” del fiscal general del Estado “sin ningún tipo de filtro previo”, cosa que, sumada a la “eliminación de garantías de autonomía” de los fiscales, “incrementará todavía más el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción”.