El Gobierno ha aprobado este martes en su reunión del Consejo de Ministros una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para alargar el mandato del fiscal general del Estado y desvincularlo de la duración de la legislatura. Si la reforma sale adelante (todavía se tendrá que aprobar en segunda vuelta en la Moncloa y después pasar un largo trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados), el jefe de la Fiscalía pasará a tener un mandato de cinco años, uno más que el Gobierno. "Para impedir ceses discrecionales por parte del ejecutivo", el fiscal general solo podrá ser despedido —en el caso de incumplimiento grave o reiterado de sus funciones— con un informe previo del Consejo General del Poder Judicial. Y tampoco podrá ser llamado a comparecer ante el Consejo de Ministros.
Esta reforma adapta la Fiscalía al nuevo papel que tendrá con la futura ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que convertirá el Ministerio público en el encargado de instruir los procesos penales; una reforma para alinearse a Europa. Aprobarlo llevará tiempo y dificultades con la actual aritmética envenenada del Congreso. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha comparecido este martes en rueda de prensa para informar sobre esta ley y ha señalado que, en caso de salir adelante, entrará en vigor en enero de 2028. Es decir, afectará al responsable del Ministerio Público que designe el ejecutivo que surja de las elecciones generales previstas para 2027; no a Álvaro García Ortiz.
La reforma llega en plena investigación del actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por haber participado presuntamente en la filtración de correos incriminatorios de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Está imputado por el Tribunal Supremo. El ejecutivo de Pedro Sánchez defiende que hace falta "reforzar la independencia del Ministerio Fiscal" y responder a las "reiteradas recomendaciones" de la Comisión Europea y el Consejo de Europa.
"Mayor autonomía funcional"
Según el Gobierno, la reforma también otorga "mayor autonomía funcional" al Ministerio Público, ya que el nombramiento, ascenso y régimen disciplinario de los principales fiscales pasarán a ser competencia del fiscal general del Estado, en lugar del Gobierno. Con los ojos fijados en la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal, el texto prevé que la Fiscalía dirija a la Policía Judicial en la investigación de delitos. Así, el jefe de la Fiscalía designará a los fiscales instructores y se aplicará el mismo régimen de abstención y recusación que a jueces y magistrados, conforme la Ley orgánica del Poder Judicial.
Otro de los aspectos importantes de esta reforma es el papel que se dará a la Junta de Fiscales de Sala, porque podrá imponer su criterio al del fiscal general del Estado si cuenta con una mayoría calificada de tres quintas partes. En materia de transparencia, se establece que las asociaciones de fiscales "no podrán recibir financiación privada ni de gobiernos u organismos extranjeros". Además, estas tendrán que inscribirse en un registro oficial que dependerá de la Fiscalía General del Estado. Finalmente, la preparación de opositores por parte de fiscales requerirá autorización previa del FGE y quedará reflejada en un registro público, también dependiente de la Fiscalía General. El objetivo, según el gobierno de Pedro Sánchez, "es evitar conflictos de interés y aumentar el control sobre esta actividad".