A la cárcel. El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha ordenado, este jueves, la entrada en prisión, comunicada y sin fianza, del exministro de Transportes socialista José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García por el caso Mascarillas. Ábalos y García han comparecido en la vistilla en el Supremo, solicitada por la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones, que han solicitado la prisión provisional de ambos ante el riesgo de fuga por las elevadas penas que les piden por supuestamente haber cobrado comisiones en la compraventa de mascarillas por la covid-19 en la administración. El instructor lo ha aprobado, esta tarde, para asegurar que los dos serán juzgados. En el caso de Ábalos, el juez ha acordado también que el auto se ponga en conocimiento de la presidenta del Congreso de los Diputados porque afecta a su situación personal, ya que mantenía el acta de diputado; y ahora afectará la composición de mayorías en la cámara.
En dos resoluciones, el juez Puente señala que, de acuerdo con el expresado por la Fiscalía y la acusación popular, además de existir indicios más que bastantes de la eventual comisión de graves hechos delictivos, el posible riesgo de que dichos acusados pudieran sustraerse a la acción de la justicia resulta, en este momento, "extremo", por lo que entiende que no puede conjurarse con el simple mantenimiento de las medidas cautelares que pesaban hasta ahora sobre ambos (comparecencias periódicas en el juzgado y retirada del pasaporte). A la vista, Ábalos, con una bolsa de mano, ha llegado al Supremo a las 9 de la mañana, más de tres horas antes de la citación fijada por el juez instructor.
Pronto a juicio
El instructor destaca que existen "numerosos indicios racionales de criminalidad frente a ambos", formalizados ya en una resolución judicial de imputación, con relación a la eventual comisión de varios graves delitos; y que, concluida ya la instrucción, se ha interesado por las acusaciones la imposición de muy graves penas privativas de libertad para dichos investigados, ello unido "al previsiblemente muy próximo enjuiciamiento". El juez expone que el Supremo no tardará a juzgar a Ábalos, puesto que el alto tribunal español no tiene pendiente una larga lista de causas, como el resto de tribunales, puesto que su ámbito de actuación son las personas aforadas, con otras con hechos conexos, que en este caso sería Koldo y Aldama. Añade que el juicio se puede señalar en los meses próximos, y que la sentencia del Supremo será firme, puesto que no hay doble instancia.
Penas de 24 a 7 años de prisión
En el escrito de acusación, presentado recientemente, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, solicita 24 años de prisión para Ábalos —que mantiene el acta de diputado—, al que acusa de seis delitos (integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación), junto con su entonces asesor Koldo García, para quien pide 19 años y medio de prisión, y el empresario Víctor Aldama para quien pide 7 años de prisión con la atenuante de confesión porque confirmó esta trama corrupta. Las acusaciones populares, que piden 30 años de prisión para los dos, ya anunciaron que solicitarán prisión para que no huyan y puedan ser juzgados.
En este sentido, el juez Puente destaca la gravedad de las penas solicitadas Y añade: "Incluso, como certeramente destacaba en su informe de hoy, el fiscal, aunque, partiendo de la hipótesis de condena, se impusieran a Ábalos Meco las penas previstas en los diferentes delitos por los que se le acusa en este procedimiento en su mínima extensión legal, el conjunto de todas ellas aún significaría una sanción privativa de libertad de extensión no menor a los diez años de prisión (doce años y seis meses de prisión, precisó el Ministerio Público)."
Aldama, en la Audiencia Nacional
El instructor del Supremo aceptó retrasar una hora la comparecencia de Ábalos y Koldo porque este jueves ha sido citado en la Audiencia Nacional el empresario Víctor de Aldama con relación al informe de la UCO sobre las gestiones de Koldo con el entonces presidente de Canarias y ahora ministro, Ángel Víctor Torres, por la compra de mascarillas y de pruebas de detección de la Covid.
Es una forma de presión, según la defensa
En la vista, la defensa del exministro José Luis Ábalos ha alegado que la petición de ingreso en prisión de la Fiscalía es una forma de presión para lograr que colabore y ha añadido que de haber riesgo de fuga su cliente ha contado con siete días para hacerlo desde que el juez convocó la vistilla para revisar sus medidas cautelares. El letrado de Ábalos, el exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista, ha señalado además que la petición de ingreso en prisión por parte del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, no es más que una "profecía autocumplida", según han informado a Efe fuentes jurídicas.
Bautista ha añadido que la Fiscalía pretende con esta petición de prisión es una "acción colaborativa" para llegar a un pacto de conformidad de cara al juicio. Una forma de presión que, según ha señalado el abogado, se hacía en un órgano jurisdiccional hace 30 años, pero que no se esperaba que lo hiciera el Tribunal Supremo. Asimismo, la defensa de Ábalos también ha advertido de que su ingreso en prisión supondría la vulneración del derecho a la representación política de los ciudadanos de Valencia dada su condición de diputado en el Congreso, acta que mantiene a pesar de ser expulsado del PSOE.