En pie de guerra. Jueces y fiscales han convocado tres días de huelga para protestar contra las reformas judiciales que ha impulsado el ministro Félix Bolaños. Empiezan hoy y se alargarán hasta el jueves. Concretamente, las cinco asociaciones (las únicas que se han desmarcado son las dos progresistas y la catalana Ágora Judicial) alzan la voz para defender la independencia judicial y sus “condiciones profesionales” frente a la reforma de la carrera judicial (que se está tramitando en el Congreso) y la modificación del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal (que todavía no ha salido del Consejo de Ministros) y esgrimen que la huelga es una “medida legítima, proporcionada y responsable” y un derecho fundamental del que no se puede excluir a los jueces. Llega en un momento álgido de pugna entre el poder judicial y el Gobierno, a las puertas de que el Tribunal Supremo abra juicio oral al actual fiscal general del Estado y el día siguiente de que el juez Leopoldo Puente enviara a prisión provisional a Santos Cerdán (que hasta hace tres semanas era el número tres del PSOE y mano derecha de Pedro Sánchez) y de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura acusara al líder del PSOE extremeño de “fraude de ley” por aforarse de forma exprés para torpedear la causa judicial del hermano del presidente español.

📝 Togas en las puertas de los juzgados contra las leyes de Bolaños: “Hacen un poder judicial más débil y maleable”

📝 Centenares de jueces y fiscales protestan delante del Tribunal Supremo contra las reformas de Bolaños

 

Como hemos llegado hasta aquí: un paro de diez minutos y una concentración delante del Supremo

La huelga convocada esta semana es la culminación de una batería de protestas que han impulsado las cinco asociaciones desde hace semanas. La primera fue un paro de 10 minutos que tuvo lugar el miércoles 11 de junio. El manifiesto denunciaba que la independencia judicial está “bajo amenaza” por las dos iniciativas legislativas, que “van encaminadas a convertir al poder judicial en un poder con minúscula, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, y más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder”.

La segunda fue la concentración del pasado sábado ante el Tribunal Supremo. Asistieron más de 1.000 jueces y fiscales y un total de entre 5.000 personas (según los convocantes) y 3.000 personas (según la delegación del Gobierno). A primera fila, había una pancarta que proclamaba que “Sin Estado de derecho no hay democracia” y algunos de los cánticos que se escucharon fueron “No es una reforma, es impunidad”, “La toga no se vende, “Bolaños, tramposo tú eres un destrozo”, “Fiscalía imparcial” o “Jueces colocados, procesos trucados”.

Concentració en el Supremo jueces y fiscales 2 Europa Press
Concentració de jueces y fiscales ante el Tribunal Supremo el 28 de junio / Foto: Europa Press

¿Qué asociaciones la convocan?

Las asociaciones que han impulsado la huelga y las últimas protestas son tres de jueces y dos fiscales. Por una parte, la Asociación Profesional de la Magistratura (conservadora y mayoritaria), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente. Por otra parte, la Asociación de Fiscales (también conservadora y mayoritaria) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Por el contrario, se han desmarcado las progresistas Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales y la asociación catalana Àgora Judicial.

¿Contra qué protestan?

Por un lado, consideran que la ley que modifica el acceso a las carreras judicial y fiscal “no responde a ninguna demanda social” y “rebajará la excelencia de conocimientos” porque introduce “pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración”. También recelan del hecho de que se conviertan a más de 3.000 jueces y fiscales sustitutos en jueces y fiscales a todos los efectos “sin pruebas que midan su aptitud y en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”. Por ello, alegan que se crean “diferentes vías de acceso” para ser juez o fiscal: “Una, ardua y difícil, de mucho estudio, para los que no tienen contactos, y otra de más sencilla para que la transiten aquellos a quién le interese en cada momento al poder político”.

Finalmente, desaprueban que se incluyan miembros designados por las Cortes Generales en la Comisión de Ética Judicial y se cree un centro de preparación de opositores “dependiente directamente” del Gobierno, con el “riesgo de selección ideológica” de los futuros jueces y fiscales. Por otra parte, denuncian que la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal quiere “aumentar las competencias” del fiscal general del Estado “sin ningún tipo de filtro previo”, cosa que, sumada a la “eliminación de garantías de autonomía” de los fiscales, “incrementará todavía más, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción”.

¿Qué han dicho el CGPJ y la Fiscalía General del Estado?

La semana pasada, en un pleno extraordinario, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó un acuerdo por unanimidad sobre la convocatoria de la huelga. “El ejercicio del derecho a huelga de jueces y magistrados carece, en el momento actual, de apoyo normativo, por lo cual no es procedente tener por anunciada la convocatoria de huelga ni fijar servicios mínimos”, concluyó el órgano de gobierno de los jueces. Eso sí, advirtió de que el paro no podrá afectar al reparto de asuntos, a los servicios de guardia, a las decisiones urgentes de instrucción, a los procedimientos para la tutela de derechos fundamentales, a los procesos o incidentes en los que intervengan personas vulnerables, a las medidas cautelarísimas y a cualquier otro “fallo judicial inaplazable o cuya demora resulte inconciliable con los derechos fundamentales”.

Al día siguiente, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, remitió un escrito a todos los fiscales jefes recordándoles que se tendrá que garantizar la práctica de “todas aquellas actuaciones judiciales o fiscales en las que la falta de intervención del miembro del Ministerio Fiscal pueda causar perjuicios directos para los derechos de los ciudadanos”. Además, instó a las jefaturas a comunicar a la Inspección Fiscal las incidencias que se produzcan. Las dos asociaciones de fiscales que promueven la huelga han denunciado que eso “puede generar desánimo entre los fiscales y socava su derecho a manifestar su disconformidad”. Y avisan: “La simple insinuación de responsabilidad disciplinaria cuando se ejercita un derecho fundamental sabiendo que se está recortando un derecho puede generar responsabilidad penal de quien lo perpetre”.

¿Qué servicios mínimos habrá?

Ante la negativa del CGPJ y de la Fiscalía de establecer los servicios mínimos, los estipularó el Comité de Huelga. Así, por ejemplo, en el servicio de guardia, se seguirán haciendo las actuaciones con detenido o que resulten inaplazables, como la adopción de medidas cautelares urgentes (por ejemplo, levantamiento de cadáveres o entradas y registros). Además, se seguirán tomando medidas provisionales con hijos menores o personas con discapacidad y las decisiones sobre internamientos involuntarios o sustracción e internamientos de menores. Asimismo, se harán las actuaciones en causas con presos o detenidos y se tomarán decisiones sobre suspensión de desahucios por vulnerabilidad y sobre las penas privativas de libertad.

📝 Los jueces y fiscales desafían al CGPJ y fijan los servicios mínimos de la huelga de la semana que viene

 

Félix Bolaños no hará marcha atrás: “La justicia no se merece inmovilismo y cronificar sus problemas”

“Pueden estar tranquilos, ni una sola línea de las reformas de la justicia afecta ni a la independencia judicial ni al Estado de derecho y pido, por favor, que se lea al proyecto de ley para comprobar que los motivos de la concentración son infundados, no se corresponden con la realidad”, esgrimió Félix Bolaños el sábado después de la concentración de jueces y fiscales. Días antes, había subrayado que la justicia tendrá la “misma independencia e imparcialidad de siempre” y pidió “evitar frases grandilocuentes que no se corresponde con lo que dice la reforma”. Y es que desde el primer momento, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha defendido que las leyes que ha impulsado son pertinentes para el Estado español y se ha negado de raíz a retirarlas.

“Se tienen que respetar las competencias constitucionales que tienen el Congreso y el Senado para debatir una ley y, si hay mayoría, aprobarla y hacer este debate sin injerencias y sin presiones”, verbalizó el sábado. Y volvió a apostar por aprobar las reformas “imprescindibles y necesarias” que la justicia “necesita para convertirla en un servicio público del siglo XXI”. En la misma línea se había expresado después del paro de diez minutos de hace dos semanas: “Es humano mirar con recelos los cambios y reformas que se producen en el sector de la justicia”, verbalizó. “El dilema hoy a la justicia es reformas o inmovilismo. Y la justicia no se merece inmovilismo y no se merece cronificar los problemas de toda la vida, se merece una reforma valiente”, subrayó.

La sexta huelga de jueces y fiscales de la democracia: tres contra el PSOE y dos contra el PP

Será la sexta huelga de jueces y/o fiscales en la historia contemporánea de España. La primera fue en febrero de 2009, con José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa y Mariano Bermejo como ministro de Justicia. La convocaron las asociaciones Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) para reclamar mejoras estructurales en la Administración de Justicia. Cinco días más tarde, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, dimitió y las asociaciones judiciales vieron con optimismo que su sucesor fuera Francisco Caamaño, que en su toma de posesión se mostró dispuesto a reanudar el diálogo.

Ocho meses después, en octubre de 2009, fue la Asociación Profesional de la Magistratura la que convocó la huelga. La APM dio el paso en solitario después de una consulta en sus bases y adució que continuaban plenamente vigentes los motivos que desembocaron en la primera huelga. En cambio, el AJFV y el FJI (que la habían promovido en febrero) consideraron que el escenario era muy diferente, dado que el ministro Caamaño tenía una actitud diferente, había elaborado un plan global de reestructuración de la Administración de Justicia y había conseguido que el Gobierno se comprometiera a destinar a la modernización de los juzgados 600 millones de euros en los siguientes tres años.

La siguiente huelga fue en febrero de 2013. Todas las asociaciones excepto las conservadoras la convocaron en contra las reformas emprendidas por Alberto Ruiz-Gallardón. Se quejaban del proyecto de reforma del CGPJ que restaba poderes a las asociaciones judiciales y modificaba su composición y forma de elección, de la práctica eliminación de los jueces interinos, de la baja inversión en Justicia del Gobierno y de las cuantías de las nuevas tasas judiciales. En mayo del 2018 le tocó el recibir a Rafael Catalá, que fue el último ministro de Justicia de Mariano Rajoy. En aquella ocasión, por primera vez, la huelga estuvo instigada de forma unánime por todas las asociaciones (cuatro de jueces y tres fiscales). Después de meses de negociaciones infructuosas, reclamaban reforzar la independencia judicial y de la Fiscalía, mejorar las condiciones profesionales (por ejemplo, ampliando las plantillas o fijando la carga laboral) y modernizar de la Administración de Justicia.

Finalmente, en noviembre de 2018, cinco meses después de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, los jueces y fiscal volvieron a la carga para exigir mejoras salariales y defender la independencia del poder judicial enfrente de las injerencias políticas. Las asociaciones convocantes la presentaron como un “éxito indudable” e instaron a la ministra Dolores Delgado a negociar mejoras en las condiciones laborales y medidas para reforzar la independencia judicial y la autonomía de los fiscales. En mayo, en la última huelga, ella era fiscal de la Audiencia Nacional y, como miembro de la Unión Progresista de Fiscales, había sido muy activa en la huelga convocada contra el PP.