Éxito de la huelga de jueces y fiscales contra las reformas legislativas impulsadas por el Gobierno. Los 5.400 jueces y los 2.800 fiscales están convocados entre hoy y el jueves a una huelga de tres días para protestar contra la reforma de la carrera judicial y fiscal y la modificación del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal que ha promovido el ministro Félix Bolaños. Y tres de cada cuatro han secundado la huelga, según han informado las asociaciones convocantes. El dato se basa en el número de correos electrónicos que han recibido de parte de los jueces y fiscales que han decidido comunicarlo voluntariamente a través de la cuenta que habilitó el comité de huelga. Es la sexta huelga de jueces (y la cuarta de fiscales) y supone la cifra de seguimiento más alta de la historia. En los cinco precedentes, el seguimiento de las huelgas había girado en torno al 60% (excepto la de octubre de 2009, que fue convocada únicamente por la APM y llegó al 36%). El récord lo tenía la de mayo de 2018, que fue la primera convocada por todas las asociaciones y sirvió para reclamar al ministro popular Rafael Catalá reforzar la independencia judicial y de la Fiscalía, mejorar las condiciones profesionales y modernizar la Administración de Justicia.
🔎 Jueces y fiscales inician una huelga de tres días para plantar cara a las reformas impulsadas por Bolaños
Las asociaciones que la han impulsado son la Asociación Profesional de la Magistratura (conservadora y mayoritaria), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, así como la Asociación de Fiscales (también conservadora y mayoritaria) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Solo se han desmarcado de ella las progresistas Juezas y Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales y la asociación catalana Àgora Judicial. Advierten de que la independencia judicial está “bajo amenaza” por las dos iniciativas legislativas, que “van encaminadas a convertir al poder judicial en un poder con minúscula, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, y más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder”. Y reivindican que la huelga es una “medida legítima, proporcionada y responsable” y un derecho fundamental del que no se puede excluir a los jueces.
Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial avisó la semana pasada que el ejercicio del derecho a huelga de jueces y magistrados “carece, en el momento actual, de apoyo normativo, por lo que no es procedente tener por anunciada la convocatoria de huelga ni fijar servicios mínimos”. Por este motivo, ni el CGPJ ni la Fiscalía han proporcionado datos del seguimiento. Sin embargo, los jueces y fiscales desafiaron al CGPJ y fijaron motu proprio los servicios mínimos para estos tres días.
“No somos una especie de conspiración judeo-masónica que va contra el Gobierno”
La cifra sobre el seguimiento de la huelga la han comunicado las cinco asociaciones convocantes en una rueda de prensa. “Estamos muy satisfechos, creemos que es un éxito”, ha subrayado Chus del Barco, presidenta de la APM. “No somos una especie de conspiración judeo-masónica que va contra el Gobierno. Queremos lo mejor para la ciudadanía”, ha verbalizado Sergio Oliva, portavoz de la AJFV, que se ha mostrado sorprendido por el hecho de que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes “no haya llamado” para evitar la huelga. “No lo concibo. […] No me cabe en la cabeza que el empleador no intente evitar un conflicto colectivo”, ha añadido. Y ha reconocido que le hubiera gustado sentarse en una “mesa de negociación y poder llegar a un entendimiento”. Por su parte, Cristina Dexeus, presidenta de la AF, ha hecho énfasis en las dificultades que han tenido los fiscales después de las órdenes que dictó el fiscal general del Estado, que “hacían prácticamente imposible que el fiscal hiciera huelga si no la hacía el juez correspondiente”. “Teníamos que hacer de comparsa”, ha lamentado.
Mínimo seguimiento de la huelga en los juzgados catalanes
El primer día de la huelga no se ha notado mucho en los juzgados de Catalunya, dónde ejercen cerca de 800 jueces y magistrados. De forma excepcional, los tres juzgados de lo Social de Girona han hecho huelga y no han celebrado juicios, según han informado fuentes de la Advocacia. Por el contrario, en la Ciutat de la Justicia de Barcelona, la actividad ha estado como un día normal. Oficialmente, la magistrada del juzgado de instrucción 25, Elena Carasol, ha comunicado a su oficina que hacía huelga y se han suspendido los juicios leves que tenía programados, tal como informaba un cartel en la puerta de la sala de vistas. Un abogado también ha explicado que se le había suspendido un exhorto con un juzgado de Madrid porque allí secundaban el paro. Y pocas incidencias más.
De los 33 jueces de instrucción de Barcelona, solo dos otras magistradas no han asistido al juzgado, aunque no se ha verbalizado si hacían huelga, según un control periodístico. La mayoría de los juzgados atendían ciudadanos y celebraban vistas. También los juzgados civiles y mercantiles. El Consell de l’Advocacia Catalana ha recomendado a los letrados que llamen antes a los juzgados, ya que la huelga dura dos días más. Ahora bien, algunos de ellos han expresado a ElNacional.cat que las oficinas no les confirmaban nada y les hacían ir al juzgado. Un ejemplo: un juicio contra un supuesto cártel de precios de coches en el juzgado Mercantil 2 de Barcelona se ha celebrado con normalidad.
El Ministerio de Justicia habla de “normalidad casi absoluta”
Por la tarde, fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes han expresado que ha habido “normalidad casi absoluta en los tribunales y fiscalías” de España y han señalado que ni el CGPJ ni la Fiscalía ni las asociaciones convocantes han comunicado al ministerio “ningún dato de una sola persona que haya secundado el paro”. El ministerio encabezado por Félix Bolaños había solicitado al CGPJ y a la Fiscalía General del Estado que cada día en el que esté convocada la huelga informen de los jueces y fiscales que no acuden a su puesto de trabajo con el fin de “conocer el seguimiento de la convocatoria y detraer el salario de quienes la secunden, tal y como ocurre a cualquier trabajador en una huelga”. “Esta comunicación es necesaria, ya que el ministerio es el organismo pagador de jueces, fiscales y magistrados”, añaden las mismas voces. Sin embargo, no han recibido ningún dato.
Desde el entorno de Félix Bolaños, reiteran la “necesidad de una reforma que moderniza las carreras judicial y fiscal por primera vez en cuarenta años” y que “blinda por ley las becas para opositores, incorpora un examen escrito en las oposiciones para medir más habilidades además de las memorísticas y establece un proceso de estabilización para jueces y fiscales sustitutos para acabar con la precariedad y cumplir con las exigencias de la Unión Europea”. “Pueden estar tranquilos, ni una sola línea de las reformas de la justicia afecta ni a la independencia judicial ni al Estado de derecho y pido, por favor, que se lea al proyecto de ley para comprobar que los motivos de la concentración son infundados, no se corresponden con la realidad”, arguyó el ministro el sábado.
Los motivos de la huelga de jueces y fiscales
¿Por qué razones se ha convocado la huelga? Por una parte, las asociaciones de jueces y fiscales consideran que la ley que modifica el acceso a las carreras judicial y fiscal, que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, “rebajará la excelencia de conocimientos” porque introduce “pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración”. También recelan del hecho de que se conviertan a más de 3.000 jueces y fiscales sustitutos en jueces y fiscales a todos los efectos “sin pruebas que midan su aptitud y en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”. Por eso, alegan que se crean “diferentes vías de acceso” para ser juez o fiscal: “Una, ardua y difícil, de mucho estudio, para los que no tienen contactos, y otra de más sencilla para que la transiten aquellos a quien le interese en cada momento al poder político”. Además, desaprueban que se incluyan miembros designados por las Cortes Generales en la Comisión de Ética Judicial y se cree un centro de preparación de opositores “dependiente directamente” del Gobierno, con el “riesgo de selección ideológica” de los futuros jueces y fiscales.
Por otra parte, recelan de la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que prevé, entre otras cosas, alargar el mandato del fiscal general del Estado hasta los cinco años para desvincularlo de la duración de la legislatura (una modificación que afectaría al sucesor de Álvaro García Ortiz) e “impedir ceses discrecionales por parte del ejecutivo”. Concretamente, denuncian que quiere “aumentar las competencias” del fiscal general del Estado “sin ningún tipo de filtro previo”, cosa que, sumada a la “eliminación de garantías de autonomía” de los fiscales, “incrementará todavía más, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción”.