Todas las asociaciones de jueces y fiscales —excepto las de carácter progresista— han decidido convocar una huelga de tres días en julio como reacción a las reformas anunciadas por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Las protestas se centran en los cambios propuestos sobre el acceso a las carreras judiciales y fiscales, así como en la nueva configuración del Ministerio Fiscal, pensado para adaptarse al futuro modelo del proceso penal, en el que las instrucciones de las causas dejarán de ser competencia de los jueces para pasar a manos de los fiscales. Esta convocatoria de huelga es un nuevo pulso de la judicatura contra Pedro Sánchez que se encuentra inmerso en plena crisis de partido por los casos Koldo, Cerdán, Begoña Gómez...

Se trata de una convocatoria sin precedentes, puesto que los jueces solo habían hecho huelga el 2009 (convocada también por los jueces conservadores) y el 2018, que fue unitaria y se alargó durante dos jornadas separadas. La huelga que se convoca ahora se hará a las puertas del Comité Federal del PSOE que tendrá lugar el día 5 de julio.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han acordado convocar una huelga los días 1, 2 y 3 de julio. Además, han previsto una concentración el 28 de junio delante la sede del Tribunal Supremo, en protesta contra las reformas anunciadas por el Gobierno en materia de justicia.

El anuncio llega después de que las consultas internas realizadas dentro de las asociaciones mostraran que más del 80% de sus miembros están a favor de la huelga, como respuesta a la reforma del sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal, y a la del Ministerio Fiscal. Esta medida llega después de un paro simbólico de 10 minutos celebrado el 11 de junio en sedes judiciales de todo el Estado. Según las asociaciones convocantes, más del 70% del colectivo secundó el paro. Este éxito las llevó a iniciar una consulta formal entre sus bases para valorar la convocatoria de una huelga más amplia. El resultado ha sido un amplio apoyo.

La independencia judicial está "amenazada"

Durante el paro del día 11 de junio, representantes de todas las asociaciones de jueces y fiscales —excepto las de perfil progresista— leyeron un manifiesto advirtiendo que la independencia judicial está "amenazada" por las reformas legislativas impulsadas por el Gobierno. Según el manifiesto, estas reformas erosionan la autonomía del Poder Judicial y abren la puerta a su politización, debilitando su papel como contrapeso al poder ejecutivo. En concreto, se refieren al proyecto de ley que modifica el acceso a las carreras judicial y fiscal —que ya ha superado el primer trámite parlamentario— y a la propuesta de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).

Los firmantes denuncian que las reformas reducen la exigencia de conocimientos, introducen pruebas más subjetivas y susceptibles de manipulación, y suprimen contenidos esenciales en la formación. También critican la voluntad de crear un centro de formación de opositores bajo control directo del Gobierno, con el riesgo que eso comporta de selección ideológica. Además, rechazan que se utilice Europa como pretexto para cambiar las reglas de acceso y convertir 1.300 jueces y fiscales sustitutos en titulares sin pruebas objetivas, hecho que consideran una vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad, perjudicando gravemente, las nuevas promociones y los opositores que preparan el acceso con esfuerzo.

Críticas a la reforma de la Fiscalía

También han cargado contra el anteproyecto de reforma del Ministerio Fiscal, que —según las asociaciones— incrementa el poder del fiscal general del Estado, que seguiría siendo nombrado por el Gobierno sin ningún filtro previo. Eso, denuncian, abre la puerta a interferencias políticas, especialmente en casos de corrupción, y va en contra de las recomendaciones europeas. Lamentan que estas reformas lleguen en un contexto de ataques políticos continuos al Poder Judicial y de deslegitimación de la Fiscalía, con declaraciones que cuestionan las resoluciones judiciales y presentan la Fiscalía como un apéndice del Gobierno. 

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, respondió el pasado 23 de mayo, cuando se anunció la convocatoria de huelga, que los temores de las asociaciones son "infundados". Bolaños defiende que estas reformas son "imprescindibles" para una justicia del siglo XXI y recuerda que la resistencia al cambio dentro del poder judicial es "habitual".