El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) interpondrá una denuncia administrativa y otra penal en relación con la presunta vulneración del secreto de las comunicaciones de un colegiado por la revelación de datos en la investigación relativa a Alberto González Amador —pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso— investigado junto a otras cuatro personas por supuesta defraudación fiscal de 350.951 euros entre 2020 y 2021. La denuncia tiene la intención de identificar a los culpables de la filtración de datos en el comunicado que difundió la Fiscalía sobre el pacto que ofreció el abogado de la pareja de Ayuso el pasado 2 de febrero. "Las dos denuncias persiguen la identificación completa de los autores de estos hechos para depurar responsabilidades", ha subrayado el decano del ICAM, Eugenio Ribón, que ha negado que se hayan producido contactos con la Comunidad de Madrid antes de la reunión de la junta.

Delitos de la Fiscalía

El Colegio de la Abogacía asegura que la Fiscalía habría cometido dos presuntos delitos en relación con el artículo 417 del Código Penal, que son la violación de secretos y la infidelidad de custodia de documentos. La Junta de Gobierno del ICAM se reunió este lunes para "tomar las acciones pertinentes" al considerar que la información contenida en esta nota de prensa provocó una "ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones entre letrados" y constituyó una "gravedad sin precedentes en el marco del derecho de defensa". Por este motivo, los 14 miembros de la Junta han acordado por unanimidad denunciar los hechos por una doble vía: por la penal, para investigar un supuesto delito de infidelidad en la custodia de documentos y de violación de secretos, y por la administrativa, para abrir un procedimiento sancionador al estimar que se ha infringido el artículo 62 del Estatuto Orgánico de la Fiscalía. El decano ha detallado que las denuncias, en principio, no se dirigen contra nadie en concreto, sino que persiguen la "identificación completa de los autores" para "depurar responsabilidades". La Junta dará instrucciones a los servicios jurídicos del ICAM para presentar la denuncia por la vía penal y, "si es el caso", el Colegio se personará en la causa como "parto interesada".

La Junta sostiene que la revelación de datos de unas diligencias penales en este comunicado, "detallando fechas" y conversaciones entre el fiscal y el abogado de González Amador, supone una "ruptura del principio de confidencialidad", básico en el derecho de defensa, y una vulneración "sin paliativos" del deber de reserva y sigilo del ministerio público. Además, considera que esta postura pone en riesgo la neutralidad que tiene que garantizar la actuación de la Fiscalía y que "incumple flagrantemente el protocolo de actuación" para juicios de conformidad entre el ministerio público y los abogados.

En un comunicado, el Colegio ha destacado que "el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en su artículo 4,5°, destaca el límite de la obligación de informar por parte del Ministerio Público, poniendo el acento en el respeto al secreto del sumario y a los deberes de reserva y discreción inherentes al cargo, así como a los derechos de los implicados". En este sentido, destacan la "importancia del secreto profesional, especialmente en las interacciones entre fiscales y abogados, sea durante las diligencias de investigación o en el transcurso de los procedimientos judiciales".