Alberto González Amador se desmarca de la confesión en la que reconocía que había cometido dos delitos de fraude fiscal. Lo verbalizó su abogado, Carlos Neira, en un correo que envió a la Fiscalía el 2 de febrero comunicando su “voluntad firme” de alcanzar una “conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos”. “Ciertamente, se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”, admitía. Ahora bien, el letrado lo hizo “por su cuenta” y sin que lo supiera ni lo autorizara la pareja de Isabel Díaz Ayuso. De hecho, él tuvo constancia de ello más de un mes después, el 14 de marzo. González Amador solo quería la “solución que causara menos ruido” y la “mejor para continuar en el anonimato”. Así lo ha expresado, según relatan fuentes jurídicas a ElNacional.cat, en su declaración como testigo en el Tribunal Supremo en la causa contra el fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos. El abogado Carlos Neira declarará precisamente como testigo el próximo martes 27 de mayo. Además, Alberto González Amador ha reconocido que “ha sido un destrozo” que se le tilde de “delincuente confeso” (de hecho, ha emprendido una batalla legal contra Pedro Sánchez y los ministros que se han referido a él en estos términos) y ha lamentado que la causa judicial le ha hecho perder contratos con clientes de hace quince años y que no le hayan llamado para impartir cursos que hacía desde hacía más de diez años.
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En una declaración que se ha alargado poco más de una hora, Alberto González Amador también ha recordado que en “dos ocasiones” negó los delitos ante la Agencia Tributaria y ha subrayado que él siempre ha mantenido que “no hay facturas falsas, ni fraude, ni sociedad interpuesta”. Asimismo, ha negado que ordenara al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez (MAR), que filtrara el correo del fiscal. “Haz lo que veas”, le dijo. Hace cuatro meses, después de declarar como testigo, MAR reconoció delante de los periodistas que González Amador no le pidió que lo difundiera, pero alegó que le había dado su permiso. La declaración de Alberto González Amador de hoy es diferente de las otras dos declaraciones que ha hecho en las últimas semanas, que fueron ante la jueza que lo investiga por fraude fiscal: el 24 de febrero se acogió al derecho a no declarar y el 10 de abril defendió la legalidad de sus negocios con Quirón.
“Nada tiene que ver con mi trabajo como presidenta de la Comunidad de Madrid y nada tiene que ver con nosotros”, ha contestado Isabel Díaz Ayuso al ser preguntada por la declaración de su pareja. “Me sorprende que los máximos representantes de todos los poderes del Estado estén tan interesados en la inspección fiscal de un particular, sea novio de quien sea”, ha añadido desde Pozuelo de Alarcón después de visitar las obras del nuevo Centro de Salud Cerro de Los Gamos.
Una querella en el TSJ de Madrid como origen de la investigación contra el fiscal general del Estado
El origen de la causa contra el fiscal general del Estado es la querella que Alberto González Amador presentó hace más de un año en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y contra el fiscal de Delitos Económicos Julián Salto (que acabó desimputado) por un presunto delito de revelación de secretos por la nota informativa que difundió la Fiscalía dando datos sobre su caso de fraude fiscal. Contra el criterio de la Fiscalía, que se opuso a su admisión a trámite, el TSJM la aceptó para “investigar el verdadero alcance del conjunto de los hechos relatados en el escrito de la querella” y radiografiar si el Ministerio Fiscal “se excedió en el derecho a la información que lo asiste”.
Posteriormente, el fiscal general del Estado asumió toda la responsabilidad sobre la nota: argumentó que no se habría publicado sin su “previa autorización” y sus “instrucciones expresas y directas” y defendió una nota de prensa “objetiva, neutral y que no infringía ningún deber de reserva” porque “todos los correos electrónicos habían sido previamente revelados por los medios de comunicación”. Ahora bien, el TSJM no lo podía investigar porque es aforado y, a mediados de julio, envió una exposición razonada al Supremo instándolo a investigar a Álvaro García Ortiz: “Nos encontramos ante la tesitura de que la total prosecución de las presentes diligencias haría necesario su contrastación con la versión de los hechos que pudiera dar el fiscal general del Estado”, alegó el juez. En su opinión, la nota supuso la “divulgación de datos e información que no puede ser revelada a terceros” porque “perjudica uno tercero e, incluso, un interés colectivo”.
Nuevas diligencias antes de concluir la instrucción: cinco nuevos testigos la última semana de mayo
Todo hacía pensar que la declaración de la pareja de Ayuso como testigo podría ser la última diligencia de la instrucción y era el paso previo a la decisión del juez de si envía o no a juicio el fiscal general del Estado. Pero habrá que esperar un poco más para saber el desenlace de la investigación. Justo esta mañana, el juez ha citado a declarar como testigos el 30 de mayo a cuatro periodistas de El País que han afirmado ante un notario que tuvieron conocimiento de las negociaciones entre la pareja de Ayuso y la Fiscalía 36 horas antes de que esta información llegara al fiscal general del Estado. Además, tres días antes, tendrá que testificar Carlos Neira, el abogado que remitió el correo de la discordia a la Fiscalía y que hoy ha sido señalado por Alberto González Amador. “Se accederá a ello, porque, desde el punto de vista del derecho de defensa, como lo entiende la defensa, no se le ha de privar de que lo ejerza con la extensión que mejor satisfaga a sus intereses”, argumenta el magistrado.
El Supremo corrigió la decisión del juez sobre la declaración de Alberto González Amador: “Puede servir para constatar la incidencia en el plano personal”
Alberto González Amador ha declarado después de que la Sala de Apelación del Supremo enmendara la negativa inicial del juez Ángel Hurtado y aceptara la petición de las defensas de Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez de citar a la pareja de Ayuso como testigo en calidad de querellante. A finales de enero, Ángel Hurtado lo había denegado alegando que la posición del querellante venía “prefijada” por la querella y por la actividad de su abogado durante la instrucción y, por lo tanto, consideró que tomarle declaración como testigo suponía una “dilación para la declaración de los investigados” y podría “resultar perjudicial” para los acusados.
Sin embargo, la Sala de Apelación se mostró partidaria de ello para “averiguar todos los contornos de la supuesta difusión de datos” y concluyó que no hay razones para negarse: “Siendo la misma defensa quien solicita la declaración del querellante, no vemos motivo para su denegación, ya que será el afectado por la presunta divulgación quien ofrecerá los contornos de su actuación. Tanto a disposición de la instrucción se encuentra el querellado como el querellante”, sostenía el auto. “Puede, sin duda, servir para constatar tales circunstancias, particularmente su incidencia en el plan personal”, remachaba. Y eso llevó al instructor a citar a Alberto González Amador como testigo.
Miguel Ángel Rodríguez reconoció ante el juez que filtró el correo del fiscal
Hace cuatro meses, quien declaró como testigo fue Miguel Ángel Rodríguez (MAR), el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Expuso que a las 22.27 horas del 13 de marzo envió el correo en el que el abogado de Alberto González Amador reconocía los dos delitos a un chat con periodistas como reacción a una noticia de La Sexta, publicada a las 22.10 horas de aquel día, que indicaba que realmente fue la defensa quien buscó el pacto con Fiscalía. Previamente, a las 21.29 horas, El Mundo había explicado el relato al revés y había asegurado que la Fiscalía había ofrecido un pacto a Alberto González Amador. El fiscal general del Estado recibió el correo a las 21.59 h.
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MAR difundió el correo del fiscal Julián Salto del 12 de marzo en el que reconocía que el hecho de haber denunciado a otras personas “no será obstáculo para poder llegar a un acuerdo”. Ahora bien, no compartió el correo del 2 de febrero, que es al que accedieron algunos medios el 13 de marzo por la noche y que ha dado lugar a la investigación contra el fiscal general del Estado. Después de declarar como testigo, MAR alegó delante de los periodistas que no tenía conocimiento del correo del 2 de febrero, pero uno de los mensajes de WhatsApp que aportó en el Supremo lo contradecía: el 12 de marzo a las nueve de la mañana, Alberto Gónzalez Amador le reenvió un mensaje en el que su abogado mantenía su voluntad de que “solo haya un condenado” y una “multa mínima”.