Alberto González Amador irá a juicio. La jueza Carmen Rodríguez Medel, sustituta del Juzgado de Instrucción Número 19 de Madrid y cogiendo el relevo de Inmaculada Iglesias, que lo procesó hace cuatro meses, ha ordenado la apertura de juicio contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, según ha adelantado la Cadena SER y confirman fuentes jurídicas. Está acusado de dos delitos de fraude fiscal, un delito continuado contable y otro de pertenencia a organización criminal. Se trata de la pieza principal, que lo investigaba por un fraude a Hacienda de 350.951 euros relativos al Impuesto de Sociedades en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021 a través del falseamiento de dieciséis facturas. A finales de febrero, Alberto González Amador se acogió a su derecho a no declarar ante la jueza.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado (que defiende el interés de Hacienda) piden tres años, nueve meses y un día de prisión para él y multas de 623.000 euros y 448.000 euros, respectivamente. Por su parte, el PSOE y Más Madrid (que ejercen de acusación popular y fueron expulsados de la pieza relativa al fraude fiscal, pero mantuvieron la acusación por los otros delitos) solicitan una pena de cinco años de prisión, la inhabilitación para gestionar y administrar empresas mientras dure la condena y una multa de 27.000 euros. En paralelo, Alberto González Amador continúa imputado por corrupción en los negocios y administración desleal en otra pieza por sus negocios con Quiron.
“Gastos ficticios basados en facturas emitidas por varias sociedades”
El caso se remonta a una denuncia de la Fiscalía que se basaba en un informe de la Agencia Tributaria sobre la empresa Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medio Ambiente que detectó unos “gastos ficticios basados en facturas emitidas por varias sociedades”. “Gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados, con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de lo que le correspondía abonar”, sostenía la denuncia del fiscal. En relación con el delito de falsedad en documento mercantil, señalaba que se habían aportado unas facturas con la finalidad de “minorar la cuota tributaria a satisfacer”.
Una confesión que ha acabado con el fiscal general del Estado en el banquillo de los acusados
“Ciertamente, se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”, reconoció el 2 de febrero al abogado Carlos Neira en un correo electrónico que envió a la Fiscalía de Delitos Económico. Semanas más tarde, este mensaje llegó a los medios de comunicación y, siete meses más tarde, el Supremo abrió una causa contra el fiscal general del Estado por su presunta filtración. Álvaro García Ortiz, que siempre ha insistido en su inocencia, será juzgado por estos hechos antes de acabar el año acusado de un delito de revelación de secretos.