Este sábado fue Jordi Turull quien elevaba el tono contra Podemos por su oposición "catalanófoba y anticatalanista" a delegar a la Generalitat las competencias en inmigración. Y este lunes ha sido la formación morada quien ha hecho lo mismo con el secretario general de Junts per Catalunya. Pablo Fernández, portavoz del partido de Ione Belarra e Irene Montero, ha asegurado que es "infame, una estupidez y una absoluta gilipollez" que se les acuse en estos términos, después de haber sido "el único partido español" que visitó a los presos políticos en los centros penitenciarios y que se opuso a la aplicación del 155 en 2017. "A este personaje se le tendría que caer la cara de vergüenza", ha manifestado en rueda de prensa. También el exlíder de este partido, Pablo Iglesias, ha mandado a los independentistas "a la mierda".

 

A pesar de haber disparado de esta manera contra el dirigente de Junts, el portavoz de Podemos sí que ha abierto esta vez una pequeñísima rendija a un posible acuerdo para delegar las competencias en inmigración a la Generalitat. Ha afirmado que "hace falta aprobar leyes para cerrar los CIE, regularizar al medio millón de personas que se encuentran en situación administrativa irregular, derogar la ley de extranjería, prohibir por ley las redadas basadas en el perfil étnico y las devoluciones en caliente, y erradicar el racismo institucional". "Y después" de aprobarse todo este paquete de medidas antirracistas, "ya hablaremos de traspaso de competencias o de todo lo que quieran; pero hoy Podemos votará radicalmente en contra", ha sentenciado.

Se ha pronunciado en términos similares este lunes Pablo Iglesias, que en la tertulia de RNE ha reaccionado a las declaraciones de Turull. "Que los que ahora están compitiendo con los fascistas de Aliança Catalana y con propuestas abiertamente racistas nos digan que no ser pujolista es ser catalanófobo y cuando además en su partido hay posiciones prosionistas contrarias a los derechos humanos, pues con todo afecto y respeto, pueden irse un poquito a la mierda", ha expresado. El exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos ha recordado que él mismo visitó en prisión a Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Oriol Junqueras, y que mantuvo interlocución con el president en el exilio Carles Puigdemont. Todo, en un momento en el que se te crucificaba por defender estas posturas, además de defender el derecho de autodeterminación de Catalunya y la negativa a aplicar el 155.

El PSOE insiste que cumple sus acuerdos y deja entrever un posible Plan B

Posteriormente, en otra rueda de prensa, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha insistido que los socialistas "cumplen" sus pactos con los socios y "sudan la camiseta" para conseguir que se hagan realidad. "Pero no se nos puede cargar la responsabilidad de qué votan el resto de partidos porque cada formación escoge qué vota", ha defendido. También ha dejado entrever que las dos formaciones que presentaron esta proposición en el Congreso tengan preparado un Plan B si este martes la cámara baja tumba la iniciativa. "Veremos qué pasa y entonces podremos avanzarles o no algo más", ha afirmado ante los periodistas. Fuentes socialistas no confirman ni desmienten que se esté preparando esta posible alternativa.

Este martes se votará en el Congreso de los Diputados la proposición de ley pactada entre Junts per Catalunya y el PSOE para delegar a la Generalitat las competencias en inmigración. Los votos de Podemos son imprescindibles y, por lo tanto, hoy por hoy la iniciativa está perdida. Hace meses que Podemos denuncia que en la exposición de la ley se señala la inmigración como un riesgo para la convivencia y la cohesión social. El texto, sin embargo, apunta que es responsabilidad de los gobiernos "evitar posibles efectos" de la inmigración que "pudieran representar un riesgo". Y de hecho se señala que los "riesgos" están "alimentados por la desinformación y los bulos que pueden aprovechar las ideologías radicales de distinto signo que buscan erosionar los valores sobre los que se ha fundado el modelo de paz, prosperidad y libertades que ha conocido Europa; un radicalismo que comprende desde la xenofobia y el racismo hasta el integrismo religioso y el terrorismo, fenómenos ante los cuales la democracia tiene que reaccionar y actuar sin tapujos".

Ante la lectura interesada del contenido de la ley que hace Podemos, el Gobierno insta a la formación a leer correctamente su contenido y a tener en cuenta que la norma no le entrega las competencias a un partido político, sino a una Generalitat, que, además, en estos momentos está gobernada por el PSC con el apoyo externo de ERC y los Comuns. "Se trata de un paso adelante para que una autonomía, como administración más próxima, puede decir mucho para dar un mejor servicio y una política más eficaz", ha defendido en rueda de prensa la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Sin diálogo entre ambas partes

La semana pasada, fuentes de Junts per Catalunya explicaban que hace tiempo que los independentistas quieren reunirse con Podemos para negociar esta carpeta, pero que la formación de Belarra y Montero no se ha sentado todavía con ellos. Así lo ha confirmado este lunes Fernández, que ha afirmado que "no ha habido ninguna negociación ni interlocución" en los últimos días ni con el PSOE ni con los independentistas.