A las puertas del juicio contra el president Jordi Pujol -si finalmente no es eximido por su estado de salud- y su familia por su fortuna en Andorra, vamos a la raíz de este caso, que las defensas han tildado de "operación ilícita" de un grupo de policías contra rivales del PP, en aquel caso, CiU. La investigación penal contra la familia Pujol Ferrusola se inició oficialmente hace 13 años, en diciembre de 2012, en la Audiencia Nacional. Ilegalmente, se inició hace 15 años, después de confirmarse que el 126º president de la Generalitat fue investigado de forma ilegal por un grupo de policías españoles, en la conocida como operación Catalunya, bajo el gobierno español del PP con Mariano Rajoy, presidente desde diciembre de 2011. ElNacional.cat lo ha recopilado en Todos los documentos de la operación Catalunya.
¿Cuál es la prueba clave de esta persecución política? Los audios grabados y hechos públicos por el comisario de la policía española jubilado José Manuel Villarejo -integrante de la denominada policía patriótica del PP y condenado por investigar a empresarios en algunas piezas del caso Tándem- han permitido encajar las piezas de este puzle, que -por ahora- no ha tenido ningún castigo político ni judicial. Al contrario, la familia Pujol Ferrusola será juzgada por asociación ilícita y blanqueo de capitales y por delito fiscal a partir del próximo 24 de noviembre, a pesar de las irregularidades del procedimiento.
La lista negra de Sánchez-Camacho
El origen del caso es la comida que la entonces presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, mantuvo con la expareja de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, Vicky, en el restaurante La Camarga de Barcelona, el 7 de julio de 2010, donde le explicó que el hijo mayor de Pujol subía bolsas de dinero a Andorra, y que tenía negocios en el extranjero. Esta conversación se mantuvo secreta hasta que, en 2015, fue filtrada por un diario. Sánchez-Camacho aseguró que se había malinterpretado su conversación en la comparecencia en la comisión del Parlament, de 2017. No obstante, recientemente salió una conversación de la popular con el comisario Villarejo, fechada en noviembre de 2012, donde ella le hace una lista negra de políticos a espiar, como el president Artur Mas o el exconseller de Junts Jaume Giró, cuando entonces no tenía ningún cargo público y era responsable de La Caixa. Mas ha interpuesto una querella por el espionaje sufrido al recopilar más pruebas, y ahora está en la Audiencia Nacional.
Sánchez-Camacho, acorralada por Junts y ERC en la nueva comisión de la operación Catalunya, en este caso en el Congreso de los Diputados, ha asegurado que estos audios no tienen ninguna validez legal. Y por ahora, ha salido bien parada. Ningún juzgado español ha querido investigar las querellas contra ella y dirigentes del PP, y su testimonio ha sido descartado en el juicio contra los Pujol, como también los agentes y responsables de la policía patriótica. A pesar de que también salieron audios de una conversación entre María Dolores de Cospedal, exsecretaria general del PP, y el excomisario José Manuel Villarejo en la que ambos alaban el papel que jugó Sánchez Camacho para conseguir que CiU perdiera doce escaños en las elecciones catalanas de 2012.
Dos testigos espurios
El siguiente paso fue judicializar la causa contra los Pujol. Con los audios, Villarejo ha revelado que Vicky Álvarez y el empresario catalán Javier de la Rosa -reconocido hasta que fue investigado por el caso Tibidabo y el caso KIO- han cobrado de los fondos reservados del Estado por haber dado pistas contra la familia Pujol. Podrían haber más. Ambos presentaron denuncias que recayeron en el juzgado central de instrucción 5 de la Audiencia Nacional. Para depurar estos testimonios espurios, la Fiscalía Anticorrupción, en su escrito de acusación, aclara que a raíz de estas denuncias se realizaron comprobaciones sobre los negocios y las declaraciones a Hacienda de Jordi Pujol Ferrusola. Las denuncias se redondean con dos informes, a finales de diciembre de 2012, de la entonces temida Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía española, desacreditada por este grupo de policías, con vínculos al gobierno español del PP.
Presiones a la banca andorrana i la 'deixa'
La investigación prospectiva e ilícita contra los Pujol continúa -todo y existir una causa penal abierta- y las presiones de la policía patriótica del PP se trasladan a la banca andorrana, tal como se recoge en la querella presentada por los titulares de la Banca Privada d’Andorra (BPA) y el Institut de Drets Humans de Andorra (IDHA) y la entidad catalana Drets, ahora reactivada por la magistrada. El exCEO de la desaparecida BPA y su filial, Banco Madrid, Joan Pau Miquel, certificó en la comisión del Congreso de los Diputados las coacciones recibidas. Los hermanos Cierco, Higinio y Ramón, titulares de la BPA, también lo harán en el juicio, en la Audiencia Nacional.
Las presiones dan frutos: El Mundo publica el 7 de julio de 2014 los movimientos de cuentas del traspaso inicial desde el banco Andbank al BPA por diferentes miembros de la familia Pujol Ferrusola. Esta revelación provoca que el 27 de julio Jordi Pujol i Soley emita un comunicado en el que confirma la existencia de un legado de su padre a favor de su esposa e hijos, situado en el extranjero, la deixa. La confesión conmociona a la sociedad catalana, y desata un terremoto político de largo alcance, pero, al mismo tiempo, valida y blanquea todas las acciones ilegales de la policía patriótica. Pujol, su mujer y sus siete hijos son investigados por un juzgado de Barcelona, que los citó a declarar por el dinero en Andorra no declarado a Hacienda -y después regularizados- hasta que el juez que investigaba al primogénito en la Audiencia Nacional desde el 2012 asumió-o la causa contra toda la familia.
¿Herencia o corrupción?
Quince años después, llega el juicio a la familia Pujol Ferrusola. La Fiscalía Anticorrupción acusa a Pujol y a su familia de crear “una red clientelar” para cobrar comisiones de una decena de empresarios, también investigados, a pesar de que no ha evidenciado ninguna intervención del president, que dejó el cargo en 2023. La Abogacía del Estado, que no acusa al president Pujol, sostiene que la familia “tuvo grandes cantidades de dinero ocultas a Hacienda y sin tributar”, y que la dirección de todo corría a cargo del hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, y su madre, Marta Ferrusola, eximida de la causa en 2021 por enfermedad y que falleció en 2024.
Por el contrario, la defensa de los Pujol reitera que el dinero escondido en Andorra es de una herencia del abuelo Florenci, que dejó a Ferrusola y sus siete hijos por si iban mal dadas políticamente. En 1992 lo saben todos los hijos y el primogénito gestiona los fondos unificados. Según la defensa, el legado son 140 millones de pesetas en dólares del año 1980, que se beneficiaron de tres devaluaciones de la peseta y “una galopante inflación”. Añade que el primogénito gestionó títulos y dinero por valor de 500 millones de pesetas, ya que en el período entre los años 1990 y el año 2000, solo por intereses en operaciones ordinarias “se obtenían rendimientos del 10%”. Finalmente, los siete hijos y la madre (excluido el presidente) obtuvieron cada uno 126.000.000 de pesetas.
Para aclararlo todo, la Audiencia Nacional celebrará el juicio por la fortuna oculta de los Pujol en Andorra, a partir del próximo lunes, y las acusaciones deberán demostrar su origen ilícito. Es un caso con cifras macro: 19 acusados, 254 testigos aceptados, repartidos en 41 sesiones, hasta el 14 de mayo de 2026, aparte del gran volumen de tomos y documental, acumulados en esta última década.