Los hechos relatados por el president Artur Mas en su querella contra dirigentes policiales y del PP por ordenar espiarlo, con el software Pegasus, y desprestigiarlo en las acciones de la operación Catalunya van más allá de un delito contra la intimidad, y “se podría afectar la forma de gobierno de Catalunya”; y el Govern de la Generalitat, como alto órgano del Estado, es competencia de la Audiencia Nacional. Este es el razonamiento de la Audiencia de Barcelona para rechazar el recurso presentado por el abogado de Mas, Jordi Pina, contra la negativa del titular del juzgado de instrucción 31 de Barcelona para admitir su querella al declararse no competente. Ahora, la sección 3ª de la Audiencia de Barcelona, comparte el mismo razonamiento del fiscal y del juez, e invita a Mas a presentar la querella en los juzgados centrales de la Audiencia Nacional ante la mayor gravedad de los posibles delitos, según la resolución a la que ha tenido acceso ElNacional.cat este martes. Pina no ha perdido el tiempo y ya ha presentado la querella en los juzgados centrales de Madrid, contra exdirigentes del Partido Popular (PP), del CNI y de NSO, la empresa titular de Pegasus.
En la interlocutoria, el tribunal -formado por las magistradas Mª Carmen Martínez, Carmen Guil, que es la ponente, y Mª Isabel Cámara- razona que los hechos denunciados por Mas va más allá de las infecciones con Pegasus sufridas por políticos catalanes, como es el caso del entonces president Pere Aragonès, que investigan diferentes juzgados de Barcelona. “El objetivo no sería sólo vulnerar los derechos a la intimidad y a la propia imagen de quien ocupaba el cargo de president de la Generalitat en aquellos momentos, sino incidir en un cambio de gobierno, propiciar los resultados electorales para que CiU perdiera su mayoría absoluta. En palabras de la misma querella: utilizando los aparatos del Estado e integrando miembros del Gobierno y del CNP una organización criminal con aquella finalidad”.
El tribunal añade que “estas conductas que se atribuyen a los querellados afectarían, pues, a la forma de gobierno de la Generalitat de Catalunya y, por lo tanto, entrarían en el ámbito de la Audiencia Nacional, “donde el querellante puede interponer su querella sin limitación de su derecho a la tutela judicial efectiva”.
La operación Catalunya contra CDC
En la querella se relata que se quiso desprestigiar a políticos de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), “para que este partido perdiera fuerza electoral en las elecciones democráticas”. Acusaciones que se atribuyen a la entonces secretaria general del PP, Maria Dolores de Cospedal; el ministro del Interior, Jorge Fernández Diaz; el secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, y los comisarios Eugenio Pino, José Manuel Villarejo, Marcelino Martín-Blas, Antonio Gimenez Raso.
Por ahora, sin embargo, ningún tribunal español ha querido investigar a la policía patriótica del PP, como es el caso del exconseller Jaume Giró. Sin embargo, el comisario Villarejo ha viajado a Andorra este martes para declarar como testigo en la causa de la operación Catalunya andorrana, donde está imputado el expresidente español Mariano Rajoy.
El tribunal expone que “no existen dudas sobre que el hecho de que el president de la Generalitat es un alto órgano del Estado, compuesto no solo por los órganos de Gobierno central, sino también los autonómicos". Añade que la posible afectación de una forma de gobierno es la que le hace competente a la Audiencia Nacional, como el precedente de las protestas del caso Aturem el Parlament, instruido y juzgado en la Audiencia Nacional.
Un largo listado de delitos
En la querella se incluye un amplio listado de delitos: organización criminal, falsedad documental, malversación de fondos públicos, descubrimiento y revelación de secretos, y otros delitos contra los derechos fundamentales y libertades públicas, haciendo referencia a los delitos de odio porque "se usó información ilegítima o falsa con la finalidad de desacreditar y menospreciar al president Mas y otros dirigentes del movimiento independentista catalán". Ahora se puede añadir el delito contra las instituciones del Estado.