La jueza de Andorra ya ha enviado al juzgado de instrucción 32 de Madrid la Comisión Rogatoria Internacional (CRI) para que comunique al expresidente del Gobierno del PP, Mariano Rajoy, y a los exministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz que continúan teniendo una causa penal en el Principado: la querella presentada contra ellos por los hermanos Cierco, dueños de Banca Privada de Andorra (BPA) y del Instituto de Derechos Humanos de Andorra, con la entidad catalana Drets, por haber coaccionado a los titulares de este banco -cerrado por esta injerencia política, como su filial Banco Madrid- y al gobierno andorrano entre los años 2014 y 2015, en el marco de la llamada operación Catalunya. El objetivo era saber si políticos catalanes, como Jordi Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras, tenían cuentas bancarias y por ello se les acusa de los delitos de falsificación documental y de coacciones de órganos constitucionales (castigado hasta 10 años de prisión).

La jueza insiste en pedir este auxilio judicial, después de que la justicia española rechazara esta colaboración, en julio de 2024, por un defecto de forma: no detallar las imputaciones. Ahora la jueza de la Sección de Instrucción Especializada 2 de Andorra, Stéphanie Garcia, detalla las imputaciones, según la resolución fechada el octubre pasado y a la que ha tenido acceso ElNacional.cat este miércoles.

Precisamente, el comisario jubilado José Manuel Villarejo declaró este martes como testigo ante la jueza de Andorra y aseguró que la actuación policial, en la que él participó con agentes del CNI, era conocida y ordenada por la Moncloa para controlar a los políticos rivales, especialmente en Catalunya. Es decir, corrobora la implicación del Gobierno de Rajoy.

Coacciones al gobierno andorrano

En el relato de hechos, la jueza expone: “Mariano Rajoy junto con Cristóbal Montoro se habría reunido durante la visita al Principado con el jefe de Gobierno con el objetivo de coordinar la operación BPA/Banco Madrid con la esperanza de encontrar las cuentas bancarias de los políticos catalanes independentistas.” Y añade: “Los querellantes manifiestan que durante esta reunión, Rajoy habría utilizado y esgrimido la información financiera falsa enviada al FinCEN a los efectos de intimidar o influir a las autoridades andorranas para que intervinieran y liquidaran la entidad BPA, ya que en caso contrario toda la plaza bancaria andorrana quedaría afectada y bloqueada.” La amenaza se cumplió y el diario El Mundo publicó el pantallazo de cuentas de miembros de la familia Pujol.

Con todo, la jueza “remarca” que el objetivo de la presente comisión rogatoria internacional “es informar a las personas interesadas de que las mismas son investigadas en el marco de la causa 9000043/2020, así como darles traslado de las querellas interpuestas para que puedan ejercer su derecho a la defensa, y avanzar la instrucción de las presentes diligencias previas”. Una vez comunicada, les da quince días para que se personen con abogado o se les designará uno de oficio, como ya tienen una parte de los policías españoles imputados.

La querella de la familia Pujol

Además de los políticos, la nueva CRI se dirige a Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Interior; y a los comisarios de la policía patriótica Ignacio Cosidó, Eugenio Pino y Bonifacio Díez Sevillano por los delitos de coacciones, amenazas, chantaje y extorsión. El resto de investigados son los policías Celestino Barroso, que habría reclamado información reservada de datos bancarios a Higini Cierco, junto con Marcelino Martín Blas (que se hacía llamar “Felix”), y Díez. Por ahora, solo ha declarado Martín Blas desde España en 2018, mientras el Gobierno protege a Díez al asegurar que actuó como diplomático.

Finalmente, la jueza de Andorra pide que se dé traslado a Bonifacio Díez de la querella que el 28 de septiembre de 2017 fue interpuesta por Jordi Pujol Ferrusola y sus hermanos contra él, y que se incorpora a la causa principal.