Este domingo el Govern de Salvador Illa ha anunciado una carta dirigida a los alcaldes de toda Catalunya invitándolos a adherirse al Pacte Nacional per la Llengua e instándolos a tomar partido organizando actividades para promover el uso social del catalán en el ámbito local. Desde Junts per Catalunya no han tardado en reaccionar y han replicado de manera crítica a la iniciativa, aseverando que antes de pedir nada a los ayuntamientos, el Govern "tendría que cumplirlo". Así lo ha lanzado la vicepresidenta y portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, quien ha reprochado al Ejecutivo de Illa que tendría que "recoger directamente y actuar" ante las 450 quejas que ha recibido Plataforma per la Llengua por presuntas vulneraciones de los derechos lingüísticos. También ha instado a crear la Oficina de la Generalitat encargada de gestionarlo.
Los juntaires han afeado que el Govern de Illa "pregunta en los ayuntamientos qué hacen por la lengua" mientras que, contraponen, él afirmó que cuando le hablan en castellano en Catalunya contesta en castellano —unas declaraciones que hizo durante la última campaña electoral a las elecciones catalanas—, cosa que los de Carles Puigdemont han reprochado como una supuesta incoherencia. "No preguntes a los ayuntamientos qué hacen por la lengua. Pregúntate qué haces tú", disparan en un tuit. "Lo que no podéis hacer es responsabilizar en los ayuntamientos de aquello que el president Illa ni el Govern ni el Ayuntamiento de Barcelona hace (cumplimiento de cláusulas lingüísticas, mantener el catalán, activar oficina derechos lingüísticos...)", ha apuntado por su parte el senador juntaire Francesc Ten.
En un sentido similar se ha pronunciado la teniente de alcalde en Girona y exconsellera de Recerca i Universitats Gemma Geis, quien ha aseverado en un tuit que aplicar el Pacte Nacional per la Llengua y el Pla d’enfortiment de la llengua catalana en el sistema universitari i de recerca de Catalunya del 2022 requiere "confrontación para defender los derechos lingüísticos". "La consellera Paneque ya ha dicho que el Govern la rehuirá", ha puntualizado. Un apunte que remite a la polémica que estuvo la semana pasada con los casos de discriminación lingüística contra el catalán en una heladería en el barrio de Gràcia, por lo cual el local fue vandalizado. Preguntada por el caso, la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, afirmó en la rueda de prensa posterior al primer Consejo Ejecutivo de este curso político que "no comparte actuaciones de fuerza". Unas declaraciones que desde el independentismo se criticó como inacción.
Vila insta a los ayuntamientos a "sumar esfuerzos"
El Govern de Salvador Illa ha hecho llegar esta semana una carta a todos los alcaldes y alcaldesas de Catalunya para instarlos a adherirse al Pacte Nacional per la Llengua. Una misiva que ha presentado el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, y que incluye también una propuesta de moción para que los plenos municipales puedan aprobar formalmente la incorporación al Pacte y desplegar nuevas políticas relativas a la lengua en el ámbito local a fin de que "sumen sus voces y sus esfuerzos en este proyecto colectivo que es el refuerzo de la lengua catalana".
El actual Pacte Nacional per la Llengua se firmó en mayo, estableciendo una hoja de ruta relativa al catalán hasta el 2030 y marcando el presupuesto mínimo anual de 200 millones para la política lingüística, con el objetivo final de aumentar el uso social del catalán. Sin embargo, el Pacte nació cojo por la ausencia del segundo partido de Catalunya en el Parlament, Junts. Los de Carles Puigdemont pidieron "esperar" antes de firmar que saliera la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el 25% de castellano y a conseguir o no definitivamente la oficialidad del catalán en Europa, y el mismo líder juntaire cuestionó si se salió adelante por "un titular de diario" o un "blanqueamiento del Govern". "Es evidente que la realidad es diferente si hay una sentencia contraria o favorable y que nos hace falta saber como lo afrontará el Govern y si acatará la sentencia y se refugiará en un pacto nacional que no contempla un pacto de país contra la injerencia en la escuela", justificó, por su parte, a Mònica Sales.