El Govern de Salvador Illa ha hecho llegar esta semana una carta a todos los alcaldes y alcaldesas de Catalunya para instarlos a adherirse al Pacte Nacional per la Llengua. Una misiva que ha presentado el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, y que incluye también una propuesta de moción para que los plenos municipales puedan aprobar formalmente la incorporación al Pacte y desplegar nuevas políticas relativas a la lengua en el ámbito local con el fin de que "sumen sus voces y sus esfuerzos en este proyecto colectivo que es el refuerzo de la lengua catalana". En este sentido, Vila señala que los ayuntamientos son la administración "más próxima a la ciudadanía" y que por este motivo "tienen una gran capacidad de incidir en la promoción y el fomento de la lengua" en áreas como la infancia, la inmigración, los deportes o la tercera edad.

Los consellers de la Presidència, Albert Dalmau, y de Política Lingüística esperan que los ayuntamientos "firmen la moción" adjunta a la carta y que a partir de aquí se doten de los instrumentos necesarios para hacer política lingüística "con mirada municipal". "Por ejemplo, a través de programas, proyectos o mesas (...) lo que queremos en realidad es acercar la lengua a la ciudadanía desde los ayuntamientos y hacerla accesible para poder usarla en todos los ámbitos", concreta Villa. Dalmau, por su parte, destaca que la Generalitat quiere que los municipios "se sientan protagonistas en el impulso del catalán". "Por eso les hacemos llegar no solo la invitación formal, sino también la propuesta de moción", añade.

La propuesta de resolución que se adjunta con la carta recuerda que la lengua catalana es la "columna vertebral" de Catalunya y que, a pesar de disponer de un marco legal sólido y de un tejido institucional y social comprometido, no ha alcanzado todavía una oficialidad plena y efectiva en todos los ámbitos de la sociedad, y su situación actual es "diversa, compleja y delicada". En este contexto, el documento recuerda que la política lingüística municipal juega un papel "clave e insustituible" y que hace falta seguir reforzando los instrumentos existentes y ampliar el alcance de las políticas lingüísticas con una perspectiva "renovada y comprometida". Entre las pautas a seguir, se pide elaborar un plan municipal de impulso del catalán para esta legislatura, crear una mesa local por la lengua, garantizar que el personal de administración pública y el subcontratado tenga conocimiento adecuado de catalán, o asegurar que se incluyen cláusulas lingüísticas en la contratación administrativa, entre otros.

Un pacto amplio, pero que nace cojo

El actual Pacte Nacional per la Llengua se firmó en mayo, estableciendo una hoja de ruta relativa al catalán hasta 2030 y marcando el presupuesto mínimo anual de 200 millones para la política lingüística, con el objetivo final de aumentar el uso social del catalán. Sin embargo, el Pacte nació cojo por varias ausencias, a pesar de la intención del Govern de Illa de que fuera un paraguas amplio y plural "para que todo el mundo se sienta cómodo". En el ámbito de la política dieron apoyo el PSC, Esquerra Republicana y los Comuns, si bien no consiguieron el apoyo de Junts, del PP —el segundo y el cuarto partido de Catalunya en escaños parlamentarios, respectivamente— ni de la CUP. Sí que firmaron Plataforma per la Llengua, el Institut d’Estudis Catalans o Òmnium Cultural y otras entidades de la sociedad civil y sindicatos como CCOO, UGT o la Intersindical, mientras que la ANC de Lluís Llach se desmarcó aseverando que era "insuficiente" y que no se había contado con ellos.

Los de Carles Puigdemont pidieron "esperar" antes de firmar que saliera la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el 25% de castellano y a conseguir o no definitivamente la oficialidad del catalán en Europa, y el mismo líder juntaire cuestionó si se sacó adelante por "un titular de diario" o un "blanqueamiento del Govern". "Es evidente que la realidad es diferente si hay una sentencia contraria o favorable y que es necesario saber como lo afrontará el Govern y si acatará la sentencia y se refugiará en un pacto nacional que no contempla un pacto de país contra la injerencia en la escuela", justificó, por su parte, a la portavoz Mònica Sales. Desde la CUP, la ya exdiputada Laia Estrada valoró que el Pacte "nace sin ambición" y es "una herramienta de propaganda al servicio del PSC".

El Govern insta a Junts y el PP a sumarse

Dadas estas ausencias, el presidente Illa ha lamentado este mismo inicio de agosto que unos deberes pendientes de su primer año de mandato es conseguir que el Pacte Nacional per la Llengua sea más amplio. En este sentido, ha vuelto a invitar a los partidos que quedaron fuera, y se ha referido explícitamente al PP. "Solo si estamos todos y hacemos frente común en la defensa del catalán saldremos adelante", ha dicho, añadiendo que trabajará para conseguirlo. Pocos días después, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, incidió en el hecho de que "le gustaría que Junts no se autoexcluyera, porque el Ejecutivo "siempre alarga la mano". "Un partido que aspira a ser estable y serio no se puede excluir en cuestiones tan importantes. No beneficia a nadie", criticó.