El PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNB y Podemos han aprobado este martes la ponencia de la proposición de ley de regulación de los contratos de alquiler de temporada y el alquiler de habitaciones, que ahora pasará al debate en comisión antes de poder ir al pleno. El Sindicat de Llogateres, que según fuentes del PSOE ha participado en el diálogo para hacer posible el texto de esta ponencia, ha celebrado la consecución del acuerdo mediante una publicación en sus redes sociales: “A punto de acabar con el fraude de los alquileres de temporada”, indica la portada del carrusel, que describe como “estafa” la situación actual de la regulación, de la que los contratos de temporada y las habitaciones quedan fuera del tope. El acuerdo anunciado este martes, sin embargo, no cuenta, de momento, con el aval de Junts, socio indispensable para que la ley supere la tramitación en la cámara baja con su apoyo. Desde el PSOE sostienen que la ley debe suponer “un paso fundamental” en vivienda, y “confían” en que finalmente el resto de grupos que hoy no le dan apoyo “prioricen el interés general”.

 

Este martes se ha votado a favor del informe de la ponencia de la propuesta de ley, un texto impulsado por sindicatos de vivienda del estado español, incluido el Sindicat de Llogateres catalán, que llevaba meses bloqueado en este punto del proceso legislativo que ahora ha superado. Según el Sindicat de Llogateres, la propuesta plantea modificar de manera quirúrgica algunos artículos de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), con el objetivo de “poner fin al fraude masivo que se está produciendo para saltarse la regulación: el límite de precios se aplicará también a los contratos de temporada y de habitaciones”. La ley introducirá una definición de los alquileres temporales y de habitaciones y establecerá que los de temporada solo se utilicen para estancias temporales, de entre 31 días y menos de un año de duración. Este hecho implica que los alquileres de los pisos turísticos no podrán superar los 31 días.

El tope se aplicará al alquiler temporal y de habitaciones

El texto acordado de la ley prevé establecer topes de precios o medidas de contención de rentas en las zonas tensionadas para el alquiler temporal y el alquiler de habitaciones. Además, fijará que no se pueden repercutir los tributos a los inquilinos, y que la fianza no podrá superar una mensualidad en los contratos de corta duración ni dos meses en los de larga duración. En las enmiendas introducidas al articulado inicial, Junts se oponía a que la proposición de ley entrara en la regulación de los alquileres de habitaciones, ya que consideran que choca con las competencias de Cataluña en materia del Código Civil y que debería ser el Parlament de Catalunya el que legislase sobre esta regulación. Según el Sindicato de Llogateres, la propuesta plantea modificar de manera quirúrgica algunos artículos de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), con el objetivo de “poner fin al fraude masivo que se está produciendo para saltarse la regulación: el límite de precios se aplicará también a los contratos de temporada y de habitaciones”.

La normativa acordada también afectaría otros “agujeros” de la LAU y de la ley de vivienda aprobada en 2023 como, por ejemplo: la prohibición del cobro del IBI o los seguros de impago a los inquilinos; la eliminación de las indemnizaciones por abandonar una vivienda antes de la finalización del contrato; la prohibición de cobrar por hacer visitas a los pisos antes de alquilarlos o permitir al inquilino hacer reparaciones y repercutirlas al alquiler cuando el arrendador no cumpla con sus obligaciones. La norma resta pendiente de su aprobación en comisión y en el pleno, así como de su tramitación en el Senado para poder convertirse en ley y ser efectiva, y para que todo esto ocurra será necesario el voto favorable de Junts, que la semana pasada anunciaba la ruptura de las relaciones con el PSOE y de su apoyo parlamentario al gobierno español.