El Parlament de Catalunya tenía que votar este miércoles la regulación del alquiler de temporada, a propuesta del PSC, ERC y los Comunes, que ya suman los 68 diputados de la mayoría absoluta para que salga adelante. Sin embargo, la votación no se producirá después de que Junts per Catalunya y el Partido Popular hayan pedido un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias sobre la adecuación de la norma al Estatuto o a la Constitución. Ahora, el Consell de Garanties Estatutàries tiene un mes para pronunciarse y, mientras tanto, la tramitación de esta ley queda suspendida, aunque después la resolución de este órgano no sea vinculante.
Junts cuestiona la forma
Los motivos para pedir un dictamen por parte de los dos partidos son muy diferentes. Según la portavoz parlamentaria de Junts per Catalunya en el Parlament, Mònica Sales, el partido de Carles Puigdemont "no cuestiona la necesidad de regular los alquileres de temporada ni de evitar los abusos, pero sí la forma en que el Govern y sus socios de ERC y Comuns, con la colaboración de la CUP, lo han hecho". Los de Junts aseguran que los partidos de izquierda vetaron las comparecencias de las principales asociaciones del mundo local, haciendo referencia a la Associació Catalana de Municipis y la Federació de Municipis de Catalunya. "Solo les dejaron hacer aportaciones por escrito", ha denunciado Mònica Sales en una rueda de prensa este martes.
La dirigente de Junts también ha querido denunciar que tanto PSC, como ERC, Comuns y CUP han incorporado "nuevas cuestiones", haciendo referencia al alquiler de temporada y el arrendamiento de habitaciones, a través de enmiendas. "Lo han hecho sin posibilidad de que los otros grupos puedan hacer aportaciones", ha denunciado Mònica Sales, que considera que se ha vulnerado el derecho de participación de los diputados. La también vicepresidenta de Junts ha explicado que los cuatro partidos han acordado crear nuevos tipos de contratos a partir de una ley ordinaria, cuando esto, asegura, debería hacerse con una modificación del Código Civil catalán. Y, finalmente, ha puesto de relieve que han introducido efectos retroactivos que pueden restringir derechos individuales y crear inseguridad jurídica, tanto para propietarios como para arrendatarios.
El PP considera la ley "antiestatutaria y anticonstitucional"
Por su parte, el Partido Popular catalán considera que esta ley es "antiestatutaria y anticonstitucional". "Tenemos el convencimiento de que esta ley no se puede aprobar en el Parlament, porque todo lo que salga de los Comuns está abocado al fracaso", ha criticado el portavoz del grupo parlamentario, Juan Fernández, en rueda de prensa desde el Parlament. Asimismo, el dirigente popular ha acusado a las izquierdas de "destrozar el mercado de la vivienda" y ha pedido al Govern que "no haga caso" a una medida que ha presentado este martes los Comuns para prohibir la compra especulativa de vivienda.
PSC, ERC, Comuns y la CUP cargan contra Junts y PP
La reacción de Junts y PP ha enfurecido al PSC, ERC, Comuns y la CUP. Mientras los socialistas confían en que el Consell de Garanties Estatutàries avalará la ley para regular el alquiler de temporada y de habitaciones y que "antes de que acabe este 2025 el proyecto de ley será llevado al pleno y aprobado", mientras que los Comuns aseguran que "durante un mes más, aquellos que están cometiendo fraude de ley y haciendo negocio con el derecho a la vivienda continúen haciéndolo". La CUP, por su parte, considera una "pérdida de tiempo" que los dos partidos lleven esta ley al Consell de Garanties Estatutàries. "Solo es una maniobra para despistar y para dilatar en el tiempo que esta ley se haga efectiva, pero se acabará aprobando", ha afirmado la diputada Pilar Castillejo en rueda de prensa este martes desde el Parlament. "Siempre están al lado de los grandes tenedores y los rentistas", ha dicho Castillejo.
La portavoz de los republicanos en el Parlament, Ester Capella, ha criticado la “voluntad constante del PP de recortar las competencias propias de Catalunya”, y ha lamentado que lo hagan en un momento de “extrema urgencia” en lo que respecta al mercado de la vivienda. Según Capella, con esta decisión “se sigue permitiendo aprovechar los vacíos legales de la ley estatal de vivienda para seguir especulando y convertir una vivienda habitual o un contrato de alquiler ordinario en un alquiler de temporada, hecho que constituye un fraude de ley”. En este sentido, ha instado a “valorar qué representa cada partido con este tipo de decisiones”, ya que, según ha dicho, “todo el mundo queda retratado”.
¿Qué dice la ley?
Cabe recordar que la cámara catalana aprobó el pasado abril el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda y urbanismo. A cambio de recibir los apoyos necesarios, el ejecutivo de Salvador Illa acordó con ERC, Comuns y la CUP tramitar el texto como proyecto de ley para poder regular el alquiler de temporada. La ley redefine qué se entiende por vivienda permanente con el objetivo de evitar prácticas que esquiven el tope de los alquileres. La nueva norma establece que se considera vivienda permanente cualquier inmueble destinado a satisfacer la necesidad de vivienda, independientemente de la duración del contrato. Solo quedan excluidos aquellos que tengan una finalidad exclusivamente recreativa, de vacaciones o de ocio, que deberá constar explícitamente en el contrato. Incluso en casos de alquileres por motivos profesionales, de estudio o médicos, se aplicarán las mismas normas que rigen los arrendamientos habituales, especialmente en lo que respecta a la fianza, las garantías y la renta. Además, la ley fija que la suma de los alquileres de habitaciones dentro de una misma vivienda no podrá superar la renta máxima establecida para el conjunto del inmueble.
El texto también introduce cambios relevantes en materia de vivienda protegida. Los pisos de protección oficial situados en zonas de mercado tensionado verán prorrogada obligatoriamente su calificación para evitar que, con el tiempo, pasen al mercado libre. Asimismo, una enmienda de última hora pactada entre PSC, ERC y Comuns determina las condiciones bajo las cuales los grandes tenedores que promuevan vivienda de nueva construcción quedarán exentos de inscribirse en el registro correspondiente.