España se ha sumergido en una crisis institucional. Todo se aceleró con la dimisión de Carlos Lesmes como presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, pero para entender este enredo que vive ahora mismo el estado español, hay que remontarse hasta, como mínimo, el año 2018. Repasemos en una guía qué ha pasado en los últimos cuatro años en el mundo de la justicia española, qué acontecimientos han ido sucediendo en los últimos meses y qué puede pasar a partir de ahora.
En 2018 caducó el mandato de los vocales del Consejo General del Poder Judicial que había desde el 2013, con mayoría conservadora a causa de la mayoría absoluta del PP de 2011. Se trata de un órgano que se renueva entero cada cinco años por jueces propuestos por el Congreso y el Senado. El mes de junio de aquel año, con Pedro Sánchez ya como presidente del Gobierno, el PSOE pacta con el PP tener una mayoría progresista en el CGPJ a cambio ceder la presidencia de este órgano y del Tribunal Supremo al conservador Manuel Marchena.
1. El mensaje de WhatsApp de Cosidó
El pacto no salió adelante porque, ante las incomodidades que este pacto suscitaba a la derecha española, se filtró un mensaje de WhatsApp del entonces portavoz del PP en el Senado Ignacio Cosidó. "Controlaremos la sala segunda del Tribunal Supremo desde de atrás", decía para calmar la indignación conservadora. Hace falta tener en cuenta que por la sala segunda del Supremo pasan casos de corrupción política. El escándalo provocó que Marchena retirara su candidatura y que, desde entonces, los vocales del CGPJ tengan el mandato caducado.
2. Excusas del PP
En 2019, en tanto que era un año electoral, PSOE y PP no llegaron a ningún pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Más tarde llegó la pandemia del coronavirus, y después el partido liderado entonces por Pablo Casado ponía varios palos en la rueda para renovar al órgano de gobierno de los jueces españoles. Por una parte, pedía que Podemos no estuviera en las negociaciones por haber criticado en numerosas ocasiones a la Casa Real, después fueron los pactos de Pedro Sánchez con partidos catalanes y vascos, y también porque no gustaban los nombres progresistas que se ponían sobre la mesa. Casado proponía también que los vocales del CGPJ fueran escogidos por otros jueces.
3. Llega Feijóo al PP y Lesmes se marcha del CGPJ
Con la sustitución de Pablo Casado por Alberto Núñez Feijóo en el liderazgo del PP, las cosas no han cambiado. Además, en junio de este año también caducó el mandato de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, dos de los cuales los tiene que escoger el Gobierno y los otros dos el CGPJ. Ante el bloqueo persistente en la renovación de la cúpula de los jueces españoles, Carlos Lesmes dimitió de sus funciones como presidente del órgano, renunciando también así a la presidencia del Tribunal Supremo e incrementando y haciendo evidente la crisis en el poder judicial español. Desde entonces, todos los acontecimientos se han acelerado, hasta el punto de originarse una crisis institucional entre la justicia y el Gobierno y el Congreso.
4. Encuentro entre Feijóo y Sánchez
El 10 de octubre de este 2022 Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo celebran en la Moncloa una reunión para intentar desbloquear la situación y llegar a un acuerdo con el fin de resolver la crisis. El encuentro entre el presidente del Gobierno y el jefe de la oposición se tradujo en encuentros posteriores entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños y el jefe de asuntos institucionales del PP, Esteban González Pons. Los socialistas sostienen que las conversaciones llegaron hasta el punto que la firma del acuerdo era inminente, cosa que los populares desmienten. De todos modos, un anuncio por parte del Gobierno lo rasgó todo.
5. El PP rompe las negociaciones por la sedición
En medio del debate de presupuestos, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció en el Congreso —en un intento para seducir Esquerra Republicana— que el Gobierno llevaría al Congreso de los Diputados una reforma del delito de sedición. Horas después, en una llamada telefónica entre Sánchez y Feijóo, el líder de los populares le aseguraba que su partido se levantaba de la mesa. El argumento de los populares era que no se puede negociar una reforma judicial con quien, en opinión del PP, falta al respeto a los jueces rebajando delitos.
6. Juan Carlos Campo, candidato al Tribunal Constitucional
A finales de noviembre, el Gobierno hizo públicos cuáles eran sus dos candidatos para el Tribunal Constitucional: Juan Carlos Campo, exministro socialista de Justicia, y Laura Díez, exdirectora general de asuntos constitucionales de la Moncloa. Los dos tienen que sustituir al presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, y el también conservador Antonio Narváez. El TC, que tiene que avalar estos nombramientos, decide esperar que el Consejo General del Poder Judicial haga sus dos nombramientos que le corresponden, pero la rama conservadora de la cúpula de los jueces españoles se mantiene en el 'No' y no se sugieren candidatos.
7. Enmiendas para reformar el poder judicial
Es aquí cuando el PSOE y Unidas Podemos dan un golpe en la mesa y, ante la negativa persistente de los conservadores del CGPJ y del PP a renovar la misma cúpula de los jueces españoles y el TC, presentan un texto para reformar el poder judicial. El caso es que el texto se presenta en forma de enmienda en la proposición de ley sobre la reforma del Código Penal (donde hay la derogación de la sedición y la reforma de la malversación). Las enmiendas tienen la intención de eliminar el derecho del Tribunal Constitucional a avalar a los candidatos propuestos por la Moncloa y también reducir la mayoría que necesitan los vocales del CGPJ para proponer candidatos, reduciéndolo a una mayoría simple. Es decir, los dos candidatos que tengan más votos. Las enmiendas también dan derecho al Gobierno y al CGPJ a presentar a sus candidatos aunque la otra parte no lo haya hecho, y contempla consecuencias penales de los vocales del Poder Judicial si se niegan a enviar candidatos al Constitucional.
8. Recurso de amparo del PP al Constitucional
En medio del trámite parlamentario, el PP presenta un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional argumentando que estas enmiendas no se pueden votar porque no tienen nada que ver con el texto de fondo, la reforma del Código Penal. De la misma manera, PSOE y Unidas Podemos piden personarse en la causa y presentan un recurso de recusación contra los magistrados Trevijano y Narváez. ¿Por qué? Hay que recordar que los dos tienen el mandato caducado y que tendrían que ser sustituidos por los candidatos propuestos por el Gobierno. Es decir, que han votado sobre un hecho que los implica a ellos de manera directa.
9. El TC acepta las medidas cautelarísimas solicitadas
El Constitucional desestima las recusaciones y obedece al PP: acepta las medidas cautelarísimas solicitadas por los populares e insta al Senado a frenar la votación de las enmiendas que pretendían desbloquear la reforma judicial.
10. El Senado aprueba la modificación del Código Penal sin la reforma judicial
El Senado, finalmente, ha acatado el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, y ha recortado las enmiendas sobre la reforma judicial del texto de reforma del Código Penal. Los senadores, pues, han aprobado esta semana la derogación del delito de sedición y la reforma del Código Penal, pero sus derechos como parlamentarios han quedado recortados y no han podido aprobar la reforma del poder judicial.
¿Y ahora qué?
El Gobierno ya prepara su contraataque. La intención de la Moncloa es presentar a través de sus grupos parlamentarios una proposición de ley que incluya lo mismo que incluían las enmiendas sobre la reforma judicial. Ahora bien, PSOE y Unidas Podemos quieren esperar a tener en sus manos el auto del Tribunal Constitucional sobre este aspecto antes de presentar la proposición de ley.
¿Por qué una proposición de ley y no un proyecto de ley? Una proposición la presentan los grupos parlamentarios a las Cortes, mientras que un proyecto se presenta desde la Moncloa, desde el Consejo de Ministros. La ministra de Justicia, Pilar Llop, explicaba muy bien este martes los motivos: "El ejecutivo no tiene ninguna participación en la designación de los vocales del CGPJ, se trata de un órgano que se renueva desde el poder legislativo".
Esta misma semana, Feijóo ha pedido a Sánchez que detenga la reforma del Código Penal con el fin de sentarse a negociar una renovación del Consejo General del Poder Judicial. Además, el líder de los populares ha admitido abiertamente que su intención es bloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces españoles y, de rebote, bloquear también una renovación del Tribunal Constitucional.
Situación actual del CGPJ y del Tribunal Constitucional
El Consejo General del Poder Judicial está formado por veinte vocales y un presidente; veintiún miembros, en total. Pero actualmente solo hay dieciocho, debido a la ya mencionada anteriormente dimisión de Lesmes y por la jubilación de Rafael Fernández Valverde y la muerte de María Victoria Cinto. Con estos dieciocho miembros, a estas alturas hay una mayoría de diez vocales conservadores y una minoría de ocho vocales progresistas. Para escoger a un jurista que vaya al Tribunal Constitucional como magistrado, hacen falta once votos. El caso es que, por tradición, cada trinchera propone un candidato y conservadores y progresistas respetan y aprueban lo que propone el otro bando. Pero los conservadores están en rebeldía y no aceptan a José Manuel Bandrés como candidato, y prefieren a Pablo Lucas.
El Tribunal Constitucional no se renueva entero y cada cinco años como sí que hace el CGPJ. En este caso, sus doce miembros se van renovando por tercios cada tres años: salen cuatro y entran otros cuatro. En el 2017 el Senado colocó a dos magistrados progresistas y dos conservadores, y en el 2021 el Congreso hizo lo mismo. Hay otro tercio que está dividido en dos: dos miembros les escoge el CGPJ y los otros dos son a propuesta del Gobierno. Como la última vez que se hicieron estos nombramientos fue cuando Mariano Rajoy estaba en la Moncloa, en el Constitucional hay mayoría conservadora. Para ser precisos, de seis contra cinco. Falta un magistrado, el conservador Alfredo Montoya, que dejó el cargo en 2022 por motivos de salud.