La defensa de Jordi Pujol ha presentado un escrito a la Audiencia Nacional en el que insiste en que no puede ser juzgado por su frágil estado de salud que "no le permite autodefenderse", tal como afirman los informes de los forenses de los juzgados, según han confirmado fuentes jurídicas a ElNacional.cat. El penalista Cristóbal Martell,  en el escrito presentado este jueves, pide al tribunal que archive el caso contra el expresident de la Generalitat, en aplicación del artículo 383 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que permite el archivo cuando hay una demencia sobrevenida de un acusado. Además, reitera que Pujol – que ha estado ingresado en el hospital por una neumonía y será dado de alta este viernes- "no debería, ni puede” viajar a Madrid. No obstante, la defensa del president añade que no presentará recurso contra lo que decida el tribunal. Inicialmente, la defensa de Pujol hizo dos peticiones a la Audiencia Nacional: poder seguir el juicio desde Barcelona y que se evaluara su estado de salud para determinar si es apto para poder hacerlo con todas las garantías. Los médicos adscritos a los tribunales ya han dicho que no. En el nuevo escrito, también se pide al tribunal, que si no se archiva la causa contra Pujol, este pueda seguir el juicio telemáticamente desde su domicilio.

Precisamente, el tribunal, que ha de juzgar a la familia Pujol Ferrusola por su fortuna en Andorra, resolvió este lunes que antes del inicio del juicio, el 24 de noviembre, hará una vista para evaluar  el estado salud del expresident, al que se le permite conectarse por videoconferencia desde Barcelona y no tener que desplazarse a San Fernando de Henares, donde se celebrará el juicio, programado en 41 sesiones hasta el 14 de mayo de 2026. En la vista, también se ha convocado a los dos forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Catalunya (IMLCFC) que evaluaron a Pujol, así como al forense adscrito a la Audiencia Nacional.

El tribunal que juzgará a los Pujol está formado por los magistrados José Ricardo de Prada Solaesa, Ana Mercedes del Molino Romera y María Fernanda García Pérez, que será la ponente. Es posible que la vista sea un formalismo y  también para garantizar los derechos de Pujol, ya que no está incapacitado legalmente por su enfermedad y, por lo tanto, debe ser examinado e informado por el tribunal. Con todo, el que fuera president de la Generalitat de 1980 hasta 2003 podría pedir participar en el juicio, aunque a distancia. No obstante, los informes médicos oficiales sobre su capacidad para afrontar un juicio lo desaconsejan.

Dificultades física y cognitiva

En su informe, los doctores Ángel Cuquerella Fuentes y Xavier Pérez concluyen que el president Pujol “no está en condiciones físicas ni cognitivas para comparecer en un juicio, ni dispone de la capacidad procesal necesaria para poder defenderse de manera autosuficiente".

Los médicos describen que Pujol necesita una tercera persona para realizar las tareas cotidianas y es ayudado por un andador, como se le ha visto en los últimos actos, como en el Parlament. También describen que confunde fechas y personas, que se fatiga de mantener una conversación, y por eso no le consideran plenamente capacitado para afrontar el juicio.

Inicialmente, la Fiscalía pide 9 años de prisión para el president Pujol, por los delitos de asociación ilícita (4 años) y de blanqueo de capitales (5 años). La Abogacía del Estado no le acusa. Su defensa solicita la absolución al asegurar que no hay ninguna prueba que indujera a empresarios a pagar comisiones a su familia o al partido que dirigía, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), disuelto el 8 de julio de 2016.