La condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sin precedentes en la democracia española, ha puesto contra las cuerdas a Pedro Sánchez. García Ortiz, que ha sido declarado culpable de un delito de revelación de secretos, ha sido inhabilitado por dos años en el cargo y deberá indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, además de pagar una multa. El fiscal de Estado es declarado culpable por la filtración de dos correos de González Amador en los que este reconocía haber cometido delito fiscal y ofrecía un acuerdo a la fiscalía. El Gobierno, pese a que no comparte la condena, ha anunciado que en los próximos días activará los mecanismos para designar un nuevo fiscal general del Estado mientras el presidente Sánchez mantiene el silencio en medio de la tormenta política desatada a raíz de la decisión judicial.