La Fiscalía de Barcelona ha reclamado a los notarios más implicación para proteger a las personas vulnerables, especialmente a la gente mayor, y que les alerte de posibles abusos patrimoniales, cuando se les pide que den fe de una venta de un piso o de conceder poderes a un acompañante no habitual, pero también de familiares. “Los notarios nos avisan poco. Es un tema complejo, pero los casos graves, cuando ven a una persona que no está en plenitud de sus condiciones, deben plantarse y nos deben avisar porque cuando los casos llegan a la Fiscalía, lamentablemente la persona ya no tiene dinero”, ha afirmado la fiscal jefe de Barcelona, Neus Pujal, ante el incremento de denuncias por estafa y apropiación indebida de dinero de personas vulnerables que llega al Ministerio Fiscal.
En un encuentro con periodistas, Pujal añade que ha tratado este problema creciente con las personas mayores y las “influencias indebidas” con el decano del Colegio Notarial de Catalunya. La Fiscalía ha sido alertada por los notarios en dos ocasiones de supuestos abusos en los últimos dos años, detalla. El requerimiento también se hace a las entidades bancarias para que denuncien posibles “fraudes o abusos económicos”, cuando un vecino, un amigo o un familiar saca dinero con la persona, aunque también -se admite- puede ser una colaboración desinteresada.
Un protocolo para ser más efectivos
Ante el aumento de estafas y apropiaciones indebidas que afectan a personas mayores, la Fiscalía de Barcelona ha creado un protocolo de actuación entre dos secciones: la de protección a víctimas vulnerables en el ámbito penal (la mayoría personas mayores, menores y personas con discapacidad), que coordina la fiscal Silvia Armero, y la sección en materia de provisión de medidas de apoyo a personas con discapacidad y mayores en el ámbito civil, con el fiscal delegado Antoni Torres. El protocolo obliga a ambas secciones a mejorar su coordinación y a compartir informes, por ejemplo, de los Servicios Sociales, para no duplicar gestiones. En definitiva, ser más ágiles y efectivos.
Por ejemplo, la Fiscalía en el ámbito civil puede pedir la petición urgente de medidas cautelares como el bloqueo de cuentas o el nombramiento de un asistente judicial -que no puede vender patrimonio ni mover dinero sin el visto bueno de un juez-, y después pasarle el caso al ámbito penal para investigar si se puede acusar al autor o autores. Los malos tratos por parte de hijos o familiares también van asociados a estos casos de despatrimonialización de la persona vulnerable, sostiene la Fiscalía.
Dos vecinas acusadas de estafa
Precisamente, la Audiencia de Barcelona juzgará este lunes a dos mujeres de Corbera de Llobregat, a quienes la Fiscalía pide 3 años de prisión para cada una por un delito de estafa continuado, al haberse aprovechado de la confianza de una vecina de 80 años. Primero le ayudaban a sacar dinero del cajero, y cuando en 2018 fue ingresada en una residencia le llegaron a sustraer hasta 9.800 euros de su cuenta corriente al saber las contraseñas y los productos que tenía.
“Se abusa de su edad y de la necesidad de afecto”, ha lamentado la fiscal Silvia Armero, que al mismo tiempo ha querido dejar claro que “las personas mayores pueden hacer lo que quieran con su dinero, pero hay que ayudarles cuando son muy vulnerables, como ahora en la venta de su piso o supuestas inversiones en bitcoins”.
En este sentido, el fiscal Antoni Torres aboga porque “el otorgamiento de poderes sea gradual, no total y sin necesidad de autorización judicial, como incluso se indica ahora”. Torres espera que no tarde en llegar la “gran reforma de la ley para atender a personas con discapacidad”, iniciada con la ley 8/2021, pero donde aún faltan matices -indica- como que se pueda graduar los poderes en función de las pérdidas de facultades de la persona. Apuesta porque se hagan mejoras legislativas porque ahora, por ejemplo, el familiar que se convierte en asistente del padre o la madre no puede recibir préstamos en favor suyo del progenitor, mientras los otros hermanos, sí.
“Hay que mirar caso por caso”, sostiene Torres. Sobre esto, la fiscal jefe de Barcelona también se muestra contraria con algunos modelos de poderes como el autopréstamo, por ejemplo, a 20 años a una persona de 90 años.
El Código Civil Catalán no permite controles
Otra disfunción detectada es que en el caso de patrimonios protegidos -que se crean para atender a personas vulnerables- la Fiscalía de Barcelona ha recibido en diversos casos la negativa de los administradores a ser informada, como obliga la ley 41/2003, porque según el Código Civil Catalán -que rige en Catalunya- no prevé esta rendición de cuentas ante el Ministerio Fiscal. Se indica que el año pasado se recibieron 173 rendiciones de patrimonios protegidos, mientras que 24 no se respondieron y 15 administradores le contestaron que no tenían obligación. La Fiscalía General del Estado prepara una circular para aclarar que, ciertamente, en Catalunya no es obligatorio dar esta información.
En este 2025, la Fiscalía de Barcelona ha abierto diligencias de investigación penal en 190 casos, el doble del año pasado, según Armero, y el 65% de los casos sobre personas mayores. Finalmente, se han presentado 15 denuncias, de las cuales cuatro por agresiones sexuales a menores de edad. La fiscal Armero expone que en el caso de las agresiones sexuales a menores hay que tener en cuenta que muchas veces el autor es un familiar o la nueva pareja de la madre, y que hay situaciones difíciles. Destaca que en la mayoría de casos, los menores lo verbalizan en la escuela, que es desde donde mayoritariamente les llegan los casos.
Medio millar de víctimas acompañadas
La fiscal Sílvia Armero destaca también el servicio de acompañamiento a víctimas en los juicios, que realizan agentes de los Mossos d'Esquadra -unidad ahora formada por agentes mujeres- en la Audiencia de Barcelona, y que la Fiscalía de Barcelona de forma pionera creó en 1996. Este año se ha acompañado a 548 víctimas de violencia machista, de agresiones sexuales, adultas y menores. “El acompañamiento da seguridad a las víctimas, que estas asistan al juicio, y los tribunales ya no ponen pegas porque una agente esté a su lado”, manifiesta Armero.