La inhabilitación del fiscal general del Estado durante dos años por parte del Tribunal Supremo, dando por buena la tesis de que hubo por su parte revelación de datos reservados, no es una sorpresa. Que sea justa o no, más allá de los indicios, que estaba claro que había, hay juristas con infinitamente más preparación que yo para que se posicionen a favor y en contra. En lo que a un analista político corresponde pronunciarse, señalaré que extrañeza ninguna. Estaba condenado tras su declaración de enero de 2025, fecha en la que Álvaro García Ortiz negara su implicación ante el Supremo y, pese a su rotundidad en la negativa, se decidiera abrirle juicio oral. ¿Acaso era posible que un tribunal de siete magistrados del Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, bajo la presidencia de Andrés Martínez Arrieta, el más veterano de la Sala de lo Penal, y su presidente desde el pasado mes de septiembre, con la polarización actual, los indicios que había, los pasos que ya se habían dado y el señalamiento que ya había del fiscal general del Estado, el resultado fuera otro?

Vamos, no hay que ser un ávido sabueso para pronosticar este final. ¿Que inicialmente era uno de los suyos y que se hubiera podido producir otro desenlace? Imposible en el momento actual, en que no es que haya rivalidad entre los dos mundos orbitales de la derecha y de la izquierda. Es mucho peor: aquella frase que se inventaron en Catalunya a raíz del procés, de que las familias no podrían celebrar unidas la Navidad, sí es perfectamente aplicable al Madrid actual. Para los que sostenemos que el juicio del procés y la sentencia fue un atropello en toda la regla y que sobre todo lo que quería ser era un escarmiento, el resultado de la sentencia de Álvaro García Ortiz era un plato cocinado hacía tiempo. De hecho, lo que se ha convalidado es lo que el TS había estado haciendo en contra del independentismo. Otro sí: la guerra del PSOE y sus aliados contra el Supremo es uno de los efectos de la ley de amnistía. Porque allí empezó todo, y eso es algo que tampoco debería olvidarse.

El guerracivilismo está aquí y allí, aunque las formas catalanas no se asemejen a las españolas

El españolismo se ha dividido como nunca antes lo había hecho. No deja de ser una jugada de la historia que eso suceda cuando el independentismo está más dividido que nunca. Conclusión: el guerracivilismo está aquí y allí, aunque las formas catalanas no se asemejen a las españolas. El intenso mundo declarativo hace que se pierda el hilo de lo importante y sustantivo: es enormemente grave que el fiscal general no haya dimitido desde el primer momento para preservar la institución. También que el Gobierno de Pedro Sánchez alentara partidistamente esta permanencia. Hoy, la condena de un pilar fundamental del Estado de derecho está en los principales medios de comunicación del mundo, y con ello el desprestigio que conlleva. La frase "¿La fiscal de quién depende?", como argumento de que allí se hace lo que el Gobierno dice, la convierte en una especie de brazo armado del ejecutivo, algo que, en ningún caso, debería ser así. Veremos qué sucede ahora que se va a tener que relevar en muy pocos días a García Ortiz y si hay alguien de un cierto nivel que acepte el cargo después del desprestigio en que se ha visto envuelto.

Un hecho que no es menor es que la revelación de secretos que condena el Tribunal es por haber enviado a los medios de comunicación un correo electrónico de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. A él, Alberto González Amador, también deberá pagar una multa de 7.500 euros y una indemnización de 10.000 euros por daños morales. La decisión no ha sido unánime: las magistradas Ana María Ferrer García y Susana Polo García han emitido dos votos particulares contrarios a esta condena del fiscal del Estado. En el bando de Martínez Arrieta, estaban Manuel Marchena, Carmen Lamela, Antonio del Moral y Juan Ramón Berdugo, con lo que el resultado ha sido de cinco a dos. El hecho de que haya tenido una condena y la consiguiente inhabilitación no le cierra otras puertas, al fiscal, ya que esa suspensión es específica para el cargo que ocupaba. Veremos si esa solidaridad demostrada hasta la fecha por el Gobierno y por el presidente se tradujo en un cargo o destino alternativo.