El Tribunal Constitucional no dilatará el pronunciamiento sobre la ley de amnistía. Es la conclusión que deja la primera jornada del pleno monográfico para examinar el recurso de inconstitucionalidad que presentó el Partido Popular contra la norma del olvido penal, que se ha alargado tres horas y media. Tres magistrados conservadores (César Tolosa, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel), el PP y el Senado reclamaron hace días que el TC planteara una cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o que la deliberación y la sentencia sobre el recurso del PP, que será el de cabecera y servirá de guía para resolver el resto de recursos, se detuviera hasta que el TJUE se pronunciara sobre las que tiene encima de la mesa.  Ahora bien, fuentes del TC relatan que la “opinión mayoritaria” de los magistrados ha sido “contraria” a plantear una cuestión prejudicial y que, por lo tanto, el pleno del TC lo ha descartado. Así pues, la sentencia saldrá adelante con el calendario previsto, que llevará al Constitucional a avalar la constitucionalidad de la norma a finales de esta semana. Según ha podido saber ElNacional.cat, finalmente no habrá pleno del TC el viernes porque hay un magistrado que no puede y, por lo tanto, la decisión definitiva se conocerá, a más tardar, el jueves.

⚖️ Cuenta atrás de la amnistía en el Constitucional: una semana que culminará con el aval de la ley

 

 

La ponente del recurso del PP, la progresista Inmaculada Montalbán, consideró que la amnistía, aunque versa sobre la “exclusión de responsabilidad de carácter punitivo de los que fueron autores de comportamientos ilícitos de indudable gravedad”, está “íntimamente relacionada” con “cuestiones políticas subyacentes que son eminentemente nacionales”. “[El Constitucional] no puede eludir ni deferir a terceros, sin que se presente ninguna razón jurídica que así lo exija, el enjuiciamiento constitucional que ahora le corresponde efectuar,” remachó. 

En el horizonte hay una fecha que los detractores de la amnistía ponen encima de la mesa: el martes 15 de julio. Es cuando el TJUE hará las dos primeras vistas para analizar si la ley de amnistía vulnera o no el derecho europeo. Lo hará, por la mañana, en el marco de las cuestiones prejudiciales que planteó el Tribunal de Cuentas en el procedimiento contable que tiene abierto contra Artur Mas, Carles Puigdemont y una treintena de ex altos cargos acusados de hacer un gasto irregular de 3,4 millones de euros para la organización del 1-O y para la promoción de Catalunya en el exterior. Y, por la tarde, analizará la prejudicial presentada por la Audiencia Nacional sobre si se puede aplicar la amnistía a los doce CDR de la operación Judas acusados de terrorismo.

El Senado advirtió al TC de que se arriesgaba a la “inaplicación abierta y legítima” de sus sentencias

A finales de mayo, el Senado reclamó que el Constitucional planteara siete cuestiones prejudiciales al TJUE. Más adelante, el 10 de junio, el TC lo descartó en una providencia que sostenía que no era el “momento procesal” para pedirlo “sin perjuicio de lo que pueda decidirse en la deliberación del pleno en la que se aborde el objeto del proceso constitucional”. Y eso es lo que ha pasado hoy. “El TC no puede fallar sin arriesgarse a la inaplicación abierta y legítima de sus sentencias, si el Tribunal de Justicia, que es el intérprete supremo del Derecho de la Unión, no da respuesta antes a las cuestiones prejudiciales planteadas”, advirtió al Senado en su primer escrito.

La Cámara Alta quería preguntar a Europa cuestiones como la seguridad jurídica, el borrado de la malversación como delito de corrupción o la posible discriminación ideológica de la amnistía y justificó que era “pertinente” porque la Unión Europea se fundamenta, entre otros, en los valores del respeto de la igualdad y el Estado de derecho. Además, subrayó que las cuestiones prejudiciales que se han planteado “son, prácticamente, las mismas que se han planteado delante del TC” a través de los diferentes recursos y cuestiones: “Eso determina la especialísima aplicación del principio fundamental de primacía del Derecho de la Unión”, argumentó.

Un magistrado conservador denunció un “calendario de vertiginoso ritmo”

Hace dos semanas, el presidente del Constitucional decidió extender el debate de la amnistía más allá de los tres días previstos en un primer momento y habilitó toda la semana para la deliberación después de que el conservador Enrique Arnaldo pidiera estudiar el recurso del PP “todo el tiempo que sea necesario” para garantizar un debate “sereno y sosegado” y propusiera alargarlo al mes de julio. Ante la negativa de Cándido Conde-Pumpido de dar más tiempo, el magistrado conservador le respondió recordándole que las vistas del TJUE del 15 de julio son “otro factor añadido a considerar” que “redunda en la necesidad de evitar y, por lo tanto, apartarse de un calendario de vertiginoso ritmo”.

“La deliberación jurisdiccional no es la simple antesala de la votación, como parece entenderse, cuando se establece un calendario o agenda célere”, lamentó Arnaldo, que cargó contra la “falta de una auténtica deliberación” en el seno del TC y volvió a hacer un llamamiento a “evitar la aceleración” y a fomentar una deliberación “reposada y pausada”. El magistrado reconoció que no entendía el “porque del apresuramiento en la deliberación y votación de la ponencia” y lamentó que el mensaje que enviaba la decisión de habilitar toda la semana de Sant Joan convertía el pleno del TC en una “suerte de cónclave que necesariamente tiene que concluir con la sentencia”.

Feijóo: “El Gobierno manda y decide en el Tribunal Constitucional”

Justo esta mañana, Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a cuestionar la imparcialidad del Tribunal Constitucional. El líder del PP ha asegurado que está “politizado” y se ha mostrado convencido de que ha habido un “pacto político” entre el presidente del TC y la Moncloa para avalar la ley: “La amnistía ya se sabe que es constitucional antes de que se empiece a discutir simplemente porque el Gobierno ha ordenado, desde el punto de vista de número de magistrados, las mayorías necesarias para blindar esta ley”, ha verbalizado en una entrevista en Es la Mañana de Federico. “Somos conscientes de que estamos en el Tribunal Constitucional más politizado y más mediatizado, en el que el Gobierno manda y decide”, ha reiterado. Y ha vuelto a pedir que el TC espere el pronunciamiento de Europa porque el TJUE tiene “cuestiones encima de la mesa que afectan a la amnistía en España”.

Las principales cuestiones prejudiciales que se han presentado: el Tribunal de Cuentas, el TSJC y la Audiencia Nacional

¿Qué cuestiones prejudiciales tendrá que estudiar el TJUE? La primera consulta sobre la amnistía que llegó fueron las ocho cuestiones prejudiciales que elevó el Tribunal de Cuentas, con la oposición de la Fiscalía y las defensas y el único aval de Sociedad Civil Catalana. La consejera del tribunal, Elena Hernáez, suspendió la sentencia hasta que el TJUE responda, pero mantuvo las medidas cautelares consistentes en conservar en el Tribunal de Cuentas los 5,4 millones de fianza, una parte de los cuales fueron aportados por la Caixa de Solidaritat y otros con avales del Institut Català de Finances.

Al día siguiente, quien dio el paso fue el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que suspendió el juicio a Josep Maria Jové, Lluís Salvadó y Natàlia Garriga por preguntar si amnistiar la malversación del 1-O choca con la lucha contra el fraude que afecta los intereses financieros de la UE a través del Derecho Penal. El TSJC argumentó que la maniobra estaba justificada porque los intereses financieros de la UE “pueden verse expuestos o en peligro cuando un estado incumpla el mandato de adoptar las medidas necesarias para garantizar que no quede impune ninguna malversación intencionada de fondos públicos”. “En la UE, no tiene que serle indiferente que se otorgue la impunidad a esta conducta, aunque recaiga solo sobre fondos nacionales del estado miembro”, apostilló.

Finalmente, la Audiencia Nacional frenó la amnistía a los doce CDR de la operación Judas acusados de terrorismo y pidió al TJUE que se pronuncie sobre si la aplicación de la amnistía en este caso contraviene el Derecho comunitario y garantiza la impunidad de los delitos. Los jueces concluyeron que aplicarles la norma del olvido penal supondría enviar el mensaje de que los delitos de terrorismo “pueden ser perdonados cuando la intencionalidad de los mismos esté en línea con los intereses políticos de quien dicta la ley de amnistía”.