Más detalles del periplo legal que afronta la ley de amnistía al procés. La ponente del Tribunal Constitucional encargada de valorar la constitucionalidad de la norma de gracia ante el recurso presentado por el PP rechaza que se deba consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea o esperar a que este se pronuncie. En el borrador del texto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada sostiene que la ley está ligada a cuestiones políticas internas españolas. Así, descarta acudir a los tribunales europeos, como sostiene el Tribunal Supremo, que mantiene encausados a los líderes independentistas y se ha negado a aplicarles la amnistía, a la espera del pronunciamiento de la Corte de Luxemburgo. También es una demanda del PP y del Senado —donde los populares tienen mayoría absoluta—, que sostienen que el TC no debería pronunciarse hasta que no lo haga el TJUE porque consideran que la amnistía incumple derecho europeo.
La vicepresidenta del TC y magistrada progresista Inmaculada Montalbán considera que "resulta claro" que la ley de amnistía, "aun versando en esencia sobre la exclusión de responsabilidad de carácter punitivo de quienes fueron autores de comportamientos ilícitos de indudable gravedad", está "íntimamente relacionada con cuestiones políticas subyacentes —arraigadas en la Historia de nuestro país y relativas a la estructura territorial del Estado y a la integración de nuestras nacionalidades y regiones— que son eminentemente nacionales".
Así las cosas, concluye que por ello el TC "no puede eludir ni deferir a terceros, sin que concurra ninguna razón jurídica que así lo exija, el enjuiciamiento constitucional que ahora le corresponde efectuar". Para Montalbán, hay una "falta de interferencia jurídica entre el objeto de juicio abstracto de inconstitucionalidad que corresponde ahora realizar y la eventual inaplicabilidad de la norma legal enjuiciada (por razón de la alegada incompatibilidad con el Derecho de la Unión Europea)".
A su juicio, no es "pertinente plantear cuestiones prejudiciales de interpretación ante el TJUE en el presente proceso constitucional, ni tampoco esperar a que se resuelvan las cuestiones prejudiciales ya presentadas por órganos judiciales nacionales". Sobre la petición de esperar a que el TJUE resuelva las consultas de otros tribunales españoles sobre la ley de amnistía, Montalbán reitera que "la precedencia del juicio de aplicabilidad sobre el juicio de validez se impone a los jueces y tribunales ordinarios, en cuanto a aplicadores del Derecho de la Unión Europea".
El debate sobre la amnistía, este junio
Además del PP, el Senado y tres magistrados del ala conservadora también pidieron que el TC consultara al TJUE por la amnistía o que esperase a que respondiera a los tribunales españoles que ya habían presentado una cuestión prejudicial. Sin embargo, el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, tumbó la propuesta de tres magistrados conservadores, César Tolosa, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, nombrados a propuesta del PP, para esperar un pronunciamiento de los tribunales europeos sobre la cuestión, presentando una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) antes de dictar la sentencia. Conde-Pumpido sostuvo que las peticiones de la órbita del PP eran "maniobras dilatorias" para retrasar el fallo y señaló que eran "extemporáneas" e "improcedentes". Así, el Tribunal Constitucional comenzará el debate sobre la amnistía a partir del día 24 de este junio.