Las ejecuciones en todo el mundo alcanzaron en 2025 la cifra más alta registrada desde 1981, según el último informe anual de Amnistía Internacional sobre la aplicación global de la pena de muerte. La organización documenta al menos 2.707 ejecuciones en 17 países, un aumento del 78% respecto a las 1.518 registradas en 2024. El informe, titulado Condenas a muerte y ejecuciones 2025, atribuye este incremento "a unos pocos gobiernos decididos a ejercer su poder mediante el miedo". Entre los principales ejecutores figuran China —aunque no se dispone de datos oficiales exactos— e Irán, que dobló el número de ejecuciones. Casi la mitad de todas las ejecuciones registradas en el mundo, un 46%, estaban vinculadas a delitos relacionados con el tráfico de drogas. Sin embargo, no se tuvo constancia de ejecuciones ni de condenas a muerte en Europa.
Irán fue el principal responsable de este incremento global, con al menos 2.159 ejecuciones en 2025, más del doble de las registradas el año anterior, según los datos de Amnistía Internacional. También aumentaron notablemente las ejecuciones en Arabia Saudita, que llegó a al menos 356 casos y recurrió ampliamente a la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas. En otros países, las ejecuciones casi se triplicaron en Kuwait, pasando de 6 a 17, mientras que prácticamente se duplicaron en Egipto (de 13 a 23), Estados Unidos (de 25 a 47) y Singapur (de nueve a 17). Sin embargo, la organización advierte que el recuento global no incluye las miles de ejecuciones que considera que continúan produciéndose en China, el país que sitúa como el principal ejecutor del mundo.
La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha atribuido este incremento a "un grupo reducido y aislado de Estados dispuestos a llevar a cabo ejecuciones cueste lo que cueste", a pesar de que, según ha remarcado, la tendencia global continúa avanzando hacia la abolición de la pena de muerte. Callamard ha señalado directamente países como China, Irán, Corea del Norte, Arabia Saudita, Yemen, Kuwait, Singapur y Estados Unidos como ejemplos de esta "minoría vergonzosa" que, según denuncia, utiliza la pena capital "como un arma para infundir temor, sofocar la disidencia y exhibir el poder de las instituciones estatales sobre personas desfavorecidas y comunidades marginadas".
Un 46% de las ejecuciones por la "guerra contra las drogas"
Según Amnistía Internacional, el endurecimiento de las políticas de la denominada "guerra contra las drogas" ha sido uno de los principales factores detrás de la expansión de la pena de muerte durante el 2025. Casi la mitad de las ejecuciones registradas en el mundo —1.257 casos, un 46% del total— estuvieron relacionadas con delitos vinculados al narcotráfico, especialmente en Irán, con 998 ejecuciones, y en Arabia Saudita, con 240. También se registraron en Kuwait, Singapur y China. El informe alerta, además, que algunos gobiernos han comenzado a ampliar legalmente el alcance de la pena capital para incluir este tipo de delitos, como es el caso de Argelia, Kuwait o las Maldivas. Paralelamente, Burkina Faso ha aprobado un proyecto de ley para reinstaurar la pena de muerte en delitos como "alta traición", "terrorismo" o "espionaje", mientras que Chad ha creado una comisión para estudiar también el posible retorno de la pena capital al país.