Siete minutos de aparición e intervención épica y 24 horas de incertidumbre y desazón. Es el recuerdo del 8 de agosto de justo hoy hace un año en que el president Carles Puigdemont protagonizó un retorno y marcha relámpago en Barcelona, casi siete años después de su exilio en Bruselas, aunque tenía en vigor la orden de detención para el 1-O, dictada por el Tribunal Supremo, que recientemente ha afianzado su negativa aplicarle la ley de amnistía, con la cual podría haber vuelto a Catalunya en junio de 2024. Puigdemont cumplió su palabra que vendría a Barcelona para participar en el pleno de investidura del primer secretario del PSC, Salvador Illa, y asumir el acta de diputado por Junts. La segunda parte se rasgó. No quiso ser detenido en un parque de la Ciutadella ocupado por numerosos agentes de la policía catalana, con un plan diseñado para detenerlo y llevarlo a Madrid. Incluso la dirección de los Mossos había reservado un hotel por hacer noche, según el informe elaborado por el entonces responsable del cuerpo, el comisario Eduard Sallent. La policía catalana cerró todos los accesos de la Ciutadella para que Puigdemont no se les escapara, y hacía entrar a los políticos por una estrecha entrada. Los agentes pegaron y tociaron con gas pimienta a manifestantes que querían acceder.
¿Un año después, cuándo podrá volver el president en el exilio a Catalunya sin ser detenido? Hay quien apunta que este otoño será la oportunidad más clara, y quizás la definitiva, con los pronunciamientos pendientes del Tribunal Constitucional (TC) y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Además, hay un precedente del amparo concedido por el TC a Arnaldo Otegi (ATC 645/2021), que podría favorecer al retorno definitivo de Puigdemont a Catalunya, según invoca al abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, en el recurso ante el órgano de garantías, presentado a finales de julio.
24 horas de infarto
Eran las 8.58 de la mañana del 8 de agosto de 2024, cuando —para sorpresa de todo el mundo— el líder de Junts, apareció caminando por el pasaje Sant Benet, y protegido por cargos como el presidente del Parlament, Josep Rull, y diputados juntaires —como Albert Batet y Antoni Castellà— se subió al escenario, instalado en el Arc de Triomf por el acto político, convocado por la ANC, y se dirigió a las 4.500 personas concentradas, según indica el informe de los Mossos d'Esquadra entregado al juez Pablo Llarena, que anhela detener a Puigdemont y se enfadó por no lograrlo.
Fue una intervención de unos seis minutos que hizo vibrar al independentismo. Pasaban tres minutos de las 9 de la mañana cuando Puigdemont bajaba del escenario, cogido del brazo por su abogado, Gonzalo Boye, y desapareció en un coche blanco con el secretario general de Junts, Jordi Turull, y conducido por una mujer. Solo lo vio un agente de los Mossos y dio la alerta, según se supo después. En aquel momento, autoridades políticas, responsables de Junts —como el presidente Artur Mas y la expresidenta del Parlament, Laura Borràs —y ciudadanos hicieron un cordón de seguridad hasta el Parlament, donde pensaban que el president en el exilio se dirigía para asumir el acta de diputado.
Al final, Puigdemont se zafó del operativo policial —con unos 600 mossos desplegados—, que incluso montó un cierre de la ciudad, con la operación Gàbia, sin éxito. A las 9 y tres minutos de la mañana del día siguiente, 9 de agosto de 2024, Puigdemont tuiteaba que volvía a estar en Waterloo. Y todo el mundo respiró. En Moncloa, también.
Proclama catalana
"¡Todavía estamos aquí!", proclamó Puigdemont desde el escenario de Arc de Triomf, rememorando las palabras del president Josep Tarradellas, en su retorno del exilio —este definitivo—, con el: "Ya estoy aquí!", desde el balcón de la Generalitat.
Puigdemont añadió: "En los días difíciles nos tenemos que apoyar. Tendremos nuevas oportunidades. No sé cuándo nos volveremos a ver, amigos y amigas. Sin embargo, pase lo que pase de que cuando nos volvemos a ver podamos gritar: ¡Viva Catalunya libre!", espoleó al president en el exilio a los concentrados en el paseo Lluís Companys.
¿Cuál es el caso Otegi?
Ahora, con los nuevos recursos en los tribunales, se vuleve a intentar el retorno de Puigdemont y los exconsellers del exilio, Toni Comín y Lluís Puig.
En el recurso de amparo al TC, Boye invoca al caso Otegi para pedir la suspensión cautelar de su orden de detención en el Estado español, antes de que resuelva el fondo del caso. Se refiere a la sentencia del pleno del Tribunal Constitucional (TC), del 18 de enero de 2024, que acordó que Arnaldo Otegi no volviera a ser juzgado por el caso Bateragune, proceso judicial contra varios miembros de la izquierda abertzale, acusados y condenados de organización terrorista. La mayoría progresista del Tribunal Constitucional revocó la decisión del Tribunal Supremo de ordenar la repetición del juicio contra el líder de EH Bildu, después de que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dictaminara que no tuvo un juicio justo en la Audiencia Nacional en el 2011.
Otegi y los otros tres condenados pedían que se declarara la nulidad de la sentencia, pero el Tribunal Supremo —como supuesta reparación— ante la sentencia del TJUE ordenó repetir el juicio con otros jueces, al anular la primera sentencia y retrotraer las actuaciones. El TC, sin embargo, declaró nula la resolución del Supremo de 2020, afirmando que era "una desproporción manifiesta", ya que Otegi ya había cumplido la condena, de seis años de prisión, al recibir la resolución favorable del TJUE, aunque mantuvo la condena impuesta por la Audiencia Nacional y ya cumplida. Ante esta resolución, el Supremo no ha hecho nada más. Ni la Fiscalía, que pedía volver a juzgarlo.
Haciendo paralelismo con el caso a Otegi, el abogado Gonzalo Boye, en el recurso de amparo, expone: "En el caso del president Puigdemont, la afectación sería incluso más grave, ya que la ejecución de la orden de detención comprometería directamente su libertad física y su derecho político, todo eso sin haber mediado ningún juicio penal en territorio nacional y tratándose el presente amparo de un tema relacionado, directamente, con la inaplicación de la Ley orgánica 1/2024 de Amnistía. Por lo tanto, la medida cautelarísima, subsidiariamente cautelar, no busca anticipar la estimación del fondo del recurso, sino evitar la consumación de un daño constitucional irreparable."
El penalista expone, además, que en el caso de Puigdemont, a excepción de los cuatro políticos condenados por malversación del 1-O, como el líder de ERC, Oriol Junqueras, donde el Supremo y el mismo fiscal se oponen a levantarles la pena de inhabilitación a cargo público, después de ser indultados "no se está ejecutando una pena privativa de derechos ya impuesta por sentencia firme, sino una medida de privación de libertad dictada sin condena previa, inaudita parte y el cumplimiento de la cual produciría efectos inmediatos, actuales y, sobre todo, irreparables."
¿Cuándo responderá el TC?
A pesar del anuncio de una petición de urgencia, cautelarísima, el pleno del TC del 22 de julio acordó, sin prisas, que resolverá las peticiones de amparo de Puigdemont y el exconseller Toni Comín en septiembre. También incluye la medida cautelar de levantar la orden de detención, pedida por el exconseller Lluís Puig, a través de su abogado Jaume Alonso-Cuevillas. Se han añadido también los recursos de amparo hace meses pedidos por el secretario de organización de Junts, Jordi Turull, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y los exconsellers Dolors Bassa y Raül Romeva.
Hay juristas que aclaran que la ley orgánica del Tribunal Constitucional no prevé que pueda acordar ninguna medida cautelar sin escuchar a las otras partes, como el Ministerio Fiscal, tal como se permite la medida cautelarísima en el ámbito del contencioso administrativo. Así, que seguramente el tribunal pedirá antes la opinión del fiscal del TC Pedro Crespo, el cual ya se posicionó que no había que levantar cautelarmente la inhabilitación a los políticos condenados porque no hay elecciones a la vista, que les pueda afectar. Habrá que ver qué argumenta sobre el mantenimiento de la orden de detención del president en el exilio.
Retorno inmediato
Si el TC acepta la medida cautelar de suspender la orden de detención, el president Puigdemont y los exconsellers Comín y Puig pueden volver a Catalunya de forma inmediata, hasta que el tribunal resuelva el fondo del recurso sobre la negativa del Supremo a aplicarles la ley de amnistía.
Además, en el recurso, Boye pide que el Supremo deje la causa y la envíe al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que es el tribunal predeterminado por la ley, ya que asume los casos que afectan a diputados del Parlament. ¿Es mejor el TSJC que el Supremo? Inicialmente, no. Además, el Supremo es quien marca la línea a seguir —con jurisprudencia— al resto de tribunales, pero la sala de apelaciones del TSJC se pronunció antes que el Supremo sobre la amnistóa y con criterio propio aplicó la norma del olvido penal al exconseller de Interior Miquel Buch, entre otros,
En el caso de Puigdemont y los exconsellers en el exilio, su causa para el 1-O recaería en la sala civil y penal del TSJC (no la progresista sala de apelaciones del TSJC), que ahora preside Mercè Caso, en sustitución de Jesús Maria Barrientos, que ha sido implacable con las causas contra independentistas.
Inicialmente, el TC quiere resolver este año la causa de los recursos de los condenados y exiliados por el 1-O, y más cuando su presidente, Cándido Conde Pumpido, ya ha alertado al Senado que hay que renovarlo antes de que acabe el año.
¿Y el TJUE sobre la amnistía?
En otoño también se espera la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las preguntas que les hicieron cuatro tribunales sobre la legalidad de la ley de amnistía del procés: el Tribunal de Cuentas por el gasto del 1-O; la Audiencia Nacional por los CDR acusados de terrorismo; el TSJC, en el caso de los excargos de ERC, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó por el 1-O, y un juez de Vilanova por un ciudadano que no se sacó el lazo amarillo en una mesa de votación.
Antes, el abogado general del TJUE expresará su posicionamiento, el cual en la vista de los CDR, en julio, preguntó al abogado de la Comisión Europea —crítico con el Gobierno— porque no hacía referencia a la sentencia del TC que valida la ley de amnistía. El TJUE dirá si la ley de amnistía vulnera o no el derecho de la Unión, y si es negativa, provocará que, inicialmente, ningún tribunal le pueda hacer más consultas sobre la norma. Es decir, tapona la intención del Supremo de ir a Europa para perder más el tiempo, si el TC acepta que la malversación del 1-O es amnistiable.
Paralelamente, también se espera que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) resuelva las demandas presentadas por los líderes políticos y sociales condenados, que alegan que el Supremo vulneró sus derechos al no respetar que su caso fuera atendido por el juez determinado por la ley, entre otros.
¿El Supremo mantendrá su rebeldía?
La sala de lo penal del Tribunal Supremo tendrá que hacer caso de la resolución del Tribunal Constitucional si le retira la competencia del procedimiento del líder de Junts, un extremo difícil porque ya juzgó y condenó a los otros integrantes del Govern de Puigdemont en el 2017.
El alto tribunal español también puede hacerse el sordo cuando el TC amnistíe la malversación del 1-O. El Supremo ya ha resuelto, con una argumentación retorcida, que Puigdemont, Comín, Puig, Junqueras, Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva se enriquecieron "por omisión" al no gastar de su bolsillo el dinero para organizar el 1-O, que los favoreció políticamente. Por lo tanto, según su opinión, cumplen la ley que indica que no se puede aplicar la norma del olvido penal a quien se ha enriquecido. Junts y ERC han denunciado abiertamente que el Supremo actúa, en el caso del independentismo, como un partido opositor contra la voluntad del legislador.
Ante esta tozudez del Supremo, el retorno de Puigdemont podría quedar en un callejón sin salida. En el dÍa de la marmota. Y, los más pesimistas no ven el retorno de Puigdemont hasta que la causa contra él prescriba. Y para este supuesto faltan muchos años, ya que la malversación agravada no prescribe hasta pasados 15 años desde que se comete el delito. Para concederle el indulto por parte del Gobierno, como a los presos políticos, primero tendría que ser juzgado y condenado por malversación. El delito de sedición fue derogado, con un acuerdo del PSOE, los Comuns y los partidos independentistas.
¿Serán castigados los tres mossos?
Paralelamente, el retorno relámpago del president en el exilio ha provocado que tres agentes de los mossos de Esquadra sean investigados penalmente por haberlo ayudado el 8 de agosto, cuando estaban de vacaciones o de baja laboral, y son acusados del delito de encubrimiento. Se han reincorporado al trabajo y recientemente se ha anunciado que la policía catalana les ha suspendido cautelarmente el expediente administrativo que tenían abierto, a la espera de la resolución de la vía penal. El actual director general de la policía, el mayor Josep Lluís Trapero, criticó duramente que ayudaran a Puigdemont.
