Sin prisas. Los recursos de amparo presentados por el president en el exilio, Carles Puigdemont, y el exconseller Toni Comín ante el Tribunal Constitucional (TC), porque el Tribunal Supremo no les quiere aplicar la ley de amnistía, se incluirán en el pleno del órgano de garantías de este martes, según han informado fuentes del tribunal a ElNacional.cat este lunes. Primero, el plenario resolverá la admisión a trámite de los recursos. Y, después, habrá que ver como resuelve la petición de los políticos de Junts para que suspenda la orden de detención en el Estado español que el Supremo mantiene contra ellos. Han solicitado una respuesta de forma cautelarísima, es decir, sin esperar el posicionamiento de la Fiscalía. Si el TC la deniega, significa que tramitará la petición de forma cautelar, donde da voz a todo el mundo y se dejará para la vuelta de vacaciones de verano. La respuesta del órgano de garantías, "tanto de su admisión a trámite como la resolución de las medidas cautelarísimas, y en su caso, las cautelares solicitadas se harán en el mes de septiembre", han aclarado fuentes del TC. El recurso de Puigdemont, ha recaído en la sección 3.ª del Constitucional, y la ponente es la progresista Laura Díez, mientras que el recurso de Comín le ha tocado al conservador Enrique Arnaldo, de la seción 4a. La aceptación de una medida cautelarísima es excepcional y cuando una persona tiene vulnerados derechos fundamentales, como estar en prisión provisional.
La decisión de los ponentes de las secciones de avocar los dos recursos de amparo en el pleno del TC responde al hecho de que así se hizo con los recursos de amparo presentados por el secretario de organización de Junts, Jordi Turull, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y los exconsellers Dolors Bassa y Raül Romeva. El Constitucional los admitió todos, pero los ha dejado sobre la mesa, dejando pasar los meses. El último recurso presentando es el del exconseller de Cultura al exilio y diputado de Junts, Lluís Puig, y ahora se ha detallado que también se incluye en el pleno de mañana, martes.
Inhabilitaciones y orden de detención
El TC admitió a trámite los recursos de los independentistas, entre el febrero (los republicanos) y el abril (Turull) pasados, pero todavía no ha resuelto ninguna de las medidas cautelares pedidas por sus defensas, mientras resuelve el fondo. El Constitucional afirmó que "aprecia que concurre una especial trascendencia constitucional porque los asuntos suscitados trascienden del caso concreto para que pudiera tener unas consecuencias políticas generales". Los republicanos alegaron en sus recursos de amparo la vulneración del derecho a la legalidad penal y del derecho a la representación y participación política. Y Turull ha alegado la vulneración del principio de legalidad penal y del derecho a la tutela judicial efectiva.
Además, el penalista Jordi Pina —en nombre de Turull— y el abogado Andreu Van de Eynde —en nombre de Junqueras, Bassa y Romeva— han pedido que se levante su inhabilitación por el delito de malversación, que está en vigor hasta los años 2030 y 2031, petición que la Fiscalía ya pidió que sea rechazada porque no hay elecciones a la vista. Por su parte, el abogado de Puig, Jaume Alonso-Cuevillas, solicitó la medida cautelar (no cautelarísima) de que se anule su orden de detención en el Estado español, y desde el mayo pasado que no ha obtenido ninguna respuesta del TC.
Vulneración de derechos
El abogado de Puigdemont y Comín, el penalista Gonzalo Boye, presentó sus recursos de amparo el viernes pasado, en los que hizo una dura crítica al Tribunal Supremo, ya que sostiene que su negativa a aplicarles la norma del olvido penal va contra la voluntad del legislador y deja vacía la ley.
En el caso de Puigdemont, el abogado argumenta en su recurso dos vulneraciones claras de derechos fundamentales: el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, ya que al ser diputado en el Parlament su caso tendría que ser revisado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), y el derecho a la tutela judicial efectiva.