Varios alcaldes de Junts per Catalunya se han reunido con el president en el exilio, Carles Puigdemont, y el secretario general del partido, Jordi Turull, en Waterloo. Lo han hecho bajo el paraguas del Espai Municipalista, un ente interno dentro de Junts per Catalunya que recoge a todos los alcaldes y representantes locales del partido con gobierno propio. De hecho, este órgano está presidido por el alcalde de Sant Cugat del Vallès, Josep Maria Vallès, y han trasladado a Carles Puigdemont y Jordi Turull, en Waterloo, su "malestar" por el "bloqueo" del PSOE a las leyes contra la multireincidencia y las ocupaciones delictivas. Y es que el pasado mes de marzo de 2024 los de Junts registraron una ley para endurecer las penas contra los multirreincidentes.
Entre las medidas, los junteros proponen cambios en los delitos relativos a los hurtos (artículo 234 y 235 del Código Penal) para penalizar más la multirreincidencia; condenas de uno a tres años de prisión para el robo de móviles; que el número de jueces de adscripción territorial en Catalunya pase de 35 a 70 o dotar a los ayuntamientos de la capacidad de poder actuar penalmente contra los delincuentes sin perjuicio de la que le corresponda a la Fiscalía. Aun así, los de Carles Puigdemont esperan aprobar esta medida de aquí a tres meses, a pesar de denunciar el "bloqueo" de los socialistas en la tramitación parlamentaria. Concretamente, el periodo de enmiendas a esta ley acabó el pasado marzo y el siguiente paso tendría que ser convocar la ponencia.
Por otro lado, el pasado mes de marzo de 2025 el Congreso dio luz verde a la tramitación de la ley contra la ocupación ilegal. Entre las medidas, propuestas por el colegio de abogados, está la de permitir el desalojo de okupas en 48 horas e “impidiendo dilaciones en la recuperación por la alegación de vulnerabilidad por parte de los ocupantes ilegales”. En segundo lugar, quiere permitir el enjuiciamiento del delito de usurpación por los trámites del “juicio inmediato”. En tercer lugar, estipula que los delitos de usurpación y allanamiento de morada son “flagrantes” por su “carácter de permanentes” desde que se produce la ocupación y hasta que se desocupa efectivamente el inmueble. Así pues, por ejemplo, se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal para permitir que la policía “proceda al inmediato desalojo del bien inmueble” en casos de delitos flagrantes. En este caso, se ha prorrogado hasta 18 ocasiones su periodo de enmiendas.
Vivienda, lengua catalana, sanidad o infraestructuras
En la reunión también se han abordado cuestiones relacionadas con las políticas de vivienda, lengua catalana, sanidad, educación o infraestructuras, según un comunicado difundido por el partido. En esta línea, los alcaldes han mostrado su preocupación por "la falta de respuesta de los gobiernos catalán y español a estos problemas de la gente". Los alcaldes también han lamentado a Carles Puigdemont las políticas fiscales de los gobiernos catalán y español, presididos por socialistas, que están "empobreciendo a las clases medias", y han puesto como ejemplo el último intento de subir la cuota de los autónomos o la negativa a suprimir el impuesto de sucesiones en el último debate de política general. Como ejemplo de esta falta de apoyo del gobierno de la Generalitat, han citado las diferentes ofensivas judiciales contra la lengua catalana. Finalmente, han reclamado una mejora de la financiación local y han criticado que los Ayuntamientos cada vez tienen que asumir más competencias con menos recursos.
Entre los asistentes a la reunión, se encuentra el responsable de política municipal, Joan Ramon Casals, junto con el alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès; Natàlia Figueras, alcaldesa de Maçanet de la Selva, Albert Castells, alcalde de Vic; Òscar Fernàndez, alcalde de Cabrera de Mar, Xavier Lluch, alcalde de Font-Rubí, e Isidre Sierra, alcalde de Sant Climent de Llobregat. Varias fuentes del encuentro apuntan al Nacional.cat que "ha ido muy bien" y que ha servido para alinear las dos direcciones.
El encuentro viene precedido de una reunión que trajo cola
La reunión de este lunes viene precedida de un encuentro de varios alcaldes con Jordi Turull, donde negaron una petición de un "cambio de rumbo en la dirección" del partido ante el auge de Aliança Catalana, según las encuestas. Los alcaldes quisieron trasladar estos encuentros en el marco de la “normalidad” de las relaciones internas dentro del partido y quisieron subrayar la "total coincidencia" con la dirección de Carles Puigdemont. Entonces, también expresaron un "sesgo malintencionado" en la cobertura informativa de esta reunión y subrayaban que durante los encuentros se abordaban problemas que sufren los municipios. Entonces, los alcaldes eran el de Olot, Agustí Arbós; el alcalde de Vic, Albert Castells; el alcalde de Calella, Marc Buch; el alcalde de Manlleu, Arnau Rovira; el alcalde de Cabrera de Mar, Òscar Fernández; y el concejal portavoz de Junts per Berga y vicepresidente del Consejo Comarcal del Berguedà, Ramon Caballé.